Grupos de la sociedad civil de Uganda están preparándose para un enfrentamiento crucial esta semana, ya que se reunirán con jueces del Tribunal Constitucional para impugnar la ley más dura del mundo contra la comunidad LGBTQ+. La ley, aprobada con un apoyo abrumador en marzo, establece la pena de muerte y cadena perpetua para ciertos actos gays, generando preocupación y rechazo a nivel nacional e internacional.
El lunes, activistas de derechos humanos, encabezados por Clare Byarugaba de Chapter Four, una organización ugandesa de defensa de las libertades civiles, comparecerán ante el tribunal para ultimar su recurso antes de una audiencia completa programada para finales de este mes. Byarugaba afirmó: «Impugnamos la ley contra la gays porque no pasa ninguna prueba de fuego constitucional, y ganaremos».
Steven Kabuye, activista por los derechos de los gays y codirector ejecutivo de Truth to LGBTQ, señaló: «Ahora depende de los jueces del Tribunal Constitucional demostrar su compromiso con la protección de los derechos de todos los ugandeses».
La ley ha provocado críticas internacionales, y la semana pasada, Estados Unidos impuso restricciones de visado a legisladores ugandeses por su papel en la aprobación de la ley. El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó en un comunicado: «Una vez más, animo encarecidamente al gobierno de Uganda a realizar esfuerzos concertados para defender la democracia, respetar y proteger los derechos humanos».
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó al comisario de prisiones de Uganda, Johnson Byabashaija, por presuntas torturas y violaciones de los derechos humanos de reclusos LGBTQ+.
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, rechazó las restricciones estadounidenses, instando a no dejarse intimidar. Mientras tanto, la presidenta del parlamento ugandés, Anita Annet Among, menospreció las sanciones, afirmando que «tenéis todo lo que necesitáis en este país, Uganda, mientras vuestros hijos no sean sodomizados».
En respuesta, Frank Mugisha, del grupo de derechos prohibidos Sexual Minorities Uganda, cuestionó la prioridad del Parlamento: «El Parlamento de Uganda hace mucho ruido con la ley contra las personas gays y calla en otros asuntos. ¿En qué beneficia esto a los ugandeses?».
Desde la aprobación de la ley, la violencia y la discriminación contra los grupos LGBTQ+ se han intensificado, según un informe reciente de la coalición Convocatoria por la Igualdad (CFE). Documentaron 306 violaciones de derechos humanos entre enero y agosto, incluyendo desalojos de viviendas, torturas y tratos crueles. La CFE insta al tribunal a anular la ley y afirmó que las personas LGBTQ+ tienen los mismos derechos que todos los ugandeses a vivir sin discriminación ni violencia patrocinada por el Estado.
Steven Kabuye concluyó: «Hemos asistido a un aumento de las violaciones de derechos humanos y de los problemas de acceso a la atención sanitaria desde la promulgación de la ley antigay en Uganda. A la comunidad LGBTQ+ le sigue resultando difícil acceder a una atención médica segura, y hay que hacer más para abordar estos problemas».
