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Opositor nicaragüense: “el exilio tiene levantarle el ánimo al pueblo”

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George Rodríguez

Los nicaragüenses en el exilio, en particular quienes están en Costa Rica, tienen que ejercer presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega, y una manera de hacerlo es manifestándose para animar a sus compatriotas dentro de Nicaragua.

De ese modo, se pone de manifiesto que la lucha, desde el exterior, se mantiene, dijo a Informativo JBS, el dirigente opositor exiliado Lenín Ernesto Rojas, mientras participaba en la caravana llevada a cabo hoy desde San José, la capital costarricense, hasta la noroccidental localidad de La Cruz, a unos 300 kilómetros al noroeste y próxima a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

“Nuestra presión, desde aquí, es manifestarnos, levantarle el ánimo a nuestro pueblo, allá, gritar esa libertad para nuestro pueblo, tanto para los orteguistas como parara la comunidad internacional”, de modo “que sepan que nuestra lucha sigue, desde aquí”, aseguró Rojas, oriundo de la ciudad de Jinotepe, en el departamento (provincia) de Carazo, a unos 60 kilómetros al sur de Managua, la capital de Nicaragua.

La caravana –con participación de unas 600 personas, incluidos líderes de diversos sectores de la sociedad civil organizada nicaragüense, transportadas en 16 autobuses- marcó un componente de esa presión sobre el gobierno de Ortega, cuya caída Rojas vaticinó para un máximo de seis meses.

“En este momento, se está empezando a ver que, sí, es posible que el dictador salga”, planteó el opositor, en cuya opinión, “él está atemorizado” principalmente por las más recientes medidas de presión implementadas por Estados Unidos.

En algunas de las más recientes acciones emprendida por el gobierno estadounidense, figuran tres medidas que han constituido fuertes reveses para la administración de Ortega.

El 27 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva (Executive Order, EO), mediante la cual declaró emergencia nacional ante la violenta crisis sociopolítica que hace casi ocho meses golpea a Nicaragua.

El mismo día, y sobre la base de esa EO, el Departamento del Tesoro aplicó una fuerte sanción económica a la esposa de Ortega y vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, y Nestor Moncada Lau –un estrecho colaborador de la pareja gobernante-.

También ese día, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018), pasándolo a la Cámara de Representantes, que le dio, dos semanas después, aprobación definitiva, convirtiéndolo en ley a ser firmada por Trump para entrar en vigencia.

Tanto senadores como representantes votaron unánimemente a favor del texto.

La nueva ley resultó de la fusión de los proyectos S. 2265 -Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act), más conocida como NICA ACT, y S. 3233 -Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018)-, en calidad de enmienda.

Rojas planteó que esas medidas, sumadas a pronunciamientos de distintos sectores de la comunidad internacional –incluidos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Naciones Unidas-, han constituido fuertes reveses al gobierno de Ortega, al cual definió como una dictadura.

“Además, los empresarios están empezando a ejercer presión, también, en Nicaragua, la economía va baja y en declive”, a lo que se agrega “la presión que vamos a empezar a ejercer nosotros, los ciudadanos, desde el exterior, desde el exilio, y los pobladores allá, en Nicaragua”, todo lo cual significa que “esto va más fuerte”, planteó.

De modo que el fin de la administración de Ortega y su esposa es inminente, lo que significa que ese gobierno, tal como ocurre con todos los regímenes dictatoriales, está por colapsar, según el análisis de Rojas.

“Entonces, pensamos que está pronto, ya”, el fin del gobierno orteguista, porque “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, además de que, a manera de ley inexorable de la historia humana, “las dictaduras tienen que caer, toda dictadura tiene que caer”, vaticinó.

La caída, en el caso de Ortega, será el resultado de la lucha pacífica, cívica, no armada que la mayoría de la población nicaragüense viene librando, no obstante la represión policial y de grupos armados progubernamentales, aseguró el dirigente, uno de los organizadores de la caravana San José-La Cruz.

El gobierno orteguista persistirá, “unos seis meses”, y será derribado “por la vía pacífica”, pronosticó Rojas, quien subrayó que “nuestra lucha sigue siendo en la vía pacífica”.

A diferencia de momentos considerablemente recientes en la historia nicaragüense, la coyuntura actual no debe resolverse por la vía armada, señaló.

Rojas aludió, específicamente,  a la caída de la dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle –el último exponente del sanguinario y corrupto clan familiar Somoza, cuya tiranía duró cuatro décadas-, derrocado por el entonces guerrillero –y ahora nuevamente gobernante- Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tras una lucha armada que cobró decenas de miles de vidas.

También hizo puntual referencia a la guerra (1982-1990) librada por el gobierno revolucionario (1979-1990) contra el ejército mercenario de la contrarrevolucionaria Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) financiada por Estados Unidos, enfrentamiento que tuvo similar saldo.

Al indicar que no existe la posibilidad de que la presente lucha cívica nicaragüense se convierta en lucha armada, Rojas explicó que, “ya, Nicaragua ha sufrido mucho”, porque “sufrió con el somocismo, sufrimos en los ’80, con el somocismo fueron más de 50 mil muertos, igual en los ‘80”, de modo que “no podemos seguir derramando nuestra sangre”.

La opción por la vía cívica, no por la vía de las armas, para derrocar a Ortega, ha sido la constante como actitud de la oposición, aseguró.

“Nuestra lucha sigue siendo pacífica, a como siempre lo ha sido”, razón por la cual, “los únicos atacados hemos sido nosotros”, y “nos hemos defendido a como hemos podido, cívicamente”, reflexionó.

Rojas aludió así al hecho de que la presente crisis nicaragüense, que estalló el 18 de abril, ha cobrado por lo menos 545 vidas, además de haber generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado daño considerable a la economía nicaragüense así como destrucción de infraestructura lo mismo vial que edilicia.

También ha obligado a miles de nicaragüenses a emigrar en procura de seguridad y oportunidades laborales, dirigiéndose principalmente a Costa Rica, donde, según diversos cálculo, por lo menos 23 mil personas han presentado solicitud de refugio.

En ese contexto, la represión gubernamental armada, inicialmente generalizada y contra multitudinarias manifestaciones callejeras además de tranques y otras expresiones actividades opositoras públicas, se ha convertido en esencialmente selectiva, lo que implica la captura, la desaparición y la tortura de opositores específicamente señalados.

Pero, sin perjuicio de las vidas que sean sacrificadas en el proceso, ese país centroamericano logrará la libertad, por la vía pacífica, aseguró el dirigente oriundo de Jinotepe.

“Prueba de eso son los más de quinientos muertos, los más de mil desaparecidos, los más de setecientos presos políticos, y los que faltan, porque creo que, a como dice Edgar Tijerino, podemos poner un millón de muertos, pero Nicaragua tiene que ser libre, y va a ser libre”, señaló, haciendo referencia a un popular periodista deportivo nicaragüense.

Rojas dijo que esta es la segunda vez que se exilia en Costa Rica, ya que, durante la dictadura somocista, y aproximadamente a los cuatro años de edad, acompañó a su padre, quien buscó refugio y seguridad en este país que comparte frontera de 309 kilómetros con Nicaragua.

También relató que es uno de los dirigentes encargados de uno de los principales “tranques” –obstrucciones de distintos tramos de la red nicaragüense de carreteras- estructurados con diferentes materiales, incluidos adoquines, por numerosas comunidades a nivel nacional, al inicio de la resistencia popular.

Se trató del Tranque San José, en la zona de Jinotepe, una de las estructuras de este tipo que fue particular blanco de represión policial y parapolicial.

Rojas relató que, el 8 de julio –poco menos de tres meses después de estallada la crisis sociopolítica-, “fuimos atacados, durante doce horas, con armas de alto calibre, armas que sólo se usan en zonas de guerra”, y señaló que, “ese día, murieron veinticinco compañeros, incluido un sobrino mío”, de modo que “soy sobreviviente de la masacre de Carazo”.

El dirigente, quien se definió como uno de los coordinadores de la oposición en el departamento de Carazo, aseguró que, en Costa Rica, “seguimos en nuestra lucha pacífica, alzando la voz contra el orteguismo, de manera pacífica”.

 

 

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