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Sorpresa en OEA: Estados Unidos y Nicaragua presentan texto de declaración aprobada

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POrtada OEA

George Rodríguez

La segunda jornada de la 48 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue marco para un hecho sorprendente: Estados Unidos y Nicaragua presentaron el texto de la declaración sobre la violenta crisis política nicaragüense que, en algo más de un mes, ha cobrado más de un centenar de vidas.

Superado el shock inicial, las preguntas son múltiples, y giran en torno a la interrogante central: qué acordaron, secretamente, ambos gobiernos?

Apenas un rato antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se expresaron de manera crítica respecto al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, responsabilizándolo por la violencia, que además ha generado más de mil heridos y un alto número de detenidos y desaparecidos.

Pompeo exhortó al mandatario a cumplir “las demandas de los nicaragüenses que piden una reforma democrática e imputar a los responsables de la violencia”, y se hizo eco de lo denunciado por sectores de oposición, al plantear que “la Policía y grupos armados progobierno” están matando a decenas de personas “simplemente por protestar pacíficamente”.

Y Pence amplió esos conceptos, diciendo que, “En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, como todos sabemos, está cometiendo y justificando una terrible violencia en contra de su gente en los últimos días, incluyendo ataques a una protesta pacífica durante la celebración del Día de las Madres, en ese país, que dejó cientos de heridos y asesinados a casi una docena de personas inocentes”.

El vicepresidente estadounidense agregó que “Estados Unidos y nuestros aliados deben hablar al unísono y decirle al gobierno de Ortega: ‘la violencia debe terminar, y la violencia debe terminar ahora’. Estados Unidos apela al gobierno de Ortega para que detenga estos ataques a protestantes pacíficos y defienda los derechos básicos de sus ciudadanos, y que Nicaragua regrese hacia una democracia”.

Como era de esperar, el delegado alterno de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, refutó las acusaciones de que es blanco la administración de Ortega, en particular las referidas a que la represión antiopositora es llevada a cabo por efectivos policiales antimotines conjuntamente con simpatizantes gubernamentales armados –a los que se señala como integrantes del sector juvenil del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-.

“En Nicaragua no existen fuerzas de choque, ni grupos paramilitares afines al gobierno, como se pretende hacer creer a la opinión pública internacional como parte de la campaña de la desinformación en contra del Gobierno”, aseguró Alvarado, en una declaración leída, y subrayó que “los opositores buscan culpar a las instituciones del orden público”.

“El gobierno rechaza, categóricamente, todas las acusaciones y campañas difamatorias de estos grupos delincuenciales y de los conspiradores que los dirigen y financian, quienes se confabulan para presionar, a los distintos sectores, de acuerdo con su agenda”, indicó, asimismo.

“Estos señores de la violencia, denuncian ataques inexistentes, luego producen las víctimas y se nos pretende acusar de ataques dolorosos y trágicos que no hemos provocado”, denunció.

Alvarado indicó que “Nicaragua acude a esta magna asamblea para expresar su firme compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad de la nación nicaragüense, sumida bajo el ataque de violencia delincuencial que han generado ciertos grupos políticos de la oposición que conspiran desde la oscuridad, con agendas políticas específicas”.

Se trata de agendas “similares a las utilizadas en otros países de la región con la finalidad de activar formatos delictivos para aterrorizar a las familias, en franca violación de la constitución y las leyes de la República al continuar destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses”, enfatizó.

En ese sentido, garantizó que “condenamos enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril hasta la fecha en Nicaragua, son días de dolor que han enlutado a las familias nicaragüenses”, dijo el representante nica.

Aprobado por aclamación, en la jornada de cierre de la reunión llevada a cabo los días 4 y 5 de mayo, el “Proyecto de Declaración de apoyo al Pueblo de Nicaragua” –luego convertido en Declaración- indicó, inmediatamente debajo del título, y sorprendentemente: “(Presentado por Estados Unidos y Nicaragua)”.

Al inicio del texto, y en alusión a la violenta crisis política estallada el 18 de abril, la asamblea de la organización continental se autodescribió “preocupada por los informes en curso de disturbios sociales y violencia en las últimas semanas en Nicaragua”, para, luego, declarar “su condena y exige el cese de inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el pueblo en general”.

También expresó “sus condolencias a las víctimas de la violencia reciente y a sus familias, así como su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua”.

Asimismo, formuló “su llamada a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad”, y manifestó “su preocupación al desglose (sic) en el reciente proceso de diálogo”.

Se trata del Diálogo Nacional que, convocado por el gobierno con el objetivo de hallar solución al conflicto, mediado y atestiguado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), fue suspendido, en su cuarta sesión plenaria –el 23 de mayo-, a causa de la intransigencia de las posiciones mantenidas por la oposición y el gobierno.

Reunida en el bloque denominado Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la oposición exige que Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, renuncien a sus respectivos cargos, mientras que el gobierno, representado por una delegación encabezada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, exige que los “tranques” (bloqueos carreteros) opositores sean levantados a nivel nacional.

De acuerdo con la dirigente campesina opositora Francisca Ramírez, un 70 por ciento de las carreteras y otras vías públicas están en algún punto, obstruidas por tranques, proporción de la que vaticinó que llegará a 100 por ciento, porque esa medida de protesta “va a ir sumando”.

En la declaración sobre la crisis nicaragüense, la asamblea formuló, además, “su llamamiento al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia”.

También afirmó, “de conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición de la Organización de los Estados Americanos de brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua”.

Se trata del grupo de trabajo cuya creación fue acordada, el 30 de mayo, por la OEA y el gobierno nicaragüense, y que será integrado por cuatro personas a ser designadas por el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la CIDH, según el texto de cuatro páginas firmado por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, Almagro, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

El GIEI fue creado “con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para investigar los hechos de violencia, y entre sus atribuciones, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.

También “estará facultado para proponer a las autoridades nicaragüenses la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, de conformidad con la normativa nicaragüense vigente”.

El acuerdo establece, asimismo, que el mandato del GIEI “será de seis meses, y podrá extenderse por acuerdo de las Partes, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”.

En la declaración sobre la crisis nicaragüense, la asamblea general invitó, a la CIDH, a “que informe al Consejo Permanente tan pronto como sea posible sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, y su intención de que el Consejo Permanente siga ocupándose de la evolución de la situación”.

Se trata de la misión que, enviada por la CIDH para monitorear, en el terreno, el estado de los derechos humanos en el marco de la crisis en Nicaragua, visitó el país, del 17 al 21 de mayo, y, antes de abandonar Managua, la capital nacional, dio a conocer, en conferencia de prensa, el informe preliminar de su labor.

Marcadamente crítico del gobierno de Ortega, el informe incluyó 15 recomendaciones al Estado nicaragüense, entre las cuales figura la de “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, además de “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.

Asimismo, “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías  de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

También, “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes”.

Igualmente, “ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas”.

Adicionalmente, “adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”, además de “respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas”.

La misión recomendó, también, “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

En la última de las quince recomendaciones planteó, al Estado, “comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas”.

 

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