Estados Unidos, país anfitrión/organizador de la 9 Cumbre de las Américas, decidió no invitar a tres personajes -no porque son dictadores sino porque no respetan la democracia-.
El rótulo en la puerta del hotel -como en la puerta de algún bar- es claro: “nos reservamos el derecho de admisión”.
De modo que, en ejercicio de ese derecho, los no-invitados son tres presidentes: el cubano Miguel Díaz Canel, el venezolano Nicolás Maduro, el nicaragüense Daniel Ortega.
Pero la actitud antidictatorial del dueño de casa, es selectiva, porque no incluyó a un par adicional de personajes dictatoriales: el salvadoreño Nayib Buquele, el brasileño Jair Bolsonaro -excelentemente apodado, por Hugo Chávez, como “Bolsonazi”-.
El proceder dictatorial de Buquele, con una irrupción militarizada -el 9 de febrero de 2020- en la sede de la unicameral Asamblea Legislativa, la manipulación -en 2021- del organismo legislativo para destituir a decenas de jueces, la imposición del bitcoin -la mejor manera para lavar narcodólares-, la militarización de la lucha antipandillera, al parecer no lo califican -en el mejor de los casos- como autócrata camino a dictador.
Un tipo quien, además, se ha reconocido, públicamente, como tirano –“el dictador más cool” del planeta, con todo y gorra puesta al revés-.
Tampoco parecen ameritar no-invitación las recurrentes/insultantes reminiscencias de Bolsonazi respecto a la brutal dictadura militar (1964-1985) -la que públicamente declara, recurrentemente, que extraña-, ni el ecocidio que tiene lugar en la Amazonia, por la corrupta autorización a grandes ganaderos para que destruyan el bosque -generando masivos incendios en territorio no solamente brasileño sino de varios de los otros ocho países amazónicos vecinos-.
Eso, sin contar con la misoginia que caracteriza al mediocre capitán retirado, quien, entre otras agresiones de género, se permitió -cuando era un gris diputado-, decir, a una colega, que no la violaba porque no era atractiva.
Es una lástima que los organizadores de la novena cumbre continental hayan decidido excluir a Díaz Canel, a Maduro, y a Ortega, de la lista de invitados.
Al hacerlo, protegieron, al trío, de la inevitable confrontación personal con aquellos de sus pares quienes se han pronunciado en oposición a las dictaduras que, respectivamente, encabezan.
Habría sido interesante, por ejemplo, ver, a los tres tiranos, llamados a rendir cuentas de sus arbitrariedades, de las violaciones a los derechos humanos que impunemente -hasta ahora- vienen cometiendo, de los crímenes de lesa humanidad implícitos en el atropello a las garantías fundamentales.
De modo que, no obstante sus expresiones oficiales, los tres dictadores seguramente están, íntimamente, agradecidos, porque el imperio les ahorró ese mal momento público.
Por razones diferentes a estas, quince integrantes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dirigieron, el 26 de mayo, una carta, Joe Biden -como anfitrión del excluyente encuentro-.
En el texto de seis párrafos, plantearon que las ausencias pueden comprometer la incidencia estadounidense en América Latina.
“Una cumbre fracturada impactará, por lo tanto, negativamente nuestra relación bilateral con aliados en la región quienes han mantenido buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con los países no invitados”, advirtieron.
En lo inmediato, los excluidos reaccionaron, formalmente, con rabietas -y una contracumbre-, tratando de restar importancia a la decisión de Estados Unidos.
En realidad, la decisión del gobierno de Biden no fue más que un gesto diplomático-absolutamente carente de incidencia- para afirmar, por enésima vez, que Cuba, Nicaragua, y Venezuela son gobernadas por dictaduras.
Y, en este caso, optó por un eufemismo.
De acuerdo con lo expresado por uno de sus principales voceros, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en declaraciones a una estación de televisión latinoamericana, “si los países no respetan la democracia, no son invitados”.
De modo que la no-invitación, por ejemplo, a Daniel Ortega, no obedeció a que se trata de un dictador estilo Pinochet, o Videla, o “Goyo” Álvarez, o Banzer, un corrupto tirano perpetrador de violaciones a los derechos humanos en grado de flagrantes crímenes de lesa humanidad, sino que se lo excluyó porque es un gobernante que no respeta la democracia.
O sea que, para los organizadores de la cumbre, Ortega no es un dictador de catadura nazi: es un gobernante que ni siquiera viola la democracia -apenas, no la respeta-.
Probablemente, en este caso, Estados Unidos esté ampliando, al ámbito de la cumbre continental, la doble moral que le permite, simultáneamente, sancionar a allegados a Ortega -precisamente, por complicidad en violaciones a los derechos humanos y en hechos de corrupción-, pero, fuera de cámaras, recibir a uno de ellos, como emisario.
Es exactamente lo que destapó, el 5 de mayo, el diario estadounidense The New York Times, cuando, formalmente, reveló algo que se sabía extraoficialmente: el comandante antimperialista dialoga, fuera de cámaras, con el imperio.
Según lo informado por el Times, el nuevo “Chigüín” nicaragüense -Laureano Ortega, visto como el heredero político de su padre- es el enviado del dictador para negociar, secretamente, con “los yanquis” -como el comandante define al que, se supone, es su principal enemigo-.
Tal es el doble discurso/la doble ética del imperio: usar a sus fichas políticas, mientras le son útiles, para, luego, abandonarlas.
Juan Orlando Hernández -el tan impopular cuanto corrupto JOH-, en Honduras, el más reciente ejemplo de ese utilitarismo político, está experimentándolo.
Entretanto, en reacción a la no-invitación a la Novena Cumbre de las Américas-programada para los días 6 a 10 de junio-, el trío excluido participó, el 27 de mayo -10 día antes del inicio de la otra-, en su propia reunión en la cima política opuesta: la 21 Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).
Creación de Fidel Castro y Hugo Chávez, en 2004, como Alianza Bolivariana para América (Alba), la agrupación continental antimperialista surgió como contraparte a la frustrada Área de Libre Comercio de las Américas (Free Trade Area of the Americas, Alca) que, impulsada por Bill Clinton, no prosperó.
La primera Alba -cuyo objetivo central era el combate a la pobreza y la exclusión social-, cambió nombre, cuando, en 2007, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, propuso ampliar, al comercia, el campo de acción de la alianza.
Así, pasó a llamarse Alba-Tcp (Tratado de Comercio de los Pueblos).
Una nueva modificación de etiqueta ocurrió en 2009, a iniciativa de Chávez, de modo que se adoptó el más extenso nombre actual: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-Tcp).
En cuanto a las cumbres continentales, la inaugural tuvo lugar del 9 al 11 de diciembre de 1994, en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami, a iniciativa de Clinton.
Desde entonces, y a intervalos de tres a cuatro años, ocho reuniones ordinarias han tenido lugar, la más reciente, el 13 y el 14 de abril de 2018, en Lima, la capital de Perú.
Un encuentro extraordinario se llevó a cabo el 12 y el 13 de enero de 2004, en la norteña ciudad mexicana de Monterrey.
Estos diálogos de gobernantes americanos y caribeños debieron, entre otros cometidos, implementar la puesta en vigencia, en 2005, del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), alianza que no contó con el consenso necesario para convertirse en realidad.
Las reuniones de esta naturaleza -incluidas las actuales cumbres del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), y las iberoamericanas-, no producen resultados que, en línea con sus ambiciosos y burocráticos enunciados, beneficien a la gente, a la población base.
En lo que tiene que ver con el Sica, las reuniones de presidentes llevadas a cabo en la década de 1980, sí, tenían sentido, porque se trataba de lograr la pacificación política de Centroamérica, entonces convulsionada por las guerras que brutalmente golpeaban a Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1992), Nicaragua (1982-1990).
El financiamiento imperial estadounidense estuvo criminalmente presente en los tres conflictos -que también afectaron a Honduras, aunque este país no fue escenario de combates-, apoyando, en el caso de Guatemala y El Salvador, a las fuerzas armadas de cada país -respectivamente enfrentadas a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (Fmln), ambas agrupaciones ahora operando como partidos políticos-.
En el caso de Nicaragua, los dólares fueron para la contrarrevolucionaria Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) -la principal de las guerrillas mercenarias- en combate contra el Ejército Popular Sandinista (EPS), en una guerra proxy mediante la cual el gobierno estadounidense encabezado por Ronald Reagan intentó, por la vía armada, derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) -lo que fue posible, más sencillamente, por la vía de las elecciones de 1990-.
Pacificada políticamente Centroamérica -ahora golpeada por las narcoguerras territoriales-, las reuniones de gobernantes del Sica -sistema ampliado a Panamá y a República Dominicana- perdieron relevancia.
La más nueva de esas invenciones burocráticas que no resuelven nada es la especie denominada Cumbres Iberoamericanas, patéticamente intrascendentes.
En el contexto de las cumbres de las Américas -el plural derivado del ilegítimo apoderamiento, por un país, del continental nombre América-, la de mayor relevancia fue la tercera, llevada a cabo del 20 al 22 de abril de 2001, en la oriental y francoparlante ciudad canadiense de Quebec.
En ese encuentro, fue aprobada la cláusula que, cinco meses después, en la sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Lima, se convirtió en la Carta Democrática Interamericana
Según el sexto párrafo de la Declaración de Quebec, “las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas”.
De modo que, “para mejorar nuestra capacidad de respuesta a estas amenazas, instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”.
Chávez -participante en el encuentro- se opuso al contenido de ese enunciado.
Cuando, finalizada la reunión, lo entrevisté al respecto, me dijo que “con esa cláusula estamos demostrando que, en América Latina, todavía le tenemos miedo a los golpes de Estado”.
A mi pregunta de a qué atribuía eso -para carcajadas de ambos-, me respondió: “pues, habría que consultar a un muy buen psiquiatra” -afirmación que se convirtió en tema de una de mis notas en la cobertura de esa reunión-.
Irónicamente, un año después, un breve ensayo golpista intentó derrocarlo.
Pero la Carta Democrática Interamericana no ha sido útil en el caso de Nicaragua, cuya dictadura no fue aislada mediante ese instrumento sino que el régimen se dio el lujo, este año, de anunciar su salida de la OEA.
El artículo 20 de la carta establece que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Según la naturaleza de la situación en cuestión, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, agrega.
La disposición reafirma que, durante el proceso, se llevará a cabo las gestiones diplomáticas pertinentes, entre ellas, los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
A continuación, el artículo 21 prevé los pasos a seguir en el caso de que las gestiones diplomáticas y de buenos oficios no sean exitosas, y determina que el país en cuestión sea sancionado, por la vía de la suspensión como integrante de la OEA.
Desde la aprobación de la Carta Democrática, en 2001, la sanción de suspensión se ha aplicado una vez, en el caso del cruento golpe de Estado que, en junio de 2009, derrocó, en Honduras, al presidente Manuel “Mel” Zelaya, siete meses antes de que finalizara su mandato constitucional.
En el contexto de burocráticos encuentros de gobernantes continentales -incluidos los del Alba-, reuniones absolutamente carentes de incidencia, las cumbres iberoamericanas son las menos notorias -o sea, las más groseramente inoperantes-.
Pareciera como que existiera una competencia de ineficacia, entre los encuentros.
Los gobernantes se reúnen -como la denominación oficial lo indica- en la cima política -en hoteles de varias estrellas-, lo más lejos posible de la gente -a la que, en el papel, benefician, pero que, en realidad, no sacan de la pobreza-.
- Quizá por eso -por estar alejadas de la base-, son reuniones en la cúspide.
- Lo mismo aplica para las cumbres americanas, las iberoamericanas, las del Alba.
Ahora, en el caso de la Novena Cumbre de las Américas, a escenificarse en la occidental ciudad estadounidense de Los Ángeles, los tres dictadores excluidos armaron su propio escenario, en La Habana, en la XXI Cumbre Alba-Tcp.
Antes de esa reunión, el trío excluido echó sus berrinches.
Por una parte, Díaz Canel -el compañero heredero- declaró que, aunque hubiese recibido invitación para asistir a la reunión, no habría participado.
En Venezuela, Maduro -el poseedor de coeficiente intelectual no envidiable- afirmó que, al excluir a los tres, el gobierno anfitrión optó por discriminar a los respectivos pueblos.
Entretanto, en Managua, Ortega -el comandante antiyanqui quien dialoga, por debajera, con “los yanquis”-, al igual que su par cubano, declaró el encuentro continental como de no-interés.
“Eso no puede ser! Eso no puede ser! Tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo al yanqui o rogándole que queremos ir a su cumbre”, exclamó, al participar, el 19 de mayo, en la celebración central del 127 aniversario del nacimiento de Augusto César Sandino -El General de Hombres Libres- (1895-1934).
“No, a nosotros no nos estimula su Cumbre!”, reafirmó, para agregar y subraya que “los yanquis están marginando a Venezuela, Cuba, y Nicaragua, pero, yo le digo, desde aquí, al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa”.
“Ir a esa Cumbre es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse ya sabemos de qué”, reflexionó, y reafirmó: “sí, esa Cumbre no enaltece a nadie, más bien ensucia, embarra”.
En su opinión -en este caso, certera-, “tenemos que defendernos, los latinoamericanos, para que nos respeten”.
Eso fue, exactamente, lo que hizo Sandino: lanzó, contra “los yanquis”, una guerra militar que, simultáneamente, fue una guerra de dignidad nicaragüense -y dignidad latinoamericana-.
Los organizadores de la reunión en Los Ángeles, establecieron espacios simultáneos de diálogo -para organizaciones de sociedad civil entre sí, y con altos funcionarios estadounidenses-.
Se trata de los “foros de partes interesadas”, los que, de acuerdo con la documentación oficial sobre la reunión, fueron concebidos, por el Departamento de Estado, “con el espíritu de fomentar una cumbre más inclusiva”.
La expectativa respecto al encuentro en la cima, en el mejor de los casos, un gran signo de interrogación se cierne sobre la nueva serie de conversaciones.
Por el bien de la gente, ojalá los resultados, esta vez, trasciendan los enunciados de la burocráticamente tradicional declaración final -que, en este caso, previsiblemente sea la Declaración de Los Ángeles-.
Y, ojalá, por el bien de los tres pueblos -y de los derechos humanos-, la exclusión del trío marque el inicio de su exclusión del poder -y su enjuiciamiento-.
