El director general de la Oficina del Consumidor Financiero, Danilo Montero, se manifestó en contra del expediente 23.353 Suspensión del Cobro de la Tasa Administrativa del Fondo de Pensión Obligatoria Complementaria a los Trabajadores cuando la Rentabilidad es Negativa pues aseguró que no se puede dejar de pagar al médico si no se cura la enfermedad.
Dijo que las operadoras no pueden ser castigadas porque eso redundaría en que harían el menor esfuerzo posible por tomar riesgos a la hora de invertir los dineros de los ahorrantes y al final estos son los que saldrían más perjudicados.
Reconoció que están “inquietos” por las personas que están pensionadas o las que se encuentran a punto de concluir su vida laboral, porque la reducción en las utilidades de las inversiones de las operadoras “nos agarró en un mal momento”.
Con relación a las posibilidades que se mencionan para que las operadoras de pensiones financien obra pública comentó que a todos nos parece atractivo, pero difícilmente estas van a tener la capacidad de generar la regulación se propicie las emisiones que se requieren, pues eso le corresponde al CONASIF.
Agregó que no ve fácil que sean las operadoras las que vayan a crear la liquidez para los títulos que se emitan ya que eso le toca a la SUGEVAL o a la Bolsa de Valores y tampoco tendrían la capacidad de supervisión de las obras ya que eso le corresponde al MOPT. “La pregunta que hay que hacerse es si las operadoras pueden, deben o conviene que hagan todo esto que he mencionado y desde nuestra perspectiva la respuesta es que no”.
El congresista Gilberth Jiménez, proponente de la iniciativa, reaccionó a las declaraciones dada por el visitante y aseguró que la realidad es que las operadoras además de pagarles la utilidad y las comisiones también nos cobran un 50 por ciento de las utilidades, que se lo dejan ellos y no nos rinden cuentas de nada.
La diputada Melina Ajoy hizo énfasis en el tema de las comisiones y aseguró que es entendible que las operadoras cobren comisiones para cubrir sus gastos de operación, “lo que no comparto es que se cobren esas comisiones sobre el gasto acumulado de los trabajadores mes a mes”, a lo que el visitante justificó que se hace así por facilidad operativa.
El expediente 23.424 Ley Orgánica del Ministerio del Deporte y la Recreación se aprobó una moción para consultar la propuesta al ICODER, Contraloría General de la República, Ministerio del Deporte, MIDEPLAN, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias.
Se aprobó una moción para convocar en audiencia a Luis Diego Céspedes, auditor del ICODER y a la contralora Marta Acosta, con el propósito de que se refieran a la auditoría sobre deficiencias en la administración de recursos en el ICODER.
Se aprobó una moción para que el expediente 23.392 Declaratoria del EBAIS de China Kichá como institución Benemérita de la Patria sea consultado a la Caja Costarricense del Seguro Social CCSS; Asociación Indígena Cabecar y a la Junta de Salud Indígena de Alta Talamanca.
Por último se aprobaron los informes de subcomisión de los expedientes 22.881 Creación del sistema de Ahorro y Crédito Administrado por CONAPE para la Educación Técnica, Superior Parauniversitaria y Universitaria y el 22.903 Ley que Autoriza a Cobrar en Suelo Costarricense los Certificados Médicos de la Tripulación de Buques Internacionales y Reinvertir esos Nuevos Recursos en Unidades de Salud de Atención Gratuita para la Gente del Mar y posteriormente se dictaminaron de forma negativa por lo que fueron enviados
al archivo.
