ANPDH denuncia a estafador quien en Nicaragua actúa en su nombre

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George Rodríguez/Foto-ANPDH Prensa

Un estafador, quien actúa, ilegalmente, en nombre de la Asociación Nicaragüense

Pro-Derechos Humanos (ANPDH), emite documentos falsificados -supuestamente para gestión de refugio en el exterior-, por los cuales obtiene dinero, denunció la organización no gubernamental.

Se trata de un hombre identificado como José Marcial Medina Ramírez, quien opera en el sector de la noroccidental ciudad de Chinandega, precisó, la Anpdh, en un comunicado de siete puntos, que emitió en San José, la capital de Costa Rica, donde trabaja, desde 2018, en el exilio.

Medina emite, a cambio de dinero, un documento que lleva su firma, y se titula “Solicitud de Refugio o Asilo”, de acuerdo con lo denunciado el 1 de julio.

Al exponer el hecho, la Anpdh aclaró que, desde su salida de Nicaragua -a causa de persecución por el régimen que encabezan el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo-, no cuenta con oficina ni representantes, en ese país.

También aseguró que los servicios que ofrece son, sin excepción, gratuitos.

La organización indico que fue “alertada acerca de la circulación de un documento denominado ‘SOLICITUD DE REFUGIO O ASILO’, que lleva el supuesto membrete y sello de nuestro organismo y que, según se afirma en redes sociales, ha sido emitido a cambio de dinero en la ciudad de Chinandega, Nicaragua, firmado por estafadores del régimen quienes afirman ser representantes departamentales de la ANPDH”.

“Uno de ellos ha sido identificado como José Marcial Medina Ramírez”, señaló, a continuación, en el texto contenido en una página.

Al “aclarar ante la opinión pública nacional e internacional”, lo ocurrido, la asociación relató que, “desde el mes de agosto del año 2018 y en aras de salvaguardar los expedientes de víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares, así como la vida e integridad física, la mayoría de los directivos de ANPDH decidimos salir de Nicaragua rumbo al exilio en Costa Rica”.

En esta nación centroamericana, “legalmente establecimos nuevamente nuestra organización apoyando a los nicaragüenses solicitantes de refugio en este hermano país, a través de un acompañamiento legal, que comprende todo el proceso”, continuó narrando.

“A partir de esa fecha -agosto 2018-, la ANPDH no tiene ninguna oficina operativa abierta en Nicaragua, ni existe ninguna persona autorizada por la Presidencia ni la Secretaría Ejecutiva de ANPDH, para representarla, actuar en su nombre y mucho menos cobrar la más mínima cantidad de dinero en concepto de emisión de documentos”, agregó.

En este sentido, precisó que “todos los trámites que realiza la ANPDH en San José, Costa Rica, y todos los documentos que emitimos son completamente gratuitos”.

La organización especializada, planteó, asimismo, que “desconoce rotundamente como ‘representante departamental’ al señor José Marcial Medina Ramírez y que, ni él ni ninguna otra persona representa legalmente a la ANPDH en territorio nicaragüense”.

Por lo tanto, “carece de toda validez legal ante terceros cualquier documento emitido”, por Medina, “en nombre de la ANPDH”, reafirmó.

La asociación advirtió, además, que “se reserva el derecho de actuar judicialmente en contra de esta y de otras personas involucradas en los hechos delictivos de usurpación de identidad, cobro ilegal y falsificación de documento”.

Decenas de miles de nicaragüenses han abandonado el país, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica, en procura de refugio, desde el estallido, en abril de 2018, de la violenta crisis sociopolítica, de acuerdo con datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), organización no gubernamental que, desde 2018, trabaja en el exilio en la capital costarricense.

Además, la dramática situación ha cobrado por lo menos 712 vidas, generado algo más de 840 desaparecidos, casi 515 presos políticos, poco más de 5,100 heridos, de acuerdo con datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), según la misma fuente.

En el contexto de la crisis, diferentes sectores de la población vienen exigiendo, masivamente, la renuncia de Ortega y de Murillo, lo que ha recibido la invariable respuesta de implacable represión policial y paramilitar –lo mismo general que selectiva-.

 

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