George Rodríguez/Foto-JBS archivo
Diferentes actores de la comunidad internacional persisten en producir declaraciones de preocupación por la brutalmente dramática situación nicaragüense, de condena a las violaciones a los derechos humanos, y, ahora, denunciando el fraude electoral con miras a las elecciones del mes próximo.
También anuncian, recurrentemente, sanciones contra integrantes del círculo de poder alrededor de los dictadores -Daniel Ortega y Rosario Murillo-, y contra instituciones directamente responsables de la demencial represión y la masificada corrupción.
Sistemáticamente, describen, una y otra vez, lo que ya se sabe.
Los organismos regionales, y los gobiernos, que actúan así, parecieran empecinados en negar la realidad: la pareja gobernante -al igual que sus cómplices- se burla de todo eso.
Por lo tanto, eso no sirve.
Punto.
Fin de discusión.
Desde 2018, cuando estalló la violenta crisis sociopolítica y humanitaria que sigue golpeando a los nicaragüenses, Estados Unidos ha sancionado a un número considerable de personas-incluidos Murillo, dos de sus hijos, el jefe de la policía y consuegro de Ortega, la Policía Nacional, para mencionar algunos ejemplos-.
Canadá ha actuado de manera similar -aunque con menos frecuencia-, lo mismo que la Unión Europea (UE).
Resultado?
Nada.
O, quizá, peor que nada, porque, al tiempo que esos gobiernos y esas entidades formulan inútiles pronunciamientos, organismos crediticios mundiales mantienen el financiamiento a la dictadura -la oxigenan-.
De acuerdo con un cálculo dado a conocer, recientemente, por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), “el régimen ha recibido más de 2 mil 695 millones de dólares, solamente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2021, de parte de entidades financieras regionales e internacionales”.
Y el argumento de que se trata de fondos para áreas tan vitales como, por ejemplo, salud, o medio ambiente, carece de sustento, en virtud de la fenomenal corrupción imperante, contexto en el cual el destino declarado de esos recursos -y cualquier otro financiamiento- queda flagrantemente desvirtuado.
Entonces, a qué juega la comunidad internacional?
A sancionar -hipócritamente, y para quedar públicamente bien-, a integrantes de la cúpula dictatorial, por violaciones a los derechos humanos -incluidos crímenes de lesa humanidad-, mientras sigue financiándola -con la gastada excusa de no perjudicar al pueblo-?
La aparente ambigüedad, realmente, no es tal: en los hechos, es lisa y llana -y vergonzosa- complicidad -por acción o por omisión, da lo mismo- con el régimen al que declara oponerse.
Porque esto es blanco o negro: o se está en contra o se está a favor de la dictadura -no hay grises-.
En consecuencia, en la medida en que esa actitud persista, la tiranía ortegamurillista seguirá fortaleciéndose.
De qué sirve seguir denunciando lo que está más que denunciado, relatando lo que está más que relatado, sorprendiéndose por lo que ya no causa sorpresa?
De qué sirve que, a cada estéril resolución condenatoria, a cada ineficaz sanción económica, siga la acostumbrada serie de aplausos por parte de diferentes gobiernos y diversas organizaciones?
Lo único que hace, el repetitivo lenguaje burocrático, es fortalecer a la dictadura, porque le demuestra que no hay voluntad para combatirla verdaderamente.
Lo que urge, es sacar al régimen.
Lo que se necesita, no es hipocresía que continúe oxigenándolo sino alguna acción -con dientes- que lo remueva -o que inicie el proceso-.
Casi que es posible oír las carcajadas del dúo dictatorial, ante cada una de las inútiles sanciones, y cada una de las declaraciones de enérgica condena y profunda preocupación.
Los casos más recientes -es perfectamente lógico prever nuevos momentos de vergüenza ajena- han tenido desarrollo -en octubre, y en el lapso de apenas tres días- en dos escenarios: el patéticamente inútil Consejo Permanente (CP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el sorprendentemente hipócrita o desinformado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
En el caso del CP-OEA, 26 de los 34 países activamente integrantes de la organización, aprobaron, el martes 18, una resolución de cinco puntos -más cuatro considerandos-, en la que expresan -por enésima vez desde el estallido de la crisis nicaragüense- preocupación y alarma ante las barbaridades del régimen, además de que, nuevamente, lo exhortan a dejar de hacer lo que está haciendo -y no dejará de hacer-.
Los integrantes del Consejo Permanente harían bien en revisar lo rescatable de la triste historia de la OEA, y recordar que la organización aprobó, en junio de 1979, una resolución planteando la necesidad de que el último de los Somoza abandonase el poder, lo que se sumó a la indetenible lucha guerrillera, y se constituyó en un elemento de incidencia en la caída -un mes después- de aquel sanguinario y corrupto régimen nicaragüense.
En ese tiempo, el instrumento clave -para el accionar de la OEA- que es la Carta Democrática Interamericana, no existía -su vigencia rige desde setiembre de 2001-, sin perjuicio de lo cual, la organización continental -entonces conocida como “el ministerio de colonias” de Estados Unidos-, logró actuar con algo de dignidad.
Pero, 42 años después, la mayoría del CP no está manejándose así, habiendo optado por mantener el curso de inacción -disfrazado de acción-.
Titulado “La situación en Nicaragua”, la nueva resolución, contenida en casi dos páginas, incluye el reconocimiento tácito de la indignante inoperancia del CP, y de la futilidad de sus recurrentes expresiones.
En el primero de los considerandos, el consejo indica que emitió el nuevo texto, “RECORDANDO las exhortaciones de los Estados Miembros al Gobierno de Nicaragua contenidas en todas las declaraciones, resoluciones y mandatos previos adoptados en apoyo a elecciones libres y justas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua”.
A continuación, aclara que lo hizo “CONSTATANDO CON PREOCUPACIÓN que las recomendaciones del Consejo Permanente contenidas en la resolución CP/RES. 1175 (2324/21), ‘La situación en Nicaragua’ del 15 de junio de 2021, no han sido tomadas en cuenta por el Gobierno de Nicaragua”.
Los promotores de la resolución parecen débiles de memoria, ya que, en realidad, el régimen no solamente ha ignorado absolutamente todas las recomendaciones sino que, cuando tomó alguna medida -por ejemplo, las reformas, de mayo de este año, a la legislación electoral- lo hizo burlándose de la OEA, y empeorando la crisis nicaragüense.
El consejo también se declara “ALARMADO por los hallazgos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuestos en el Informe Verbal sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, presentado el 13 de septiembre de 2021”.
En tal sentido, indica que, en ese informe, la funcionaria internacional -Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile- “detalla ‘detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles’ y la ‘cancelación de otros dos partidos políticos en mayo pasado’, eliminando ‘todas las opciones posibles para las candidaturas de las principales agrupaciones de la oposición’”.
Afortunadamente, alguien logró generar alarma en los integrantes del CP-OEA, e informarlos de que, en junio y julio, Nicaragua fue escenario de una redada policial/paramilitar -de estilo nazi- para capturar a seis aspirantes presidenciales con alguna posibilidad de hacerle ruido al garantizado triunfo de la pareja gobernante -además de detener a otros dirigentes-.
Debidamente alarmados los promotores y los demás votantes de la resolución, el CP se confiesa, asimismo, “PREOCUPADO de que las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con los criterios mínimos para elecciones libres y justas tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana y, por lo tanto, debilita la credibilidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar el 7 de noviembre de 2021”.
La interpretación de cierre de ese punto, en cuanto al proceso electoral, parte de una conceptualización monumentalmente equivocada: no es posible debilitar la credibilidad de las próximas elecciones, sencillamente, porque la credibilidad no existe.
Los descubrimientos enumerados en el texto -cinco meses después de aprobadas las reformas a la legislación electoral-, llevaron, al consejo, como primer punto resolutivo, a “reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”.
También, a “expresar su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados”.
Igualmente, a “tomar nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral”.
- Asimismo, a “urgir con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble”.
Y -como presuntamente intimidatoria advertencia de cierre-, a “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General CP45059S01-reunión virtual a llevarse a cabo del 10 al 12 de ese mes, con Guatemala como sede-.
Por si todo lo anterior fuese poco, es flagrante, en materia de violaciones a los derechos humanos -y de crímenes de lesa humanidad-, la ofensiva omisión respecto a señalar, puntualmente, las masacres que, recurrentemente, tienen lugar contra comunidades indígenas-en particular los pueblos Mayangna (Sumo) y Miskito- en el oriental sector costero caribeño.
En similar -aunque mayor- falta incurrió el comité de Naciones Unidas, al declararse, en un informe de 11 páginas, satisfecho con lo que describe como “aspectos positivos” de la situación nicaragüense.
En ese sentido, inadmisiblemente afirma, en el texto fechado el 15 de octubre, que “el Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para consolidar la promoción y protección del goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular (…) de pueblos indígenas y afrodescendientes”.
- Ello, no obstante el hecho de que, por ejemplo, en su informe correspondiente a los meses de julio y agosto de este año, la Anpdh citó datos propios y de otras organizaciones de derechos humanos, referidos a apenas una de tales acciones criminales, en el territorio de Musawás, con saldo de doce personas asesinadas.
Entretanto, en su patética resolución, la mayoría del CP-OEA insiste, en moderar el trato al régimen Ortega-Murillo, aunque no es más que una tiranía de irracionales características similares a los rasgos de los fascistas regímenes de facto que oprimieron, principalmente durante los años ’60 a ’80, a la mayoría de los países latinoamericanos -Nicaragua incluida, con la dictadura somocista-.
Habiendo estado en algunas de esas brutales realidades -de las cuales la OEA fue cómplice-, y tras haberme movido en la mira de dictaduras de ese tiempo, considero inaceptable la conducta omisa por parte de los gobiernos que persisten en mantener un curso de aparente acción, que no afecta, en absolutamente nada, a una tiranía que figura entre las más brutales y corruptas que América Latina ha padecido.
Al observar el drama de Nicaragua, los flashbacks a aquellos regímenes, son inevitables.
La persistente situación de Nicaragua -como la de cualquier otro país agobiado por un régimen represor- amerita que se descarte la ruta de la indiferencia burocrática, de tibias declaraciones diplomáticas.
Amerita, igualmente, que se emprenda el camino de las acciones eficaces que, por una parte, remuevan a la dictadura, y, por otra, sometan, a la pareja gobernante -y a sus cómplices-, a la justicia universal.
Los nicaragüenses encarcelados, desaparecidos, torturados, asesinados por la dictadura ortegamurillista no merecen que los menosprecie una entidad cuyo hipócrita lema es “más derechos para más gente”.
Dónde están los derechos de los nicaragüenses?
