En un país donde más de 1.6 millones de mujeres en edad reproductiva enfrentan la realidad de la menstruación, surge una problemática que va más allá de lo biológico: la pobreza menstrual. Este fenómeno no solo afecta la salud pública, sino que también se convierte en una barrera invisible que perpetúa la desigualdad de género. En este contexto, la organización Nosotras Women Connecting emprendió una audaz misión para poner fin a esta injusticia y convertir la Ley 22.421 en una prioridad legislativa.
La Realidad Cotidiana: En Costa Rica, cerca de 1.6 millones de mujeres en edad reproductiva enfrentan la menstruación durante aproximadamente 3,000 días de sus vidas, lo que equivale a necesitar al menos 15,000 toallas sanitarias. Sin embargo, para el 20% de la población, adquirir estos productos se convierte en un dilema económico, representando el 27% del ingreso familiar semanal. Esto no solo impacta la salud pública, sino que también vulnera derechos fundamentales, como el acceso a la educación y al trabajo.
La Ley Olvidada: Frente a este panorama, la Ley 22.421 se erigía como una solución potencial, proponiendo medidas como la inclusión de productos menstruales en la canasta básica, la provisión gratuita de estos productos en escuelas públicas, cárceles, y la educación pública sobre la menstruación. Sin embargo, a pesar de su nobleza, esta ley languidecía en el archivo legislativo durante dos años.
La Estrategia Ciudadana: Con el inicio del periodo ordinario en la Asamblea en febrero, Nosotras Women Connecting se propuso convertir la Ley 22.421 en una prioridad ineludible. La estrategia se desplegó desde el 1ero de enero, utilizando tácticas de marketing de guerrilla, interviniendo monumentos y atrayendo la atención de los medios. A través de una combinación de medios (TV, radio, redes sociales, influencers, etc.), se educó y empoderó a la población, instándolos a exigir una respuesta de los diputados.
La Revolución de la Opinión Pública: El enfoque multifacético permitió que la conversación se extendiera a todos los rincones del país. Desde intervenciones en monumentos hasta mensajes en redes sociales y actividades presenciales, la estrategia fue diseñada para llegar a todos los estratos y edades. La presión social se intensificó con la participación ciudadana directa a través de un sitio web que permitía expresar el apoyo, interactuar con los diputados y exigir su compromiso.
El Compromiso Político: La estrategia no solo generó conversación, sino que movilizó a los diputados. Con el respaldo de 48 de los 57 legisladores, más del 80%, comprometiéndose públicamente a apoyar y aprobar la Ley 22.421, se logró un cambio histórico. Cuatro de las seis fracciones políticas expresaron su apoyo, marcando una victoria para la justicia menstrual en Costa Rica.
El caso de Costa Rica demuestra que cuando la sociedad se une para abordar una injusticia apremiante, puede influir significativamente en la agenda legislativa. La lucha contra la pobreza menstrual se convierte así en un hito de empoderamiento ciudadano y un recordatorio de que la acción colectiva puede transformar realidades, incluso las más íntimas y cotidianas.
