George Rodriguez
Si materializa el aparentemente inminente fin del Estatus de Protección Especial (Special Protection Status, TPS) para Honduras, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaría los objetivos de la política exterior estadounidense en Centroamérica.
La alarma fue activada por una veintena de senadores demócratas estadounidenses, mediante una carta que el grupo dirigió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al secretario interino de Estado, John Sullivan, solicitándoles que la extensión del TPS para Honduras, más allá del 5 de julio, fecha actual de finalización de ese estatus.
“Una decisión de poner fin a la designación de TPS para Honduras amenazaría la estabilidad misma que queremos lograr en Centroamérica, y minaría nuestros objetivos de política exterior allí”, advirtieron los parlamentarios del bloque opositor legislativo, en el texto de seis párrafos dirigido el 25 de abril a ambos jerarcas gubernamentales.
“En los años recientes, Estados Unidos ha incrementado la cooperación con gobiernos centroamericanos, incluido el gobierno de Honduras, para atender los factores subyacentes que causan la migración en la región”, señalaron.
“A través de la asistencia extranjera y el intercambio diplomático, Estados Unidos ha realizado inversiones significativas para apoyar la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad en Centroamérica”, indicaron, a continuación.
Al referirse en particular al coso de Honduras, los senadores expusieron la crítica realidad socioeconómica y de seguridad que constituye la realidad para los habitantes de ese país integrante –junto con El Salvador y Guatemala- del Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial.
“En 2016, el pueblo de Honduras fue víctima de 5,150 asesinatos, una tasa de aproximadamente 59 asesinatos por cada 100,000 personas –una de las más altas del mundo-. Sumado a ello, Honduras tiene una de las más altas tasa de femicidios en el mundo, y, de acuerdo con el Centro para los Derechos de las Mujeres, una mujer fue asesinada cada 14 horas en 2012”, precisaron.
Además, “los hondureños enfrentan amenazas de ´pandillas callejeras, que están generalizadas y acechan a pequeños negocios y familias a través de la extorsión. La corrupción endémica y el débil Estado de derecho alientan la impunidad y exacerban los retos en materia de| seguridad”, advirtieron, para agregar que, “más allá de los epidémicos niveles de violencia, más de dos tercios de la población hondureña subsiste con menos de 2 dólares por día”.
“Terminar el TPS para hondureños obligaría a más de 86,031 individuos a regresar a un país con severos retos en materia de seguridad. También nos preocupa el hecho de que el gobierno hondureño carece de la capacidad para facilitarles el regreso, lo que dificultaría el garantizar su protección”, expresaron.
“Y lo que es más importante, estamos extremadamente preocupados por los más de 53,500 niños nacidos en Estados Unidos quienes tendrían que acompañar a su padres beneficiarios del TPS y quienes serían vulnerables a ser reclutados por pandillas en Honduras”, agregaron.
“Aunque el TPS fue inicialmente facilitado a hondureños luego de que el huracán Mitch devastó en 1998 al país, sucesivas administraciones republicanas y demócratas han considerado sus persistentes efectos así como los subsecuentes desafíos en materia de seguridad”, recordaron.
“Al considerar la extensión de la designación de TPS para Honduras, los alentamos a que consideren las singulares condiciones del país, las que proporcionan una clara base para la extensión de acuerdo con la ley”, precisaron los senadores, quienes expresaron, a Nielsen y a Sullivan, que “los exhortamos a considerar las críticas condiciones de Honduras y los efectos desestabilizadores que implicaría la terminación de esta designación de TPS”.
En coincidencia con el enfoque de los parlamentarios, y citado un día antes por el diario estadounidense USA Today, el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana (Honduran American Chamber of Commerce), Arturo Enamorado, advirtió que el fin del TPS para Honduras golpearía a Estados Unidos.
“Quienes alquilan viviendas perderán a sus inquilinos con TPS, los bancos perderán a sus clientes con TPS quienes pagan hipotecas, los empleadores perderán a sus trabajadores con TPS, y los empleados verán a sus patrones con TPS cerrar sus negocios”, indicó, según el periódico.
En esas comunidades, de aplicarse, la medida “puede conducir a una crisis económica”, advirtió, para, a continuación preguntar: “Cómo se enfrenta eso?”.
En un discurso este mes en la Casa Blanca, Nielsen justificó la finalización de la designación de TPS para varios países, al señalar que “terminamos varios así llamados programas de inmigración temporal que eran constitucionalmente dudosos o eran administrados de manera inconsistente con el propósito de la ley o contraria a la intención del Congreso. Y quienes apoyan la posición gubernamental sostienen que “la ‘T’ es de ‘temporal’ ”.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump tiene al TPS en su mira antinmigrante, y probablemente se ha abstenido de perjudicar a Honduras porque considera a su contraparte de ese país, encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández, como un aliado clave en Centroamérica.
A nivel regional, el gobierno del magnate ha anunciado, desde noviembre del año pasado, el fin del estatus para Nicaragua y El Salvador, lo mismo que, en el Caribe, para Haití.
El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) informó entonces que el plazo para la vigencia del estatus para aproximadamente 60 mil ciudadanos de Haití cierra en julio de 2019.
Igualmente, que la definitiva fecha límite para el TPS que beneficia a unos 5,300 nicaragüenses vence el 5 de enero de 2019, ya que el gobierno de Nicaragua no solicitó prórroga.
Asimismo, el 8 de enero de este año, anunció que el fin del TPS, para 195 mil inmigrantes salvadoreños, se aplicará en setiembre de 2019.
La opinión de Trump respecto a los migrantes de países en desarrollo explica que, con vigencia de décadas, esos programas estén ahora terminando.
Según versiones periodísticas originadas el 11 de enero en Washington, durante una reunión de trabajo en la Casa Blanca, para abordar el tema migratorio, Trump preguntó: “Para qué queremos, aquí, a Haitianos? Por qué queremos, aquí, a toda esa gente de África? Porqué queremos a toda esa gente de países de mierda?”.
“Deberíamos tener gente de lugares como Noruega”, agregó, en alusión a la nórdica nación europea a cuya primera ministra, Ema Solberg, recibió un día antes, en Washington.
El presidente usó la expresión “shithole” –literalmente, en inglés, “hoyo de mierda”- para referirse a una veintena de naciones en desarrollo cuyos migrantes irregulares, en Estados Unidos, han sido, durante años, beneficiarios del TPS.
El estatus permite, a los beneficiarios, permanecer y trabajar en Estados Unidos, sin perjuicio de su condición migratoria, y los protege de ser deportados.
El TPS es otorgado a personas cuyas vidas están en peligro en sus respectivos países de origen, a causa de “condiciones extraordinarias y temporales”, lo que incluye crisis en materia de seguridad, ambiental, de salud pública.
Trump también tiene en la mira a las políticas inmigratorias respectivamente denominadas Acción Diferida para Llegadas de Niños (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) y Desarrollo, Asistencia, y Educación para Menores Extranjeros (Development, Relief, and Education for Alien Minors, DREAM).
DACA es una política que permite, a personas adultas quienes, durante su infancia, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, evitar la deportación y optar por permisos de trabajo.
DREAM –sigla que forma la pablara inglesa que significa “soñar”- permite, a menores extranjeros, optar, mediante un proceso de varias etapas, por la residencia permanente en Estados Unidos.
