En su tiempo como presidente de Estados Unidos (1901-1905, 1905-1909) el centroderechista Theodore “Teddy” Roosevelt describía la esencia de su política exterior como una combinación de diplomacia y fuerza militar.
“Hablar suavemente, y cargar un gran garrote” (“Speak softly and carry a big stick”).
Alrededor de un siglo después, mientras fue ministra de Seguridad (2015-2019), la argentina Patricia Bullrich, sin hablar suavemente, justificó la brutalidad policial, una política que, desde entonces, fue popularmente bautizada como de “gatillo fácil”.
Ahora, el gatillo más rápido de Argentina, está de regreso en la jefatura de ese ministerio, para hacer lo que no pudo durante los cuatro años al servicio del corrupto y autoritario Mauricio Macri -exactamente, el de la rítmica y nacionalmente viralizada consigna popular “Mau-ri-cio Macri: la puta que te parió!”-.
Brevísimo paréntesis: las sílabas de ambos nombres son, coincidentemente, cinco, lo que plantea la posibilidad de otra rítmica y nacionalmente viralizada consigna popular. Cierre del brevísimo paréntesis.
Al cuarto día de su reaparición, la derechista Bullrich empezó a materializar lo que su nuevo jefe -el impresentable y dictatorial Javier Milei, con su sierra eléctrica, y con sus cuatro hijos caninos que ahora están alojados en la residencia presidencial- anunció -en realidad, amenazó-, en su lamentable discurso inaugural, el 10 de diciembre: a partir de ese momento, en Argentina, se terminaron los derechos humanos.
En uno de los más dictatoriales pasajes de su mensaje de recurrente advertencia, a los argentinos, de que su política de shock financiero va a empeorar las cosas -lo que la gente empezó a confirmar, la mañana siguiente, por ejemplo, en los supermercados-, subrayó que las inevitables manifestaciones populares de protesta serán reprimidas.
Puntualmente, para eso, reclutó a Bullrich -una ex adversaria presidencial ahora aliada-, en calidad de componente destacado de la pandilla macrista que tomó, al rioplatense y andino país sudamericano, inmisericordemente, por asalto.
La amenaza de Milei no fue nada sutil -siguiendo su estilo de patán delirante-.
“Hoy, volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo, de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Benegas Lynch hijo”, empezó a decir.
A continuación, Milei citó la definición dada, por Benegas, respecto a esa ideología: “el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad, y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo, y la cooperación social”.
Y, de inmediato, aseveró: “en esa frase de 57 palabras, está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos”.
Tras lo cual -en flagrante contradicción con lo que terminaba de enunciar, empezó a amenazar.
“Hoy, volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo, de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Benegas Lynch hijo”, subrayó.
“Este nuevo contrato social, nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas sino que vele por nuestros derechos; un país en el que el que las hace, las paga; un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad”, agregó -en el último caso, refiriéndose a manifestantes opositores-.
Y, ahora, gritando, “puesto en otros términos: el que corta, no cobra!”.
De inmediato, continuó la descripción de la “nueva Argentina”, como “un país que, dentro de la ley, permite todo, pero, fuera de la ley, no permite nada!” -nuevamente, gritando-, “un país que conviene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan, a quienes menos tiene, para enriquecerse a ellos mismos!”.
“No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad, o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos”, siguió amenazando.
“A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales, y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos (…) no importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes: lo único que importa es hacia dónde quieren ir”, agregó, alternando entre el autoritarismo y la condescendencia.
“Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones, inamovible, que utilizará todos los resortes del Estado, para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”, dijo, otra vez en tono de advertencia.
“No vamos a claudicar! No vamos a retroceder! No nos vamos a rendir! Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que avanzar las ideas de la libertad, es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido!”, subrayó, otra vez, gritando.
Las amenazas se hicieron realidad, cuatro días después, cuando Bullrich firmó, el 14 de diciembre, la Resolución 943/2023, que contiene el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación.
El solo título de la nueva norma violatoria de derechos humanos, confirma el discurso inaugural: Milei -al igual que sus cómplices, incluido Macri- sabe que el shock económico es destructivo, que el descontento popular se masificará, y que la gente ejercerá lo que el sindicalista costarricense Albino Vargas describe como “la democracia de la calle”.
Las palabras lo demuestran.
La economía personal, de la gente, será destruida, y la gente saldrá a la calle, a protestar, lo que, en la limitada mentalidad represora de la casta mileísta, significa “alterar el orden público”.
La protesta implicará manifestaciones en vía pública, como parte del ejercicio de la garantía fundamental consagrada la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El artículo 20, establece, claramente, que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas” -por ejemplo, caminar, en masa, por avenidas, calles, carreteras- para indicar apoyo a alguna causa, o disenso respecto a algún gobierno.
Suele ocurrir que, aunque sean de protesta, las manifestaciones populares tienden a ser pacíficas y ordenadas, y que enemigos de los organizadores infiltran provocadores para generar caos, para dar paso a la violencia policial.
Por otra parte, el artículo 19 indica, que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” -o sea, por ejemplo, expresar su opinión de crítica a alguna acción gubernamental-.
“Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones”, además de “difundirlas (…) por cualquier medio de expresión” -lo que incluye manifestaciones callejeras-.
Y el tercero de los 30 artículos que constituyen la declaración universal, es meridianamente claro: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Pero la realidad es que Milei y Bullrich se autoperciben como una casta que tiene licencia para violar los derechos humanos.
Los cinco considerandos y los 15 artículos contenidos en el bando de Bullrich, son inequívoco indicio de ello.
“La urgencia de la situación, así como la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública demandan la impartición de instrucciones a la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, según el cuadro de situación planteado -sin mucho apego a puntuación-.
Ello, “a fin de ofrecerles un marco de certidumbre parea su actuación, sin perjuicio de las decisiones de las autoridades judiciales o del ministerio Público Fiscal, cuando corresponda”.
Dicho claramente, sin hipocresía: se trata de legalizar la brutalidad policial -lo que parece constituir una obsesión o una adicción de la ministra-.
Marcada, así, la cancha, el primer artículo determina que “la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal”.
La arbitrariedad es agudizada en el segundo, de acuerdo con el cual “la intervención a la que se refiere el artículo anterior se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de comunicación inmediata al juez o fiscal competente”.
Esa disposición del código señala que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
El protocolo de Bullrich, determina, en el tercer artículo, que, “por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario”.
Ello, “aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas”, según la mismo disposición, la que prevé que “no se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación”.
De modo que, invariablemente, se reprime. Fin de discusión.
Apenas natural, en Bullrich, una de cuyas más notorias actuaciones, durante y luego de su primer paso por el ministerio, consistió en su decidido apoyo al agente policial Luis Chocobar, quien, en la mañana del 8 de diciembre de 2017, en Buenos Aires, a balazos por la espalda, a un adolescente quien huía tras haber asaltado, violentamente, a un turista estadounidense.
A demás de la represión armada, el protocolo también prevé espionaje.
Sus artículos 6 a 8, y 12, lo determinan.
El sexto lo establece, claramente, al ordenar que, respecto a las protestas que bloqueen vía pública, “deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales no manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente”.
En el siguiente, se determina que “también serán identificados los vehículos con los cuales los manifestantes hubieran sido transportados”.
“Si se registrare una infracción a las reglas vigentes para los vehículos de los cuales se trate y el tipo de actividad para la que estuvieran habilitados, o bien de los conductores, se comunicará esa circunstancia a las autoridades de contralor correspondientes”, según este artículo.
De modo que, según ese planteamiento, si un autobús que habitualmente es transporte de pasajeros cubriendo una ruta determinada, es usado para trasladar manifestantes, quien lo hace, comete un delito, porque el vehículo es usado para una actividad que no es la originalmente autorizada.
Aplicando esa antilógica, si ese autobús es usado, por ejemplo, para trasladar niños durante un paseo escolar, se comete el mismo delito.
El mismo artículo -el sétimo- amplía la justificación de la represión -en este caso, utilizando disposiciones legales-, señala, a continuación, que, “si de los hechos surgiere claramente que los conductores de esas unidades hubieren sido partícipes del delito, en cualquier grado, en orden a las prescripciones del Código Penal de la Nación Argentina, se procederá de acuerdo con la orden de la autoridad judicial”.
En el octavo, Bullrich impone la represión, puntualmente, por la vía del monitoreo de información sobre personas y organizaciones -o sea, espionaje-.
“Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales -ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin personería jurídica- serán remitidos al Ministerio de Seguridad para su comunicación a la autoridad de aplicación correspondiente”, indica.
Lo anterior, “para su comunicación a la autoridad correspondiente, a los efectos de las medidas administrativas que corresponda”, agrega.
A todo ello, se suma la satanización de agrupaciones opositoras.
Para eso, de acuerdo con el artículo 12, “por vía de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, o el área que en el futuro la remplace, de este Ministerio, se creará un registro de organizaciones que participan de las acciones referidas en el artículo 1º, así como el número de infractores identificados de cada una de esas entidades”.
Hipócritamente, se asevera, a continuación que la lista se elaborará “sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas” -aunque, inmediatamente antes, se refiere a “infractores identificados”.
Está explícitamente establecido: en la “nueva era” argentina, el big brother y la big sister, vigilan y no perdonan.
La esencia dictatorial del régimen mileísta, probablemente sea la causa por la cual el “liberal libertario”, el autodeclarado paladín de la libertad, destacó que su asunción presidencial coincidió, calendariamente, con la celebración judía de Hanukah, pero no mencionó lo mismo respecto al inicio de la era democrática en Argentina y a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, a nivel mundial.
“No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukah, la fiesta de la luz, ya que, la misma, celebra la verdadera esencia de la libertad”, dijo en alusión a la festividad que este año se cumplió del 7 al 15 de diciembre.
“La guerra de los macabeos (movimiento judío de liberación, en 167 AC), es el triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad, y, sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira”, dijo.
Además de afirmar que “estoy convencido de que vamos a salir adelante”, y siguiendo le línea religiosa de esta parte de su discurso, mencionó “una cita del Libro de Macabeos, 3:19, que dice que la victoria, en la batalla, no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.
Sin embargo, el supuesto promotor/defensor/garante de la libertad, omitió destacar el hecho de que en esa fecha, exactamente 40 años antes -el 10 de diciembre de 1983-, terminó la sanguinaria y corrupta dictadura militar (1976-1983) autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” -que, entre otras barbaridades, desapareció, a 30 mil personas-.
En la misma línea negativista, criticó la gestión del centrista Raúl Alfonsín, quien, el 10 de diciembre de 1983, se convirtió en el primer presidente (1983-1989) de la era democrática argentina, y cuya juramentación puso fin al último régimen de facto en el país.
También ignoró el igualmente histórico hecho de que las garantías fundamentales se convirtieron, precisamente 75 años antes, en mandato global, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó -el 10 de diciembre de 1948-, la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pero ninguna de las dos negaciones resulta sorprendente ni inexplicable.
En declaraciones reproducidas, el 7 de abril de 2022, por el medio de comunicación estadounidense Bloomberg, Milei -entonces un temprano aspirante a la presidencia argentina- se refirió, a la última dictadura y a las víctimas, -cometiendo, como habitualmente, inexactitudes históricas, profiriendo confusos razonamientos autoritarios, presentando interpretaciones personales como si fuesen hechos comprobados-.
“Hablemos con la verdad”, comenzó a decir.
“Lo primero es que hay que reconocer es que número de 30 mil, es una mentira”, aseveró, para, a continuación, reafirmar el negacionismo: “no fueron 30 mil desaparecidos”.
Pero, obviamente, no dio una cifra alternativa.
“Lo otro que hay que entender es que era una guerra”, afirmó, además.
“Mirá: si, en este momento, alguien va y te pone una bomba, y volás por los aires, te parece bien eso? O que vayan a tu familia, y le pongan una bomba, y la hagan volar por los aires, te parece bien? Te parece muy, muy bellamente idealista? No sé, pregunto”, siguió en su simplista desvarío autoritario.
“Primero, hay que entender que terrorismo es terrorismo. No es un chiste. Eso generó una guerra”, planteó.
“El problema es que Estado, cuando participa en estos conflictos, tiene que operar dentro de un marco, porque es el que tiene el monopolio de la violencia”, contexto en el cual “lo que hizo el terrorismo es gravísimo (…) lo que hizo el Estado fue peor todavía (…) pero, de ahí, a decir que los terroristas eran jóvenes idealistas y que eran buena gente, hay un abismo”.
De modo que no hay nada involuntario ni sorprendente en las dos flagrantes omisiones.
En el cuarto día de la “nueva era”, Bullrich se encargó de confirmarlo.
El instructivo de la ministra, sobre cómo reprimir manifestaciones populares, está próximo a ponerse en práctica.
Una masiva manifestación contra las medidas iniciales -de seguridad y de shock económico- impuestas por el gobierno mileísta -en los primeros cuatro días de su instalación-, está programada para llevarse a cabo, el 20 de diciembre, en Buenos Aires, desde la sede del parlamento hasta la céntrica Plaza de Mayo -frente a la Casa Rosada, las sede del Poder Ejecutivo-.
Se trata del trayecto que, en parte en un automóvil descubierto, y, en parte, caminando- Milei recorrió, el 10 de diciembre, inmediatamente después de su discurso inaugural.
La marcha también se llevará a cabo para conmemorar el 22 aniversario de las masivas protestas callejeras que, en el marco de la crisis económica que golpeaba brutalmente a Argentina, miles de personas llevaron a cabo, en 2001, y que determinaron -con saldo de 39 víctimas fatales, por la represión-, la renuncia del entonces presidente (1999-2001), el centroderechista Fernando de la Rúa.
De acuerdo con versiones periodísticas, los organizadores de la primera protesta contra el gobierno de Milei -representantes de unas 80 agrupaciones de sociedad civil- estimas que unas 50 mil personas participen en la movilización, descrita como democrática y pacífica.
En declaraciones reproducidas el 15 de diciembre por medios de comunicación, Bullrich planteó la solución para que los manifestantes opositores no sean reprimidos.
Según la ministra, “tienen toda la posibilidad de hacer la marcha el 20 de diciembre: la tienen que hacer por la vereda (la acera)”.
Hay que reconocer que, después de todo, el mileísmo es flexible, razonable, coherente: no se permite bloquear las calles, pero, sí, las aceras.
