El Consejo Permanente (CP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunió, el 8 de diciembre, una nueva mayoría de votos para dar aprobación a una nueva resolución sobre Nicaragua.
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En poco más de dos meses, el CP estableció la marca de haber aprobado tres resoluciones-respectivamente, el 20 de octubre, el 19 de noviembre, y la más reciente- referidas a la dramática situación nicaragüense.
Ahora, en el planteamiento más enérgico, resolvió emitir una instancia -no una exigencia-, al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a que libere a los presos políticos -los rehenes- que mantiene recluidos bajo acusaciones fabricadas.
Con igual debilidad, planteó la realización de un amplio diálogo nacional cuyo objetivo sea modificar la arbitraria legislación electoral, dejar sin efecto las ilegítimas leyes sobre cuya base justifica la detención de opositores, y autorizar el regreso de los organismos internacionales que ha expulsado del país.
En el primero de los cinco puntos resolutivos, contenidos en muy poco más de dos páginas, el CP anunció la decisión de “concluir que Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana”.
En el segundo, acordó “instar al Gobierno de Nicaragua a que, con carácter urgente y como primera medida, ponga en libertad a todos los presos políticos y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA con el mandato de llegar a un acuerdo sobre un proceso que conduzca” al logro de tres objetivos.
Se trata de, inicialmente, “la realización de reformas electorales integrales, de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional”.
A continuación, “la revocación de todas las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos humanos de una manera contraria a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”.
Además, “un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.
Según el tercer punto resolutivo, el CP decidió “hacer un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que permita el retorno inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Ello, además de “encomendar al Secretario General (de la OEA, el uruguayo Luis Almagro) que solicite con urgencia una reunión con el Gobierno de Nicaragua a fin de transmitirle esta decisión y obtener su compromiso de aceptar una misión de buenos oficios de alto nivel para realizar lo dispuesto en el párrafo 2, incisos a), b) y c) de esta resolución, como primera medida para restablecer el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana cuanto antes”.
La alusión es, respectivamente, a la liberación de los presos políticos, la anulación de la legislación ilegal, la realización del diálogo multipartito.
Asimismo, el CP decidió “solicitar que el Secretario General informe sobre estas gestiones diplomáticas al Consejo Permanente a más tardar el 17 de diciembre de 2021” -la cuarta reunión en menos de dos meses-.
Lo actuado -recurrentemente- por el Consejo Permanente, se asemeja demasiado a una burla hacia el pueblo nicaragüense.
Porque, por ejemplo, afirmar -el 8 de diciembre de 2021- que se llega a la conclusión de que el régimen Ortega-Murillo no está cumpliendo con lo establecido en la Carta Democrática
-algo que viene ocurriendo, sistemáticamente, desde que la violenta crisis estalló, en abril de 2018-, constituye un insulto a las víctimas de la brutal represión policial/paramilitar que ha sido la constante en más de tres años y medio en el país centroamericano.
Igualmente, “instar”, a la dictadura, a liberar a los presos políticos, es una ofensa, como también lo es el planteamiento de un amplio diálogo nacional, que se trata, exactamente, de lo que el régimen se apresta a lanzar tras el inicio, el 10 de enero, del cuarto período consecutivo de Ortega en la presidencia de Nicaragua (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022, y el proyectado 2022-2027).
Será la tercera farsa de diálogo, después de las dos que armó -e hizo que fracasaran-, con mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en 2018.
Se trata de acciones inconducentes, manipuladas por los dictadores, para generar, ante la comunidad internacional -la OEA incluida-, la imagen de buena voluntad en cuanto a buscar solución a la crisis, y lograr una necesaria oxigenación política para evitar eventuales acciones que los acorralen y los asfixien -entre las que puede figurar su sometimiento a la justicia internacional, como responsables de masivas violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad-.
La totalidad de los puntos contenidos en la resolución aprobada el 8 de diciembre por el Consejo Permanente de la OEA son impracticables, algo que el CP no solamente sabe, de sobra, sino que admite, al afirmar, en resolución tras resolución, que el régimen Ortega-Murillo no cumple con las decisiones que el organismo continental, reiterada e infructuosamente, adopta.
La dictadura que golpea, con saña, a los nicaragüenses -reprimiendo aun fuera de las fronteras nacionales, como lo hicieron, en el marco del Plan Cóndor, las dictaduras sudamericanas del último tercio del siglo 20-, tiene, de hecho, en el Consejo Permanente de la OEA, un aliado clave que, con la cruel pantomima de resoluciones supuestamente condenatorias, le proporciona el oxígeno político que necesita para subsistir.
De modo que, mientras no rectifique su conducta, mientras no acorrale -de verdad- al régimen Ortega-Murillo hasta hacerlo bajar del poder -para que sea judicialmente castigado-, el CP seguirá siendo un ciego quien, con tenacidad, no quiere ver una flagrantemente brutal realidad.
