Un reciente estudio titulado «Desafíos de la Macroevaluación en el Sistema Educativo Costarricense», elaborado por el Estado de la Educación, ha puesto de manifiesto una serie de aspectos cruciales que requieren atención y acción por parte de las autoridades educativas y la sociedad en general en Costa Rica.
El informe destaca la importancia de contar con una variedad de enfoques evaluativos que abarquen tanto aspectos sumativos como formativos, así como autoevaluaciones y coevaluaciones. Sin embargo, subraya la necesidad de precisar conceptos como «integralidad» o «equilibrio» en los procesos de evaluación, considerando factores como las áreas de conocimiento, las competencias transversales y las variables contextuales.
Entre los propósitos de la evaluación educativa, el estudio señala el mejoramiento de la calidad educativa y la rendición de cuentas, que van desde asegurar el derecho a una educación de calidad hasta monitorear la efectividad de las políticas educativas. No obstante, enfatiza que la evaluación no debería concebirse como un mecanismo de control o penalización a centros educativos y docentes, sino como un medio para identificar áreas de mejora y apoyar procesos de desarrollo profesional.
Uno de los principales desafíos identificados es la institucionalidad y gobernanza del sistema de evaluación educativa en Costa Rica. Actualmente, la instancia evaluadora está subordinada al Ministerio de Educación Pública (MEP) y carece de autonomía e independencia técnica, económica y política. Esto dificulta su capacidad para desarrollar sus funciones de manera efectiva y genera conflictos de interés.
Para abordar esta problemática, se proponen diversas consideraciones. En primer lugar, se destaca la necesidad de establecer un acuerdo institucional que permita la concertación y definición de las funciones y responsabilidades de la instancia evaluadora, así como el diseño e implementación de recomendaciones derivadas de las evaluaciones.
Asimismo, se plantea la importancia de desarrollar un modelo de gobernanza «distribuida», que involucre la participación de diferentes actores en el proceso evaluativo y garantice la representación de diversas visiones políticas. Se sugiere la creación de un ente evaluador autónomo, con independencia administrativa, operativa, financiera, técnica y de gestión, que cuente con un presupuesto propio y la capacidad para establecer alianzas con universidades y centros de investigación.
En conclusión, el estudio destaca la necesidad de fortalecer el sistema de evaluación educativa en Costa Rica mediante la mejora de su institucionalidad y gobernanza. Esto implicaría la creación de un ente evaluador autónomo, con capacidad para desarrollar sus funciones de manera efectiva y transparente, y la promoción de un modelo de gobernanza participativo que garantice la representación de todos los actores involucrados en el proceso evaluativo.
