George Rodriguez
La corrupción es, sin duda, uno de los factores más poderosamente atentatorios contra la solidez democrática y el desarrollo de los países, y por su permeabilidad –en institucionalidades nacionales, empresariados, conciencias individuales- se presenta, al mismo tiempo, como un fenómeno difícil de combatir.
Se trata de un fenómeno que no se circunscribe a manejo indebido de fondos públicos ni a enriquecimiento ilícito sino que su abanico de manifestaciones se extiende desde tráfico de influencias hasta legitimación de capitales y bienes, pasando por fraude electoral, tráfico de drogas y de armas, tráfico y trata de personas, ejecuciones extrajudiciales, jerarcas y tropas policiales y militares al servicio de organizaciones de crimen organizado, para citar algunas. Y su manto protector es uno: impunidad.
Enfocada centralmente en el problema de la omnipresente corrupción, la VIII Cumbre de las Américas, realizada el fin de semana en la capital peruana, declaró que la prevención y el combate anticorrupción son elementos clave para el fortalecimiento de la democracia, y produjo un compromiso en ese sentido.
Aprobado por aclamación, al inicio de la sesión plenaria –no al final, como suele ocurrir en este tipo de encuentro-, el texto -Compromiso de Lima: “Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción»- está cargado, en sus 57 puntos contenidos en siete secciones, de buenas intenciones cuya efectividad queda supeditada a lo que permitan hacer los respectivos ordenamientos jurídicos de los estados.
Por lo tanto, un compromiso referido a un continente crecientemente golpeado por la corrupción, y que supone constituir un paso importante en el combate al problema, no es vinculante.
En su inicial parte enunciativa, el texto plantea que los jefes de Estado y de gobierno reunidos en la ciudad que le dio nombre, asumieron el compromiso, “destacando que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países”.
Igualmente, “que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro Hemisferio, al igual que en otras regiones del mundo”.
También lo asumieron aclarando que lo hicieron “de conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados y con los tratados multilaterales y bilaterales de los que somos parte, así como con los principios reconocidos, como el respeto a la soberanía y la no intervención”.
El compromiso incluye la propuesta de acciones que formalmente ya están vigentes en diversos países, incluida la creación de estructuras dedicadas –con éxito variable- a combatir el binomio corrupción/impunidad.
Tal es el caso, por ejemplo, de Guatemala y de Honduras –dos de los países más golpeados por el fenómeno a nivel continental-, donde operan –no exentos de dificultad- organismos constituidos, respectivamente, por Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También comprende sugerencias referidas a uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el problema: la falta de independencia de los poderes judiciales, que constituyen un sector de alto riesgo.
Al respecto, el texto plantea “fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial”.
Al señalar la necesidad de que el sector empresarial de cada país –tan vulnerable como el estatal- participe en el esfuerzo, recomienda “promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia (…) e instar al sector privado a desarrollar códigos de conducta similares”.
En este sentido, se debe “incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción”, además de “instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles”.
El compromiso también se refiere a lo que en Costa Rica, acertadamente, se conoce como “tramitomanía”, y apunta a “implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción”.
También menciona instrumentos continentales existentes, los que aconseja mejorar, al plantear la necesidad de “continuar fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), identificando los recursos para fortalecer sus operaciones, con miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que presenta la corrupción en el Hemisferio”.
Además de no ser vinculante, el texto enfrenta el potencial –y en estos casos, frecuente- riesgo de eventual olvido, por lo que, en su último punto señala la necesidad de “encomendar al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) que informe a través de la Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas sobre la implementación del presente Compromiso”. Entretanto, el fantasma de Odebrecht campea por el continente.
