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Vengo de ese pasado, y no quiero su nueva versión

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George Rodríguez

Vengo del pasado –por cierto reciente- de dictaduras latinoamericanas, y no quiero su nueva versión, esa que, tenazmente, se asoma en el horizonte regional.

Cuando se produjo el fin de los tan criminales cuanto corruptos regímenes militares, en el marco del aparente fin de la Guerra Fría –que, en realidad, no termino, en la década de 1990, sino que hizo una metamorfosis-, me pregunté cuánto sería el tiempo que transcurriría para que los militares se oxigenaran y regresaran modernizados –o aparecieran sus reemplazos civiles-.

Después de una coyuntura de gobiernos de izquierda –que, en general, no fueron de maravilla-, los experimentos derechistas civiles vienen marcando, con una gradualidad bastante veloz, el peligroso camino hacia ese pasado con visos de modernización.

Entre los más destacados están el de Chile, dos veces con Sebastián Piñera –mediocre y pinochetista, valga la redundancia-, Argentina, con Mauricio Macri –popularmente coreado, hasta por Charly García, en la rítmica consigna “Mauricio Macri, la puta que te parió”-, Colombia, hace algunos años, con Álvaro Uribe –patán y paramilitarista, valga, también, la redundancia-, Honduras con el golpismo de 2009 aun en el poder, ahora con Juan Orlando Hernández –un civil con mentalidad militar, además de gringuera, algo apenas natural en la galaxia política tradicional catracha-.

Si bien todos esos personajes son excelsos exponentes de la endémica corrupción latinoamericana –con fuerte competencia estadounidense, aunque este tema suele obviarse-, el caso de JOH –el presidente hondureño- es un referente particularmente destacado –aun en un país que Transparencia Internacional (Transparency International, TI) ha registrado entre los más corruptos del mundo-.

Durante la campaña presidencial catracha de 2017, que marcó uno de los más obscenos fraudes electorales en la historia continental, algunos conductores de programas de opinión/información radiales no tuvieron ningún resquemor en destacar la veta corrupta del presidente, al bautizarlo como “Juan Robando” Hernández.

La ruta del “retorno a la democracia”, iniciada en la década de 1990, cuando las dictaduras se desgastaron y el régimen gringo no pudo sostenerlas más, está marcada por esos y otros especímenes, y llegamos a lo que ojalá no sea el relanzamiento del autoritarismo dictatorial de ultraderecha en la forma de un militarismo nazi vestido -en peligrosa apariencia- de civil.

Porque ya no es necesario recurrir a los golpes de Estado, para instalar coroneles o generales en el poder, cuando se puede derrocar a un presidente, no a balazos sino, sencillamente, por acción judicial o legislativa –acaso Honduras 2009 o Brasil 2016 suenan familiares?-.

Atención: las dictaduras sudamericanas de la segunda mitad del siglo 20 tuvieron banderazo de salida, en 1964, en Brasil.

También, atención: un adicto al período dictatorial brasilero (1964-1985), por demás, militar retirado –con grado de capitán pero ínfulas de mariscal-, termina de ganar la elección presidencial llevada a cabo, en dos vueltas en octubre, en Brasil.

Mediante el golpe de Estado que comenzó, en ese país, 31 de marzo de 1964 –y se consolidó dos días después, con la complicidad del parlamento-, los militares derrocaron a João Goulart, un abogado y hacendado quien quiso introducir algunas reformas sociales, para instalar en el poder al mariscal Humberto Castelo Branco, el primero de la criminal serie de cinco dictadores que gobernaron en el “país tropical, abençoado por Deus, e bonito por natureza” (“país tropical, bendecido por Dios, y bonito por naturaleza”) al que le cantó el carioca Jorge Ben.

Los regímenes  brasileros exportaron expertos en tortura que crearon la nefasta fauna de torturadores policiales y militares en el Uruguay fenomenalmente democrático que, no obstante su apodo de “Suiza latinoamericana”, no tardaría en ser gobernado, durante doce años (1973-1985), por una más de las sanguinarias/corruptas dictaduras regionales, específicamente, las del “Plan Cóndor”.

Esos mafiosos clanes uniformados se sumaron a las eternas/paradigmáticas dictaduras de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay, los Somoza (1937.1979) –descrita, por el periodista mártir Pedro Joaquín Chamorro, con genial precisión, como la “estirpe sangrienta”- en Nicaragua, y de Tiburcio Carías Andino (1932-1949) –el que le dio nombre al Estadio Nacional de Tegucigalpa- en Honduras, y a la más breve de Carlos Castillo Armas (1954-1957) –el desconocido militar que, con apoyo de la CIA y de “Tacho” Somoza (“Tacho Viejo”, el iniciador de la dinastía), derribó, en 1954, a Jacobo Árbenz -y a su proyecto de justicia social- en Guatemala -un país donde eso, la justicia social, no existe.

El drama dictatorial centroamericano también se desarrolló con personajes tales como por ejemplo, Kjell Eugenio Lauguerud (1974-1978), Romeo Lucas García (1978-1982) –con su hermano Benedicto, como ministro de Defensa-, Efraín Ríos Montt (1982-1983), cuyos regímenes implicaron la desaparición de más de cuatrocientas comunidades indígenas genocidamente arrasadas, también en Guatemala.

Pero la bestialidad dictatorial militar latinoamericana tuvo desgaste, contexto en el cual su capacidad amedrentadora fue reduciéndose, lo que minó el elemento esencial de poder de esos regímenes: la capacidad de meter miedo.

Claro ejemplo de ello es el caso de Argentina, donde la guerra de las Malvinas, en 1982, demostró que los militares de ese país –no obstante constituir una casta- no son todopoderosos todo el tiempo, y menos cuando la dictadura del momento –enmarcada en el Proceso de Reorganización Nacional, la eufemística etiqueta de las cuatro sanguinarias/corruptas juntas militares de facto (1976-1983)- era encabezada por un nazi alcohólico –el general Leopoldo Galtieri-.

En Centroamérica, en el caso de Guatemala, el fin de la era militar, iniciada en 1960, se oficializó el 14 de enero de 1986, cuando el demócrata cristiano Marco Vinicio Cerezo se convirtió en el primer presidente civil, surgido de un proceso electoral, en el tiempo de la consolidación democrática –o algo bastante parecido a eso-.

Pero, en Guatemala, la guerra interna persistió por 11 años, hasta completar algo más de tres décadas y media (1960-1996), mientras, por períodos considerablemente menores, se desarrollaron las guerras de El Salvador (1980-1992) y de Nicaragua (1982-1990).

Esos conflictos bélicos, enmarcados en la Guerra Fría (1947-991) librada globalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvieron cierre cuando los presidentes de la Centroamérica histórica –Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua- firmaron, el 7 de agosto de 1987, en Guatemala, el Procedimiento para establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica.

De modo que, al final de la década de 1980, el dominó dictatorial latinoamericano empezó a colapsar, ficha tras ficha, y, si bien la impunidad imperó en términos generales, gracias a constituciones “hechas a la medida” por los dictadores salientes y a leyes de “punto final”, comenzó a hacerse la luz del “restablecimiento de la democracia” en la región.

Fue una luz relativa, ya que, además de dejar constituciones “a la medida” para garantizarles cero castigo –o el menor castigo posible-, los dictadores determinaron qué civiles eran los adecuados para reemplazarlos.

Surgieron así, de la mediocridad política de cada país, presidentes tales como Julio María Sanguinetti –un ex ministro de Cultura del período “cívico-militar” uruguayo-.

En Chile, el caso de Eduardo Frei hijo (1994-2000) –sucesor inmediato de Patricio Aylwin (1990-1994)- fue particularmente patético.

En 1998, cuando el sanguinario/corrupto ex dictador militar (1973-1990) y entonces senador vitalicio Augusto Pinochet fue detenido en Londres –por gestión del juez español Baltasar Garzón, por las atrocidades de su régimen-, Frei, junto con su canciller –y posterior secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)-, José Miguel Insulza, alzó la voz, a nivel internacional, para condenar el arresto que, según ellos, violaba los derechos humanos de un anciano.

Eso, respecto a alguien que, tras haber cometido crímenes de lesa humanidad, cumplió su breve detención, en Londres, en la comodidad de una lujosa casa –en condiciones diametralmente opuestas a las que enfrentaron los miles de presos políticos de su régimen-.

Pasada la nefasta era del autoritarismo militar, el “restablecimiento de la democracia” latinoamericana no ha sido del todo fácil, lo que ha incluido zarpazos golpistas en algunos países.

Varios intentos por derrocar al gobierno de Marco Vinicio Cerezo (1986-1991), en Guatemala, fueron frustrados gracias al eficaz trabajo de su ministro de Defensa, el general Héctor Gramajo.

En 2002, Hugo Chávez, el coronel venezolano iniciador del Socialismo del Siglo XXI, fue brevemente derrocado.

Siete años después, en Honduras, Manuel “Mel” Zelaya, despertó abruptamente, con la primera luz del 28 de junio de 2009, cuando centenares de soldados irrumpieron en su casa, desde donde fue trasladado –en piyama y sin ropa interior, según su propio relato- a un avión militar que, tras una escala en la base militar gringa en Palmerola, aterrizó en la pista de la policial Base Dos, en el extremo oeste del Aeropuerto Internacional “Juan Santamaría”, en las afueras de San José, la capital de Costa Rica, para dejarlo allí  –literalmente- botado.

Tiempo después, en el Salón de Beneméritos en la sede de la Asamblea Legislativa -el parlamento unicameral de Costa Rica- en el centro de San José, la capital costarricense, Zelaya relató que, habiendo aterrizado, y sin apagar los motores del avión militar en el cual fue sacado de Honduras, uno de los pilotos abrió la puerta de la aeronave, y, dada la distancia que lo separaba del asfalto de la pista, le ordenó: “salte!”.

Y en Ecuador, Rafael Correa (2007-2009, 2009-2013, 2013-2017) logró superar, el 30 de setiembre de 2010, una insurrección policial golpista.

Tales acontecimientos, marcaron el camino que condujo al contexto latinoamericano actual, la coyuntura que, casi al cierre de 2018 –y de la segunda década del siglo 21-, enmarca la fascistización de América Latina, cuando el populismo de izquierda –que no es ninguna maravilla- es reemplazado por el de derecha –que lo es aún menos-.

La ficha más reciente es Jair Bolsonaro, un ultraderechista capitán retirado quien, durante alrededor de tres décadas, fue un gris diputado que se aferró a su asiento legislativo, el que soltó solamente para instalarse, mediante elección que ganó con algo más de 55 por ciento de votos, nada menos que en la presidencia de Brasil.

De ese modo, Bolsonaro, un patán nazi, caracterizado por sus ofensivas expresiones machistas, xenofóbicas, racistas, cuya solución a la fenomenal inseguridad que afecta principalmente a ciudades tales como Río de Janeiro, São Paulo, y Salvador, consiste en fomentar que la gente se arme para defenderse, un nostálgico de la dictadura (–a la que critica únicamente porque torturó a miles de opositores, en lugar de haberlos matado-, está por constituirse, el 1 de enero –y por cuatro años-, en presidente de Brasil.

Con un general como su vice, otro general como ministro de Defensa, además de varios militares en puestos gubernamentales, Bolsonaro –a quien, en sectores de oposición se conoce, por su extremo radicalismo de derecha, como “Bolsonazi”- se perfila como un riesgo de catastróficas proporciones para Brasil, en particular, y para América Latina en general.

Una vez juramentado, estará en el nefasto club del neandertalismo ideológico latinoamericano, algunos de cuyos destacados exponentes actuales son Macri, Piñera, y el colombiano Iván Duque, en Sudamérica, además de Hernández y el guatemalteco Jimmy Morales –un comediante “standup” quien, en la presidencia, perdió la gracia, si es que alguna vez la tuvo-, en el extremadamente violento y brutalmente empobrecido Triángulo Norte de Centroamérica –completado por El Salvador-.

Además de estar destruyendo la economía argentina, Macri –cuyo mandato presidencial termina en 2019- está en un denodado esfuerzo por fortalecer a los militares, impulsando, además –junto con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, la brutalidad policial

–impune, obviamente- como componente de su política de seguridad.

 

Un peligroso déja vu.

Algo similar ocurre en Honduras, donde JOH ha creado fuerzas de seguridad militarizadas –tales como la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial (Tigres)-.

Entretanto, en Nicaragua, en el marco de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril, con la mayoría de la gente exigiendo que Daniel Ortega deje la presidencia –en su tercer mandato consecutivo (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022), sumado al de 1985-1990 del período revolucionario (1979-1990)-, y que también lo haga la vicepresidenta –su esposa-, Rosario Murillo.

La mayoría de los nicaragüenses califica al actual gobierno como “la dictadura orteguista”, y plantea que es una vuelta atrás, de décadas, en la historia, al tiempo de la dictadura somocista, lo que se refleja en la consigna –coreada en las masivas manifestaciones opositoras dentro de Nicaragua, y en las protestas de la diáspora en diversos países, principalmente en la limítrofe Costa Rica-: “Ortega, Somoza, son la misma cosa!”.

Cualquier vuelta atrás en la historia, a algún pasado dictatorial, debe evitarse.

Para ello, resulta esencial mantener vigente la memoria histórica –la regional y la de cada país-.

En términos generales –por un tema de referencia informativa-, y en el actual contexto político latinoamericano –por un tema de entender, y tratar de enfrentar de la mejor manera, lo que no todos vieron como posibilidad-,

Es una cuestión de tener claro de dónde se viene, dónde se está, y para dónde no se quiere ir.

 

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