George Rodríguez/Foto-Medios
La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) denunció y condenó el secuestro de cuatro hombres, en el marco de una operación llevada a cabo, en un sector del sur de Nicaragua, por efectivos policiales.
La acción represiva, tuvo lugar, el 9 de setiembre, y fue ejecutada por 18 integrantes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) “de la policía sandinista que vestían uniforme color negro”, informó la Anpdh, en un comunicado leído, en transmisión en transmisión por la red social Facebook, por el secretario ejecutivo de la asociación, el abogado Álvaro Leiva.
La Anpdh exigió, asimismo, la liberación de las víctimas, además de que responsabilizó a la DOEP, por la integridad física de los cuatro, aclarando que esa dependencia policial responde, directamente, al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La captura ilegal se llevó a cabo en la finca “La Premio”, ubicada en el departamento (provincia) de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, precisó la entidad que, desde 2018, opera, en el exilio, en San José, la capital costarricense.
Uno de los secuestrados es Pablo Emilio Téllez, de 48 años, ganadero propietario de la finca y ex combatiente de la Resistencia Nicaragüense -organización conocida como “la contra”-, agregó.
Los otros tres capturados son Jader Modesto Téllez, de 27 años de edad, hijo del finquero, Augusto Eliecer Calero Lazo, de 26 Años, y Juan Agustín Barilla Chavarría, de 29 años, puntualizó la Anpdh, en el texto de seis párrafos.
“La ANPDH denuncia y repudia este nuevo secuestro de las fuerzas represivas del régimen Ortega Murillo que desgobierna el Estado de Nicaragua en contra de estos ciudadanos nicaragüenses, quienes a esta hora se encuentran en la propiedad (…) sin llevarlos ante alguna autoridad judicial competente, luego de más de 12 horas de haber sido ilegalmente retenidos”, indicó.
“Los agarraron, les quitaron las camisas, los amarraron y los metieron al monte dentro de la misma finca’, informó nuestra fuente”, agregó la asociación, en el texto leído por el activista de derechos humanos nicaragüense, quien se encuentra, desde 2018, asilado en Costa Rica.
“La ANPDH exige la libertad inmediata de estos cuatro ciudadanos nicaragüenses y hace responsable a la Dirección de Operaciones Especiales de la policía sandinista, bajo el mando directo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por la vida y la integridad física de los secuestrados, la de sus familiares y sobre los daños a su propiedad”, expresó.
En un comunicado que emitió el 1 de este mes, referido al precario estado de salud del preso político nicaragüense Justo Emilio Rodríguez López, la Anpdh reafirmó al denuncia de que el régimen Ortega-Murillo comete “grave violación a los derechos humanos del pueblo nicaragüense, específicamente contra los reos políticos, a quienes tortura física y psicológicamente y de manera sistemática”.
También señaló “todos los antecedentes violatorios a los derechos humanos que caracterizan el proceder del régimen Ortega Murillo en contra de los prisioneros políticos”, e informó, asimismo, que ha denunciado, internacionalmente, el riesgo en el que están los prisioneros de conciencia lo mismo que sus respectivos familiares, en Nicaragua.
“Nuestras gestiones se están realizando ante todas las instancias internacionales, que incluyen organismos regionales y mundiales involucrados en la defensa de los derechos humanos; también hemos recurrido a denunciar la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua ante los gobiernos democráticos del mundo, incluyendo al Ejecutivo y Legislativo de los Estados Unidos de América, países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y ante Su Santidad, el Papa Francisco”, indicó.
La organización lanzó, además, una advertencia a la pareja gubernamental, y a “todos quienes les sirven de cómplices para enriquecerse a costa del dolor y sufrimiento de los nicaragüenses”, subrayando que “deben estar seguros de que en la ANPDH no descansaremos hasta lograr que, ni uno solo de sus delitos en contra de los derechos humanos de la población en general y de los presos políticos en particular, queden en la impunidad y en el olvido”.
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de la pareja gobernante, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
