George Rodríguez/Foto-Medios
El régimen dictatorial que gobierna a Nicaragua está transgrediendo normas internacionales que amparan la independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país.
Se trata de los Principios sobre la Protección y la Promoción de la Institución del Defensor del Pueblo -más conocidos como Principios de Venecia-, adoptados, en marzo de 2019, por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho -Comisión de Venecia, denominación por la cual también se la conoce, y que toma el nombre de la nororiental ciudad italiana en la que suele reunirse-.
Ningún ombudsman (defensor de los derechos humanos) debe ignorar esa clase de situaciones, advirtió la defensora de los Habitantes costarricense, Catalina Crespo, al denunciar una de las numerosas consecuencias nocivas de la violenta crisis sociopolítica que, desde abril de 2018, golpe a Nicaragua.
“Los Principios de Venecia, en pro de la independencia de la Institución del Ombudsman, en Nicaragua, han sido transgredidos por la injerencia del Régimen, sobre la Procuraduría de DDHH de ese hermano país centroamericano”, expresó Crespo, citada en un comunicado que la entidad a su cargo emitió el 23 de agosto.
El propósito de la comisión, es el de “conferir, a los ‘Principios de Venecia’, la naturaleza de un texto vivo, capaz de adaptarse a diferentes contextos legales y políticos”, planteó.
Ello, “a efectos de servir como principios legales esenciales para el establecimiento y buen funcionamiento de las Defensorías del Pueblo, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho”, agregó.
“Por lo anterior, el giro hacia la dictadura y la tiranía, por parte de un gobierno, debe provocar que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos asuman su función en favor del pueblo y de sus derechos”, puntualizó, a continuación.
Esto, “en vez de prestarse, con su silencio cómplice, a cohonestar las violaciones de derechos humanos que ejercen los detentadores del poder en contra de los habitantes y sus organizaciones, a quienes los Principios de Venecia, llaman a defender, como misión central del Ombudsman en cada Nación”, precisó.
“En estos tiempos, nuestras instituciones son aún más necesarias para garantizar el balance y los contrapesos que caracterizan el sistema democrático, exigiendo transparencia a los Gobiernos y la rendición de cuentas ante el pueblo, lo cual dejó de ocurrir en Nicaragua desde hace unos años atrás”, denunció Crespo, quien además, está en ejercicio -hasta febrero de 2022- de la rotativa Presidencia del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (Ccppdh).
La defensora también destacó, “en el contexto de la crisis de gobernabilidad autoritaria que vive ese país centroamericano”, la ausencia de acciones de protección a los derechos de la población, en Nicaragua.
Igualmente, hizo referencia a los acuerdos suscritos, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nicaragüense, con el Ccppdh, además de la Global Alliance of National Human Rights Institutions (Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Ganhri).
Establecida en 1993, la Ganhri es una red mundial constituida por 117 instituciones nacionales de derechos Humanos (Indh), cuyos objetivos principales incluyen el de coordinar la relación entre las entidades que la integran y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
Respecto a esos acuerdos, Crespo explicó, en términos generales, que, todos, exigen, a los respectivos gobiernos, “abstenerse de toda intervención que afecte y condicione el trabajo que esas instituciones están llamadas a hacer en cumplimiento de los Pactos y Convenios que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Adoptados en 2019, por la Comisión de Venecia, los 23 principios determinan, entre otros componentes, que “el Defensor del Pueblo es una institución que debe actuar de manera independiente contra la mala administración y las denuncias de violaciones de los derechos humanos que afecten a un individuo o una persona jurídica”.
- Asimismo, que “el derecho de queja ante el Defensor del Pueblo se añade al derecho al acceso a la justicia a través de los tribunales”.
- Además, que “los gobiernos y parlamentos deben aceptar la crítica en un sistema transparente
que rinde cuentas al pueblo”.
El penúltimo principio, advierte que “los Estados se abstendrán de adoptar cualquier acción que tenga por objeto o por resultado la supresión de la Institución del Defensor del Pueblo o que impida su funcionamiento efectivo, y la protegerán eficazmente de tales amenazas”.
En materia de derechos humanos, las violaciones a las garantías fundamentales, en Nicaragua, son permanentes bajo el régimen que encabezan el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
De acuerdo con expertos internacionales y nacionales -incluido el abogado nicaragüense Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), asilado políticos, desde 2018, en la limítrofe Costa Rica-, esas transgresiones incluyen crímenes de lesa humanidad -tales como la tortura, en diferentes modalidades particularmente crueles, a la que se somete a la mayoría de los presos políticos, a quienes, además, se mantiene recluidos en condiciones inhumanas-.
En el marco de la ininterrumpida represión policial y paramilitar, que se desarrolla en el contexto de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo está enfocando la agresión antiopositora, desde el mes pasado, en los sectores político, de derechos humanos, y de sociedad civil -incluidos el campesinado y el sector privado-.
Observadores locales han advertido que, la mira represora podría enfocarse, a continuación, en el campo religioso.
En este contexto, varios precandidatos presidenciales, y una precandidata vicepresidencial, permanecen detenidos.
La primera de estas capturas, el 3 de junio, tuvo, como objetivo, a Cristiana Chamorro, hija de Pedro Joaquín Chamorro -periodista y director de La Prensa asesinado, en 1978, en Managua, la capital nacional, por la dictadura somocista (1931-1979)- y de Violeta Barrios -la primera mujer quien ha desempeñado la presidencia de Nicaragua (1990-1997)-.
Chamorro -detenida bajo arresto domiciliario- es falsamente acusada de haber incurrido en el delito de lavado de dinero.
Los delitos que se tipifica a los presos políticos, son fabricados a conveniencia del régimen, y se enmarcan en el uso que la dictadura hace, del sistema judicial, como arma adicional de represión, un componente del terror de Estado que el gobierno ortega-murillista ha impuesto en su constante violación de los derechos humanos.
