En audiencia con la Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, la Contralora General de la República, Martha Acosta Zúñiga pidió empezar de cero con el tema de la reforma del sector Vivienda y desechar la propuesta de Gobierno enmarcada en el Expediente 23.450. Creación el Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda, como órgano del Poder Ejecutivo, en adelante también llamado MIHABITAT.
La Contralora advirtió que la iniciativa podría presentar roces constitucionales al tratar de generar cambios estructurales en el sector de la vivienda.
Tiene 40 reformas legales. Al nuevo Ministerio se le dan funciones del sector fusionando
competencias del INVU, BANHVI con las del ente rector.
El diseño se basa en concentración de la materia de tal forma que no se adopta a la solución de las prácticas, no define la población total meta, se pone en riesgo la
continuidad de los programas actuales.
Para Acosta debe existir un marco legal que defina los demás participantes estatales en urbanismo y vivienda.
Para la funcionaria los mecanismos de manejo del sector propuestos son poco claros al igual que las figuras del ordenamiento. Ni los mecanismos se suprimen con destinos específicos ni se aclara cual entidad será la que los dirigirá. No se explica el instrumental del impuesto que financiará las funciones del nuevo ministerio mientras que se acogerá para algunas funciones en la caja única del estado.
El diputado Eliecer Feinzaig Mintz, dijo compartir las dudas por falta de claridad de la
administración de los recursos de la vivienda en una institución. Dijo que es necesario investigar cómo funciona en América Latina el manejo de recursos en un Ministerio como el mencionado.
El diputado Jorge Dengo Rosabal resaltó que la Contralora le terminó de poner el último clave al ataúd de este proyecto. Me llamó la atención el análisis del financiamiento con puntos de alerta que son importantes. Hay que volver de cero a la mesa de dibujo.
Entre las recomendaciones de la Contralora están fortalecer rectoría, formalizarla
porque abre la posibilidad de poder articular una visión estratégica de política pública.
En respuesta a las inquietudes del diputado Carlos Felipe García Molina sobre la vinculación con otras entidades pública, la Contralora dijo tener dudas de la capacidad jurídica del Ministerio dado que no hay parámetros y los recursos por administrar, así como las poblaciones objetivo.
Para la diputada Pilar Cisneros Gallo no hay plan nacional de urbanismo. Aseguró que no es posible que 40 años después de la creación del INVU no se tenga un organismo que brinde una política en esa materia y debe hacerse algo para cambiar la situación actual.
