Doscientos veintidós, más noventa y cuatro, es igual a trescientos dieciséis
El global, es el número de ciudadanos que, según la arbitrariedad del régimen -o sea, su ilegal legalidad-, Nicaragua perdió, en dos tandas -en apenas seis días- la nacionalidad de origen.
A todos -los 316-, les fue aplicado el mismo criterio.
Primero, tipificación del delito de traición a la patria, a partir de lo cual vino toda la otra ilegalidad: privación de nacionalidad nicaragüense, suspensión perpetua de todo derecho ciudadano, inhabilitación -igualmente perpetua- para ejercer cargos públicos -.ya -sea por designación o por elección popular-.
Por si todo eso hubiese sido poco, para los 222, siguió el destierro -lo que se materializó, veloz e inconsultamente, el 9 de febrero- a Estados Unidos, a bordo de un avión proporcionado por la administración Biden.
Para los 94, la sanción se perfeccionó/amplió -es decir, se fortaleció en perversidad-, ya que, sumado a esas barbaridades, se les impuso decomiso de bienes, y -lo más peligroso- fueron declarados “prófugos de la justicia” -lo cual es doblemente falso, porque no lo son, y porque en Nicaragua no existe justicia-.
Con el constructivo propósito de neutralizar la aberración anticonstitucional implícita en la privación de nacionalidad nicaragüense, en el caso de los 222, el gobierno de España -cuyo presidente es el centroizquierdista Pedro Sánchez- les ofreció, al día siguiente, la nacionalidad de ese país europeo.
Según el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, “el ofrecimiento está ya, por así decirlo, en vigor”, e implica un proceso burocrático que “tardaría muy poco tiempo”, ya que es urgente “evitar que queden apátridas”.
Por su parte, en Washington -adonde los 222 fueron llevados-, el cónsul de España en esa ciudad, Agustín Rebollo, explicó, a los beneficiarios, que se trata del “trámite para obtener la nacionalidad española por Carta de Naturaleza, es decir, por decisión del Gobierno”.
“Es muy fácil, porque lo que pesa es la decisión del Gobierno”, precisó Rebollo, quien, además, señaló que, para llevar a cabo la gestión, “no hace falta que estén aquí, en Washington”, sino que “pueden hacer la solicitud en el Consulado español de donde se encuentren”.
La única documentación necesaria para realizar el trámite es el pasaporte que el régimen les entregó para ser desterrados, aseguró.
Según lo señalado por Albares, el gobierno español está dispuesto a ofrecer lo mismo, “a cualquier otro preso que se encuentre todavía, en estos momentos, en la misma situación que los que acaban de ser liberados”.
El ministro hizo, así referencia, a los más de treinta reclusos políticos quienes permanecen en prisión en Nicaragua -entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, condenado, el 10 de febrero, a 24 años y cuatro meses de cárcel-.
Álvarez -una de las voces antidictatoriales más críticas en la jerarquía católica nicaragüense- fue, así, castigado porque se negó a ser parte del grupo de desterrados, conducta que, obviamente, causó extrema ira en Ortega, quien no está acostumbrado a que no se le obedezca-algo que, al igual que Murillo, su “copresidenta”, no tolera-.
El gobierno español amplió, el 17 de febrero, su ejemplar acción solidaria/humanitaria, extendiéndola a los 94 nuevos apátridas, creando un literal salvavidas, ya que, encima de todo, el régimen Ortega-Murillo los declaró “prófugos de la justicia”, razón por la cual todos corren el riesgo de ser apresados -donde sea-, en el mejor de los escenarios, brutalmente torturados y sentenciados a extensas penas de prisión, y, en el peor, desaparecidos o asesinados -lo que es, exactamente, igual-.
Sería igualmente vital si algún otro país siguiera el fenomenal ejemplo líder español, y formulara igual ofrecimiento, a quienes sigan, porque es inminente la difusión de nuevas listas de opositores así castigados.
Quizá Argentina se ubique en esa línea.
De modo que la comunidad internacional tiene la oportunidad de mirar a España, y pasar, de los gestos que no sirven sino para fortalecer al régimen -declaraciones de preocupación, advertencias sobre “la deriva autoritaria” de Ortega, sanciones que no pasan de la enunciación-, a emprender una acción efectiva, útil, verdaderamente humanitaria: seguir -y ampliar- el ejemplo de España.
La ilegal decisión del régimen, en cuanto a despojar de la nacionalidad de origen a nicaragüenses quienes se le oponen, apunta a quebrar, espiritualmente -y, con las expropiaciones, financieramente-, a los adversarios de la desquiciada pareja dictatorial.
Pero la medida no está teniendo ese efecto -al menos, no en todos los casos-.
Así me lo han dicho algunos de los 94 afectados -ahora, en proceso de convertirse en españoles-.
Es una reacción natural en quienes, auténticamente, luchan contra dictaduras.
La prisión, la tortura, la violación de derechos, el confinamiento en condiciones inhumanas-frecuentemente, en aislamiento-, no hacen sino fortalecer combatividades, sin perjuicio del ensañamiento ni del tiempo.
Lo comprobé, por ejemplo, en los 70s y en los 80s, con numerosos presos políticos bajo el brutal y corrupto régimen militar uruguayo (1973-1985).
Referentes mundiales de lucha y resistencia fortalecidas en prisión también lo demuestran.
Son los casos emblemáticos del sudafricano antiapartheid Nelson Mandela -encarcelado durante 26 años (1964-1990), y el uruguayo tupamaro José “Pepe” Mujica -encerrado durante 14 años (1971-1985)-.
Mandela (1994-1999) y Mujica (2010-2015)-, o sea que, respectivamente, pasaron a dignificar los cargos que sus respectivos antecesores de facto se encargaron de desnaturalizar.
En esa línea, son casi que incontables los guerrilleros y opositores cívicos encarcelados por regímenes de facto, al igual que lo son aquellos quienes, también en deshumanizada reclusión, en lugar de quebrarse, se fortalecieron.
Uno de ellos es Ortega, cuyo período de prisión -siete años y un mes, según su cuenta (1967-1974)- se cumplió bajo la dinástica dictadura somocista (1933-1979), el último de cuyos exponentes -el general Anastasio Somoza Debayle- fue derrocado, el 19 de julio de 1979, por la guerrilla sandinista, y ajusticiado -de un certero rocketazo a su automóvil-, al año siguiente, en el exilio, en Asunción -la capital de Paraguay-, por un comando guerrillero argentino.
De modo que el comandante sabe que las barbaridades de su régimen -cintra los 222, los 94, y los que muy pronto seguirán-, no en todos los casos quebrarán la voluntad individual de los agredidos -pero pueden llegar a quebrar a su régimen-.
Además, por lo menos 316, ahora son cuidadnos no solamente españoles sino, por extensión, de la Unión Europea.
Lo ideal sería que este nuevo embate dictatorial contra los nicaragüenses, genere una especie de epifanía, en la criminalmente atomizada oposición -en Nicaragua y en el exilio-, que haga ver lo patético -y criminal- de la desunión, de la incapacidad para deponer egos, de la inflexibilidad en cuanto a complementar egoístas agendas personales o sectoriales.
Eso sería lo ideal, lo correcto, lo visionario.
Soñar -todavía- es gratis.
