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OEA y Nicaragua vuelven a chocar

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George Rodríguez

La Organización de los Estados Americano (OEA) y el gobierno de Nicaragua chocaron, por enésima vez, durante la más reciente sesión extraordinaria que el Consejo Permanente del bloque continental llevó a cabo para seguir abordando la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses afecta al país centroamericano.

Como ya es habitual, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y el canciller de Nicaragua, el militar retirado Denis Moncada protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal, cuando el jerarca de la organización regional planteó que las condiciones están dadas, en el marco de la dramática situación nicaragüense, para aplicar la Carta Democrática Interamericana, lo que fue respondido por el ministro con acusaciones tales como que el funcionario continental desvirtúa ese instrumento.

Almagro denunció represión policial y para policial antiopositora, violaciones a los derechos humanos, control ejercido por el Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, aseguró que el gobierno “está actuando fuera del margen del Estado de Derecho”, y agregó que, por lo tanto, “la crisis en Nicaragua justifica, plenamente, la invocación del artículo 20 de la Carta Interamericana”.

En opinión del secretario general –quien llegó en 2015 a la OEA, inmediatamente después de haberse desempeñado como canciller de la administración (2010-2015) presidida por José “Pepe” Mujica, un ex guerrillero y ex preso político de la dictadura militar uruguaya (1973-1985)-, la represión y la impunidad no constituyen bases aceptables para gobernar.

“El ejercicio del poder sobre la base de la represión y torturas no es consecuente con el Estado de Derecho”, como es el caso de “la criminalización de las protestas y la represión a los medios de comunicación, donde estudiantes han sido acusados de terroristas”, reflexiono el funcionario, quien informó, a manera de ejemplo, que “el gobierno mantiene más de 539 presos políticos”.

Almagro también cuestionó lo que describió como la ausencia de contrapesos a ese ejercicio del poder, lo que da lugar a abusos de poder en un contexto de impunidad.

“El ejercicio del poder, en Nicaragua, no tiene límite ni contrapeso, pues siguen realizando detenciones arbitrarias y encarcelamientos, manteniendo a los detenidos en condiciones infrahumanas. Estos hechos dejan al descubierto a un estado que actúa al margen del Estado de Derecho, donde la oposición real ha sido excluida del sistema político, pues la Corte Suprema de Justicia ha cancelado la existencia de partidos políticos, y estas prácticas han eliminado el pluralismo político”, aseguró.

Como complemento de lo planteado por Almagro, la participación del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão, incluyó planteamientos específicos, tales como el señalamiento de que, no obstante el comprobado uso excesivo de fuerza, y otras violaciones a los derechos humanos, por parte de efectivos policiales, en acciones de represión, no se ha enjuiciado a ningún oficial de la Policía Nacional.

También señaló la persecución a organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, subrayando que, por acción de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), nueve de esas entidades han quedado desprovistas de personería jurídica.

Igualmente, señaló el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes, en alusión a los allanamientos policiales y parapoliciales nocturnos, a varios medios, y la detención, bajo cargos relacionados con terrorismo y promoción odio, del director y al jefa de Prensa del canal noticioso de televisión 100% Noticias, respectivamente, Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes aguardan el inicio, este mes, de procesos judiciales.

“La CIDH pide, a los países de la región, que consideren la especial y grave situación que ocurre en Nicaragua, donde actualmente no existe la libertad personal ni derechos ciudadanos al debido proceso, y además hay un irrespeto al mandato de independencia judicial e independencia de poderes”, planteó Abrão.

Según la visión de Almagro, el contexto nicaragüense actual genera la opción de recurrir a la Carta Democrática, como instrumento facilitador de la solución a la crisis.

“Por lo tanto, cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, es porque queremos que en Nicaragua se abra una oportunidad para resolver esta grave alteración del orden constitucional, e instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y procedimientos, basado en la propia Carta Democrática Interamericana”, explicó.

El artículo 20 de la carta establece que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

Según la naturaleza de la situación en cuestión, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado.

“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, agrega.

La disposición reafirma que, durante el proceso, se llevará a cabo las gestiones diplomáticas pertinentes, entre ellas, los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

A continuación, el artículo 21 prevé los pasos a seguir en el caso de que las gestiones diplomáticas y de buenos oficios no sean exitosas, y determina que el país en cuestión sea sancionado, por la vía de la suspensión como integrante de la OEA.

Desde la aprobación de la Carta Democrática, en 2001, la sanción de suspensión se ha aplicado una vez, en el caso del cruento golpe de Estado que, en junio de 2009, derrocó, en Honduras, al presidente Manuel “Mel” Zelaya, siete meses antes de que finalizara su mandato constitucional.

Almagro dijo, además, que el Consejo Permanente debe actuar decisivamente en el caso nicaragüense, a partir de información incluida en informes de equipos de trabajo de la OEA -entre los que figuran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) -.

De ese modo, “este consejo debe tomar una decisión en base a la información de la que dispone”, aseguro.

Específicamente, a partir de su labor de sus informes, el Giei y el Meseni, que eran los equipos de trabajo con los que la CIDH contaba en el terreno, en Nicaragua, fueron expulsados, por la cancillería de ese país, el 19 de diciembre, además de que el ministerio suspendió, en esa fecha, la visitas de la comisión.

El choque OEA-Nicaragua se produjo cuando Moncada refutó, en términos fuertes, los planteamientos de Almagro, cuestionó, de igual modo, el trabajo de las instituciones de derechos humanos de la organización, y reiteró que distorsionan la realidad nicaragüense.

“El Gobierno de la República de Nicaragua, rechaza y condena la Convocatoria de esta sesión, solicitada, con carácter de urgencia e inmediatez, por el Secretario General de esta Organización, Luis Almagro, que actúa como caja de resonancia de los grupos pro-golpe de Estado, en contra del Gobierno Constitucional y legítimo de Nicaragua dirigido por Presidente Daniel Ortega Saavedra”, planteó el canciller.

Moncada reiteró, así, el recurrente planteamiento gubernamental de que la crisis estallada en abril del año pasado derivó de lo que repetidamente ha descrito como un intento golpista que el gobierno frustró.

“La Carta Democrática Interamericana, no faculta a ningún Estado ni al Secretario General Luis Almagro, a apoyar grupos golpistas contra el Estado y el Gobierno de Nicaragua legalmente constituido, ni a desplazar, ni sustituir el ejercicio de la Soberanía de los Estados ejercen exclusivamente conforme su Derecho Interno y  el Derecho Internacional”, aseguró Moncada.

Lo que Almagro, el Consejo Permanente de la OEA, las instituciones del sistema continental de derechos humanos, vienen actuando, respecto a Nicaragua, responde a una maniobra estadounidense para desestabilizar al gobierno de Ortega, indicó.

“El Gobierno de la República de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo y condena a la nueva maniobra desestabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos, utilizando esta vez a su agente político, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien ha invertido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al pretender realizar una acción ilegal e ilegítima, promoviendo la aplicación del artículo 20 de la misma contra el pueblo soberano de Nicaragua”, aseguró Moncada, quien agregó que “el Secretario General no defiende a los Gobiernos Constitucionales electo democráticamente, escoge rutas equivocadas y apoya a grupos terroristas y golpistas que actuaron criminalmente contra el pueblo de Nicaragüense y las Instituciones del Estado”.

Por ello, las maniobras desestabilizadoras llevadas a cabo en el contexto de la OEA, con apoyo del jerarca de la organización continental, para romper el constitucional y democrático nicaragüense, son tan inaceptables cuanto condenables, aseguró el ministro.

 

 

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