La exguerrillera sandinista y exdiputada Mónica Baltodano, exiliada en Costa Rica, denuncio este lunes a través de sus redes sociales que el gobierno de Nicaragua a cargo del régimen de los Ortega- Murillo, una vez más en su afán de callar a sus opositores y secuestrar su libertad de expresión reprime a su familia.
Baltodano posteo en sus redes sociales que ella y su familia eran víctimas de violación de su derecho de libre circulación, mismo que los restringe a permanecer en Costa Rica, además de impedir poder reencontrarse con el resto de su familia en otros países y ejercer plenamente sus libertades.
Esto después que, según ella, las autoridades consulares de Nicaragua en Costa Rica, le comunicaran que ella, su esposo Julio López Campos, y su hijo Umanzor, no podrían renovar sus pasaporte, por disposición de las autoridades migratorias de Nicaragua, estos deberían realizar su renovación en las oficinas centrales de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua.
NUEVA AGRESIÓN DE LA DICTADURA CONTRA MI FAMILIA
Quiero por este medio denunciar otra violación a los derechos humanos de mi esposo Julio López Campos, nuestro hijo Umanzor y de mi persona. A los tres nos negaron la renovación de nuestros pasaportes, después de realizar todos los tramites en el Consulado de Nicaragua en Costa Rica. Nos comunicaron que «por instrucciones de Migración en Managua, debíamos realizar el trámite en Nicaragua», cuando ellos saben que estamos exiliados, para evitar ser encarcelados como muchos opositores. Esta acción violenta nuestros derechos civiles y humano por las siguientes razones:
1. Es un acto de negación de nuestra nacionalidad que busca impedirnos de facto ejercer la ciudadanía efectiva como nicaragüenses. Tanto la cédula como el pasaporte son documentos que a uno lo acreditan como nacional del correspondiente Estado, y esta actuación, motivada en una represalia política, intenta de facto convertirnos en apátridas (aunque no nos hayan retirado por resolución la nacionalidad).
2. Es una violación a nuestro derecho de libre circulación, que no solo nos restringe a permanecer en Costa Rica, sino que nos impide reencontrarnos con la familia en otros países y ejercer plenamente nuestras libertades.
3. Es una violación al derecho al trabajo, ya que nos impide viajar a otros países en donde podríamos trabajar o generar ingresos para sobrevivir.
4. Es un abuso de autoridad por parte del Estado, pues ni siquiera emitieron una resolución que «sustente» esta denegación. Al hacerlo verbalmente y de manera informal, restringen la posibilidad de recurrir contra la decisión misma, reducida a «órdenes superiores». El derecho a recurrir frente a decisiones de las instituciones públicas está consagrado en la Constitución y en las leyes.
Todo ello ocurre a pesar de que nosotros somos beneficiaros de medidas cautelares por parte de la CIDH, razón por la que hemos enviado esta denuncia también a los organismos internacionales de Derechos Humanos.
