El lunes 17 de febrero, conductores del servicio de transporte colectivo del municipio de Mixco, el más grande del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, paralizaron su servicio debido a los continuos ataques armados que han sufrido en las principales arterias de la capital. Este paro responde a una serie de hechos violentos que afectaron a los conductores del servicio «Express Mixco», responsable de movilizar a miles de personas diariamente.
El detonante de la suspensión del servicio fue el asesinato de dos pilotos y el ataque a otro conductor ocurrido el viernes pasado 14 de Febrero, en un ataque armado que involucró tres incidentes distintos. Según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el transporte público ha sido uno de los principales objetivos de la violencia en Guatemala, con un total de 2.000 personas asesinadas en la última década, de las cuales 640 eran conductores de buses.
Ante la crisis, la municipalidad de Mixco, a través de su portavoz Mynor Espinoza, anunció que se habían acordado medidas de seguridad con los pilotos, entre ellas el despliegue de agentes de seguridad en cada unidad de transporte para garantizar el regreso a las labores. Sin embargo, el impacto inmediato del paro fue evidente: miles de guatemaltecos se vieron forzados a buscar alternativas no regularizadas para desplazarse, como el uso de taxis, motocicletas y camiones.
Mixco, que se encuentra a unos 15 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala y tiene 517.000 habitantes, es una de las regiones con más altos índices de violencia del país. Según datos oficiales, en 2024 se registró un promedio de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en la zona.
Las autoridades explican que la raíz de estos ataques está relacionada con el cobro de extorsiones por parte de pandillas. El Ministerio de Gobernación (Interior) ha indicado que la mayoría de los atentados contra los conductores de buses son consecuencia de las exigencias de grupos criminales que operan en el país.
La situación ha generado una enorme preocupación entre empresarios del transporte, quienes han denunciado que para operar sin temor a ataques mortales, deben pagar sumas millonarias a los grupos delincuenciales. Los montos varían, pero se estima que el costo por evitar los ataques puede alcanzar entre 25.000 y 50.000 quetzales (aproximadamente 3.240 a 6.480 dólares), lo que refleja el nivel de control que ejercen las pandillas sobre el sistema de transporte público.
El paro de los conductores ha evidenciado la creciente inseguridad en el transporte público de Guatemala y la necesidad urgente de un enfoque integral para frenar la violencia que afecta tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que dependen del servicio diario para movilizarse.
