La represión que el régimen de Nicaragua está ahora enfocando en la Iglesia católica del país centroamericano, pone, nuevamente, en exhibición la actitud de menosprecio que la dictadura -en particular, el presidente Daniel Ortega- mantiene respecto a la democracia, según el reciente análisis/denuncia de la centroizquierdista organización política Internacional Socialista (IS).
Esa tiranía atenta, cotidianamente, contra las garantías fundamentales del pueblo nicaragüense, aseguró la entidad, en un documento de seis párrafos que emitió, el 12 de agosto, con el título “Declaración de la Internacional Socialista sobre Nicaragua”.
Al condenar la conducta del régimen liderado por Ortega y su esposa/vicepresidenta, Rosario Murillo, la agrupación política subrayó el compromiso con la restitución de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua.
“Daniel Ortega exhibe una vez más con desenfado su absoluto desprecio por la democracia”, aseguró la IS, además de precisar que, “esta vez el objeto de su persecución es la Iglesia Católica”.
“Anteriormente lo habían sido el mundo de la cultura, los medios de comunicación y las más diversas organizaciones de la sociedad civil”, puntualizó, a continuación, en referencia a las más de mil oenegés que el régimen ha cerrado, desde 2018 -año del estallido de la presente crisis- mediante el ilegítimo mecanismos de cancelación de personería jurídica.
Respecto a la persecución anticlerical, la IS reiteró su “condena ante este nuevo intento por acallar y suprimir toda voz contraria al régimen sandinista, al que pareciera ya no le basta con detentar un ilegítimo control absoluto sobre todos los poderes del Estado”.
“Los derechos humanos de las y los nicaragüenses sufren cada día desconocimiento, menoscabo y violación”, precisó.
En tal contexto, “la IS ha estado y permanecerá implicada en el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y trabajando en favor del respeto por los derechos fundamentales de su pueblo”, aseguró.
Al denunciar “los amedrentamientos y ataques a la Iglesia Católica, sus autoridades y lugares de culto conocidos durante las últimas semanas en Nicaragua”, la organización hizo mención específica de Rolando Álvarez, el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí -ambas en la zona norte del país-.
Asediado desde mayo, el obispo denunció, el 4 de agosto, que un cerco policial de varias manzanas a la redonda, estaba aislando, desde el día anterior, el edificio de la curia local, y exhortó, a la autoridad de esa fuerza de seguridad, a poner fin a la medida represiva.
Al día siguiente, informó que el aislamiento policial -que dificultaba sus desplazamientos- se mantenía, y que también afectaba a otros cinco sacerdotes, lo mismo que a seis laicos, quienes lo acompañaban.
También el 4 de agosto, la Policía Nacional (PN) emitió una Nota de Prensa en la cual acusó a Álvarez -y a otras autoridades eclesiásticas- de tratar de “organizar grupos violentos (…) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
La PN indicó, asimismo. que, por esa razón, el régimen inició un proceso investigativo penal contra “las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos”.
Posteriormente, Álvarez informó, en un video, que se hallaba -al igual que los demás ocupantes de la curia-, de acuerdo con lo que le fue comunicado por la PN, en situación de “casa por cárcel”.
En la declaración, la IS relató que el obispo, quien “permanece sitiado junto a otros religiosos y su feligresía por fuerzas especiales en su diócesis (…) se ha erigido, entre tantos, como uno de los rostros visibles de una persecución inaceptable y de tintes ahistóricos”.
“No se trata, sin embargo, de acciones aisladas”, advirtió.
“El hostigamiento a personeros religiosos viene siendo una constante desde que la Conferencia Episcopal Nicaragüense jugara un rol mediador y crítico de la conducción de la pareja Ortega-Murillo en las masivas protestas de 2018, con su violenta represión que dejó un saldo de centenares de muertos y heridos”, señaló, a continuación.
Asimismo, “en marzo de 2022 el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag fue expulsado del país, en julio fue el turno de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta y ya antes, en 2019, el obispo (auxiliar de la Arquidiócesis de managua) Silvio Báez había sido forzado al exilio”.
La dictadura también ha enfocado la mira represiva en numerosos medios de comunicación católicos, a los cuales ha quitado del aire, mediante arbitrarias resoluciones que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) -igualmente controlado por Ortega y Murillo- viene implementando desde mayo.
Entre los medios afectados figuran -de momento- Canal Católico de Nicaragua (Canal 51), Canal Católico San José, TV Merced, así como las radioemisoras, Alliens, Hermanos, Monte Carmelo, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, San José.
Al respecto, la IS, destacó que “las Conferencias Episcopales de países de la región y el Consejo del Episcopado Latinoamericano y Caribeño (CELAM), también han expresado su preocupación por estos hechos y su solidaridad con las víctimas”.
En marcado contraste, el Vaticano -específicamente, el papa Francisco- mantiene silencio ante la escalada de represión antieclesiástica que tiene lugar en Nicaragua, en el marco de la violenta crisis que persiste desde abril de 2018 en ese país.
Sobre esa situación, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) -que, a causa de persecución dictatorial, trabaja, desde ese año, en el exilio, en la limítrofe Costa Rica- dirigió, el 25 de julio, una carta, al papa.
En el texto de 12 páginas -firmado por el secretario de la asociación, el abogado y activista de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leiva Sánchez, asilado político, desde 2018, en la limítrofe Costa Rica-, la Anpdh planteó, al jefe de la Iglesia católica, que su silencio “retumba en el lacerado corazón de la grey católica de Nicaragua”.
También le solicitó la excomunión de Murillo, por lo que definió como la responsabilidad, de la esposa/vicepresidenta, en los crímenes de lesa humanidad que la dictadura viene cometiendo.
Tras presentar una relación de los principales hechos de terror estatal llevados a cabo -hasta la redacción de la carta- por el régimen Ortega-Murillo, la Anpdh aclaró que “son, apenas, una muestra de la agudización del contexto represivo imperante en Nicaragua”.
Se trata de “una situación en la cual el concepto de derechos humanos, no existe; el espacio político para el disenso pacífico, no existe; cualquier manifestación de oposición es brutalmente castigada con arbitraria detención, encarcelamiento en condiciones inhumanas, sádica tortura, desaparición”, agregó.
“Lo señalado en el párrafo inmediatamente precedente, en nada difiere de las dictaduras que, durante las décadas de 1960 a 1990, sometieron, a la mayoría de los países latinoamericanos, al brutal terror de Estado”, planteó, asimismo, en el texto firmado por Leiva.
“De modo que la dictadura de Ortega y Murillo tiene una irrebatible similitud, por ejemplo, con la sanguinaria dictadura militar de catadura nazi que, durante más de una década, en Argentina, torturó, desapareció, asesinó, a miles de opositores -régimen que usted conoció, personalmente, como sacerdote-“, precisó, a continuación.
La IS expulsó, el 29 de enero de 2019, al nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por considerar que el ex guerrillero partido político nicaragüense “ya no representa (a) la familia socialista”, a causa de las violaciones a las garantías fundamentales por parte de la dictadura ortegamurillista.
Al informar sobre la decisión -durante el cierre de la reunión llevada a cabo por el Comité de la IS para América Latina y el Caribe, en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana-, Rafael Michelini, senador por el centroizquierdista Frente Amplio (FA) de Uruguay, calificó la decisión como extremadamente difícil.
Resulta “desgarrador, cuando se decide excluir, a alguien, de la familia, y más, cuando se trata del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tiene un pasado glorioso”, indicó Michelini, entonces presidente del Comité de Disciplina de la IS, al presentar el informe del caso.
“Ellos, más que nadie, debieron ser ejemplo del respeto a los derechos humanos”, expresó.
Michelini es hijo del dirigente político de Uruguay -diputado, senador, uno de los cofundadores del FA, coalición política creada en 1971- Zelmar Michelini, quien fue asesinado en 1976, en el exilio, en Argentina, por sicarios de la dictadura militar uruguaya (1973-1985).
Durante su alocución, Rafael Michelini reafirmó que “no ha sido fácil tomar la decisión, pero, si nos exigimos respetar los valores de la IS, tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos”.
La decisión fue fuertemente objetada por el entonces representante del FSLN en la organización, Francisco “Chicón” Rosales, quien afirmó que la medida “es un verdadero adefesio jurídico”.
Rosales, ministro de Trabajo durante el gobierno (1990-1997) de la presidenta nicaragüense Violeta Barrios, se desempeñó, en el actual régimen, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cargo en cuyo desempeño falleció en mayo de 2021.
El entonces representante del FSLN en la IS, agregó que, “jamás, el Comité para América Latina ha discutido este tema”.
Fundada en 1951, por 27 partidos políticos -incluidos, los latinoamericanos el Partido Liberal Colombiano (PLC), y Partido Socialista (PS) de Uruguay-, la organización es, actualmente, integrada por 132 agrupaciones políticas a nivel mundial -17 de ellas, de América Latina y el Caribe-.
En su sitio en Internet, la IS explica que “trabaja intensamente a través del año para consolidar y desarrollar las políticas socialdemócratas en el mundo, incluyendo a través de las actividades de sus Consejo y de sus Comités temáticos y regionales, Grupos de Trabajo y Comisiones”.
También señala que, “con el propósito de profundizar, ampliar y promover áreas particulares de política global, la Internacional Socialista ha establecido comités temáticos”, y que “cada Comité fija un programa específico de actividades”.
Entre esos comités, figura el de Disciplina.
