George Rodríguez / Foto-Medios
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Secretaría General (SG) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron la persecución política de que es objeto, en Nicaragua, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
En pronunciamientos por separado, también coincidieron en plantear la necesidad de que el proceso electoral en desarrollo, en el país centroamericano, culmine, el 7 de noviembre, en comicios libres.
En una declaración difundida mediante la red social Twitter, la Oacnudh -encabezada por la expresidenta (2006-2010, 2014-2018) chilena Michelle Bachelet- expresó rechazo a la “persecución penal e inhabilitación por parte de las autoridades de Nicaragua en contra de la precandidata Cristiana Chamorro”.
“No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los Derechos Humanos de todos los candidatos y votantes”, advirtió la entidad de la organización mundial.
Por su parte, la SG de la OEA, expresó, en un comunicado, que “rechaza el proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro en Nicaragua”.
“La utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y pre cautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte”, agregó la SG, cuyo titular es el canciller (2010-2015) uruguayo Luis Almagro.
“Este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia del acto mismo”, advirtió, en el texto de cinco párrafos.
La SG indicó, asimismo, que “lama una vez más (…) a reconducir al país hacia la democracia a través de elecciones libres, plurales, justas, transparentes y con observación internacional en noviembre de este año”.
Igualmente, reiteró su exhortación “a la inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores, a la restitución de las libertades civiles y políticas”.
Ambos pronunciamientos se sumaron a similares declaraciones de la cancillería costarricense, y de dos legisladores estadounidenses, en todos los casos, poco después del allanamiento de la vivienda de Chamorro y la reclusión, de la precandidata, mediante la figura de arresto domiciliario, el 2 de junio.
Los pronunciamientos costarricense y norteamericano condenaron la persecución lanzada contra Chamorro, quien fue inhabilitada, por el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para el desempeño de cargos públicos.
También expresaron preocupación por acciones gubernamentales contra la oposición política en general.
En un breve comunicado que su cancillería emitió el 2 de junio, luego de conocerse lo actuado contra Chamorro, Costa Rica formuló, además, una exhortación, al régimen encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a poner un alto a las medidas represivas que se enmarcan en el irregular proceso electoral conducente a los comicios generales nicaragüenses programados para noviembre.
“Costa Rica expresa su profunda preocupación por las acciones adoptadas en contra de la señora Cristiana Chamorro Barrios”, planteó el ministerio del país centroamericano, en el texto difundido por su departamento de Comunicación Institucional.
Igualmente, “Costa Rica condena las acciones desplegadas en Nicaragua contra la oposición política, y reitera la importancia de respetar el pluralismo político y la libertad de expresión”, señaló.
“Asimismo, hace un llamado para que se detengan las medidas que no solamente comprometen el espacio cívico y democrático, sino que además alejan la perspectiva de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas”, agregó.
Simultáneamente, dos congresistas estadounidenses -el demócrata Albio Sires, y el republicano Mark Green-, integrantes del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, condenaron la persecución política contra la periodista y empresaria nicaragüense.
Sires -presidente de la subcomisión- y Green se pronunciaron “en respuesta a la orden de captura emitida por el régimen de Ortega contra la candidata presidencial independiente Cristiana Chamorro y la descalificación de su posible candidatura”.
También cuestionaron la legitimidad del actual proceso electoral nicaragüense.
“No es una elección cuando el titular del cargo actual elige quién puede competir”, expresaron.
“Las acusaciones infundadas contra Cristiana Chamorro y sus colegas son la última táctica de Daniel Ortega para eliminar a la oposición política y mantener su control autoritario del poder a cualquier costo”, denunciaron, para agregar que “estas acciones desesperadas muestran lo que Ortega hará para evitar una elección creíble”.
“Condenamos las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por su gobierno y exigimos al régimen que deje de allanar la casa de Cristiana Chamorro y de detener a ella y sus familiares”, señalaron.
“La comunidad internacional debe estar unida en imponer graves consecuencias en respuesta a las acciones antidemocráticas de Ortega”, por lo que “instamos a la Administración Biden, así como a nuestros aliados en la Unión Europea, Canadá y América Latina, a imponer sanciones coordinadas contra cada uno de los funcionarios del Ministerio Público y a los policías que ordenaron y llevaron a cabo los allanamientos y arrestos”, plantearon ambos parlamentarios.
Versiones periodísticas nicaragüenses e internacionales informaron, el 2 de mayo, sobre el allanamiento llevado a cabo, durante aproximadamente cinco horas, por la Policía Nacional, en la residencia de Chamorro, en el sector sur de Managua, la capital nicaragüense.
La acción represiva se apoyó en medidas anunciadas, los días 1 y 2 de junio, por el Poder Judicial, entre las que figuran la emisión de orden de captura contra Chamorro, hija del periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, por la dictadura somocista (1933-1979), y de la ex presidenta (1990-1997) nicaragüense Violeta Barrios -la primera mujer quien ha desempeñado el cargo en el país-.
El Poder Judicial anunció, en un escueto comunicado que su Dirección General de Comunicación emitió el 1 de junio, que un juzgado de Managua resolvió que “‘Ha Lugar’ a las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Público, en contra de Cristiana María Chamorro Barrios”.
Las medidas contenidas en el fallo judicial incluyen “Retención Migratoria, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con los hechos que se investigan por lo que deberá abstenerse de asistir a cualquier tipo de reuniones o actividades por la gravedad de los delitos investigados”, agregó.
“Asimismo, se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un Proceso Penal Investigativo”, precisó.
Veinticuatro horas después, el Poder Judicial informó, en igualmente breve comunicado, sobre la orden de detención en contra de Chamorro, precisando los cargos tipificados.
“La doctora Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó este 2 de junio la orden de Allanamiento y Detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, acusada por los delitos de Gestión Abusiva, Falsedad Ideológica en concurso real con el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, indicó.
“La detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también se pidió la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada”, agregó.
“La doctora Chavarría Morales también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial”, informó además, para agregar que, “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia”.
Poco después de emitido el segundo comunicado, Chamorro acudió a la sede del Ministerio Público (MP), en respuesta a una citación, tras lo cual, en breves declaraciones a periodistas, aseguró que la persecución de la que está siendo objeto apunta “a intimidar a toda Nicaragua”.
“Es una citatoria en donde están atentando contra la democracia, están atentando contra el derecho, de los nicaragüenses, a votar, en las próximas elecciones, en libertad”, denunció.
“Esto es para intimidarnos, y para que no salgamos a votar, y para que no podamos derrotar la dictadura de Ortega”, continuó planteando.
La represión antiopositora “es un avasallaje, de la dictadura, en contra del pueblo de Nicaragua”, advirtió.
En alusión al interrogatorio al que fue sometida en el MP, lo describió como “una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica, que se está montando en contra de esta ciudadana, por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses”.
También llamó a la unidad nacional, “para lograr condiciones electorales justas, en primer lugar, y, segundo, para lograr una sola candidatura que pueda derrotar, a la dictadura, el próximo 7 de noviembre”.
Específicamente respecto al interrogatorio, señaló que le fueron formuladas alrededor de 30 preguntas, y que “todas están respondidas en el Ministerio de Gobernación”.
También preciso que, durante la comparecencia en el MP, “dijeron que estaban comenzando, simplemente, una investigación”, y agregó que “no me quisieron dar detalles, ni me quisieron dar la declaración”.
De acuerdo con posteriores versiones periodísticas, Chamorro fue informada, por la autoridad policial a cargo del allanamiento, que quedaba en arresto domiciliario.
La precandidata fue inicialmente citada, el 21 de mayo, por el Ministerio de Gobernación, para responder a preguntas referidas a supuestas actividades irregulares, incluido presunto lavado de dinero, y sobre otras acusaciones.
En esa diligencia, le fue prohibido comparecer con asistencia de un abogado.
El actual proceso electoral se enmarca en la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, agudizada, desde el año pasado, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria que también golpea a Nicaragua, aunque el gobierno procura maquillar las cifras lo mismo de casos que de víctimas fatales.
La dramática situación ha cobrado por lo menos 712 vidas, generado algo más de 840 desaparecidos, casi 515 presos políticos, poco más de 5,100 heridos, y alrededor de 100 mil exiliados en la vecina Costa Rica, de acuerdo con datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), organización no gubernamental que, desde 2018, trabaja en el exilio en la capital costarricense.
En el contexto de la crisis, diferentes sectores de la población vienen exigiendo, masivamente, la renuncia de Ortega y de Murillo, lo que ha recibido la invariable respuesta de implacable represión policial y paramilitar –lo mismo masiva que selectiva-.
