El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, que introduce una reforma integral a la legislación vigente con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales y promover la plena inclusión de este grupo prioritario en la sociedad.
La asambleísta Jhajaira Urresta, ponente del informe, destacó que esta ley refleja un cambio de enfoque hacia un modelo social de la discapacidad, eliminando barreras estructurales. “Es una ley justa y respetuosa”, aseguró, subrayando la importancia de este cambio paradigmático.
La legisladora Paola Cabezas hizo énfasis en la construcción participativa de la ley y en su enfoque hacia la verdadera inclusión. Según Cabezas, la normativa busca una integración efectiva y sin restricciones para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Por su parte, la asambleísta Pierina Correa reflexionó sobre la importancia de erradicar los prejuicios sociales que dificultan la integración de este grupo. “No son las personas con discapacidad las que no pueden integrarse, sino nosotros por miedo y desconocimiento”, afirmó.
Adrián Castro resaltó los aspectos innovadores de la ley, como el incentivo a los centros de empleo inclusivos, el diseño universal de aprendizaje y la inclusión del sistema braille. Amado Chávez, en tanto, recalcó la necesidad de asegurar que la cobertura de la ley llegue tanto a áreas urbanas como rurales, mientras que Paúl Buestán denunció la corrupción en la entrega de carnets de discapacidad y pidió fortalecer los mecanismos de control.
Varios legisladores coincidieron en que esta ley marca un hito en la lucha por la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad, enfrentando los desafíos históricos que ha enfrentado este grupo.
La ley también ha sido recibida con un fuerte apoyo ciudadano. En una comisión general, el activista social y especialista en Derechos Humanos con discapacidad, Andy Díaz, expresó que abordar la discapacidad es “hablar de humanidad”, destacando la urgencia de garantizar derechos fundamentales en áreas como el trabajo, la salud y la educación.
En cuanto a la educación, la viceministra de Gestión Educativa, Jhoana Haro, señaló que las instituciones deben ser inclusivas y accesibles, con personal capacitado en metodologías inclusivas que permitan un aprendizaje sin barreras. Edison Martínez, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, enfatizó que la ley promueve la autonomía de las personas con discapacidad, a incluir los tres ejes fundamentales de educación, salud y empleo. “Por primera vez, se tiene un enfoque integral para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera autónoma”, afirmó.
Finalmente, Johana Aimacaña, de la Subsecretaría de Discapacidades, mencionó que los modelos de atención están evolucionando hacia enfoques más actuales e integrales, considerando también a los cuidadores dentro de las políticas de inclusión.
La aprobación de esta ley representa un paso significativo en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador, marcando el comienzo de una nueva era de inclusión e igualdad.
