Goerge Rodríguez / Foto-Medios
La vida de los migrantes es inviolable, declararon los integrantes del Consejo de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos de Centroamérica (Ccppdh), al cierre de la reunión que llevaron a cabo en Costa Rica.
Además, decidieron la creación de una comisión regional que dé seguimiento a los desplazamientos de personas quienes se ven obligadas a abandonar sus países de origen, según lo que informaron en la declaración que emitieron en la occidental ciudad portuaria costarricense de Puntarenas.
Asimismo, en otro de los cuatro acuerdos resultantes de las deliberaciones, determinaron que la vulneración de la seguridad de las personas constituyen una de las causas centrales del masivo fenómeno migratorio que registra Centroamérica.
Los participantes en el encuentro hicieron, así, referencia, principalmente, a los desplazamientos de decenas de miles de ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica-El Salvador, Guatemala, Honduras- quienes se sienten forzados -por la ausencia de seguridad y de oportunidades, así como por la crítica situación socioeconómica- a emprender, vía terrestre, el recorrido de aproximadamente cuatro mil kilómetros hacia Estados Unidos.
Estas personas -incluidas mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños, en alto número, no acompañados- procuran, al viajar en grupos de miles de integrantes, neutralizar los riesgos implícitos en esos desplazamientos -entre otros, corrupción y violencia sexual, incluida violación de migrantes femeninas lo mismo adultas que menores, por parte de personal militar y policial-.
En el primero de los cuatro breves acuerdos, los defensores determinaron que “el Derecho a la Vida y a la Integridad Humana de las Personas en Movilidad es Inviolable”.
“Por ello, las partes (…) demandan su pleno respeto y garantía a los Estados responsables respecto al origen, tránsito y destino de los procesos de movilidad humana tanto interna como externa”, agregaron.
En el segundo, se refirieron al “enfoque de la Cooperación Regional en la atención de las causas que generan la migración forzada”.
Al respecto, indicaron que “se reconoce que la vulneración a la Seguridad Humana de las personas como una de las causas principales que provocan y potencian el fenómeno de movilidad que hoy afronta Centroamérica”.
Además, y en el mismo sentido, “se reconoce el deterioro ambiental; de las condiciones sociales y de desarrollo económico de los pueblos centroamericanos y su entorno, como una de las causas desencadenantes de la movilidad que experimenta el istmo Centroamericano”, plantearon.
Por otra parte, destacaron la construcción de alianzas con agencias de cobertura mundial.
En este sentido, se indicó el compromiso de la presidencia del consejo -desempeñada por la defensora de los Habitantes costarricense, Catalina Crespo- en cuanto a “desarrollar alianzas estratégicas con organismos internacionales”.
Ello, para “desarrollar y fortalecer, a nivel nacional y regional, programas de capacitación, sensibilización y creación de capacidades en derechos humanos y movilidad humana para funcionarios de instituciones públicas, INDHs (Instituciones Nacionales de Derechos Humanos), sociedad civil, entre otros”.
Asimismo, con el propósito de “desarrollar diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, buenas prácticas y estándares”, además de “desarrollar módulos de flujogramas: uno a nivel regional que muestre las gestiones y pasos generales, y otro por cada INDH, que contemple las responsabilidades de cooperación entre cada institución, incluyendo las alertas tempranas”.
En el último de los acuerdos, determinaron la creación de “una comisión regional, formada por un representante de cada INDH, con el acompañamiento de un representante de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y un representante de OIM (Organización Internacional para las Migraciones)”.
Los cometidos de ese grupo de trabajo consisten en “mantener una comunicación fluida sobre los movimientos de la región, retos, alertas tempranas, buenas prácticas, etc”, también para “recopilar información y mantener un observatorio de los flujos de la Región”, al igual que “mantener informadas a las y los jerarcas de cada INDH”.
En la declaración de cuatro páginas, los participantes en el encuentro, expresaron su “compromiso con la promoción y protección de las garantías básicas para el respeto de la dignidad de las personas y sus derechos humanos, ya sea que actúen en el ámbito federal, nacional, estatal o provincial”.
Con ese propósito, acordaron “la conformación, entre sí, de redes regionales de instituciones de derechos humanos, como estrategia para responder de manera articulada, y con mayor contundencia, de cara a las problemáticas que sobrepasan las fronteras y se proyectan a lo largo del territorio de México y Centroamérica”.
México es, en la ruta desde el Triángulo Norte hasta Estados Unidos, el territorio que cubre la mayor parte del recorrido terrestre.
Los defensores también advirtieron sobre la pandemia mundial de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), cuyo impacto está incidiendo negativamente en la región.
El consejo precisó que “la problemática por la que atraviesan los flujos migratorios se ve agudizada los efectos del Covid-19, la violencia y la pobreza”.
“La movilidad de las personas en busca de mejores y mayores oportunidades es una realidad, y es obligación de los Estados, así como de organizaciones de derechos humanos, asegurar el respeto de los derechos de estas personas, así como, de unir esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos para mejorar las condiciones y garantizar el fiel cumplimiento de los derechos humanos”, puntualizaron.
También “acordaron reconocer la importancia del trabajo regional y fortalecer los vínculos de cooperación, para desarrollar un abordaje coordinado en el tema de la movilidad humana en Centroamérica y México”.
“Tales objetivos son posibles de lograr a través de la necesidad de promover y fortalecer el diálogo social, la asistencia técnica, la educación y la sensibilización”, expresaron.
Igualmente, mediante “el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación,tanto en los niveles locales, nacionales y regionales de la institucionalidad pública que atiende el tema de la migración, ahora denominada como‘movilidad humana’, indicaron, a continuación.
El encuentro, presidido por Crespo, contó, además, con la participación de los titulares de las Indh de Centroamérica y México.
También estuvieron presentes, autoridades de Acnur y la OIM, lo mismo que de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
