La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha fijado tentativamente el 25 de junio como la fecha clave para discutir y votar sobre una solicitud de referéndum propuesta por el Ejecutivo, liderado por Rodrigo Chaves. Este referéndum ha generado intensos debates y controversias entre los legisladores costarricenses, centrados principalmente en la denominada «Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica».
El proyecto de ley, promovido por el presidente Chaves, ha sido objeto de críticas por parte de varios sectores políticos y de la sociedad civil. Entre las principales preocupaciones se encuentra la percepción de que la ley busca debilitar las funciones y competencias de la Contraloría General de la República, un organismo fundamental en la fiscalización de los recursos públicos y en la lucha contra la corrupción.
El debate programado para el 25 de junio también implicará consultas con instancias claves como la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Rodrigo Arias, presidente del Congreso, ha expresado que la decisión de consultar al TSE debería realizarse después de que el Plenario Legislativo tome una decisión sobre el referéndum.
Rubén Hernández, uno de los legisladores prominentes en contra del proyecto, ha argumentado que diversas opiniones consideran inconstitucionales las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General, especialmente aquellas que podrían afectar su capacidad de fiscalización.
La diputada Andrea Álvarez, por su parte, ha criticado abiertamente la iniciativa del referéndum, destacando que el proyecto no aborda temas prioritarios para la ciudadanía como seguridad, economía y vivienda. Álvarez describió la propuesta como una represalia contra las instituciones que protegen los fondos públicos de actos de corrupción.
Las discusiones en torno a la «Ley Jaguar» han marcado las sesiones legislativas durante las últimas semanas, con fuertes objeciones por parte de figuras prominentes como la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga. En un comunicado reciente, Acosta Zúñiga denunció que la iniciativa del Ejecutivo busca desmantelar las funciones constitucionales y legales de la Contraloría General, poniendo en riesgo la integridad de los recursos públicos.
El 25 de junio se perfila, por tanto, como una fecha crucial en el panorama político costarricense, donde se decidirá el rumbo del referéndum propuesto y su impacto potencial en las estructuras de control y vigilancia del país. La sociedad costarricense observa atentamente el desarrollo de estos eventos, consciente de las implicaciones que cualquier decisión legislativa pueda tener en el futuro inmediato del país.
