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Nicaragua: la inevitable clave de violencia

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PORTADA GEORGE ANALIZE

George Rodriguez

Nicaragua está una vez más en lo que históricamente parece ser su inevitable clave de violencia.

Sólo durante el siglo 20, el país centroamericano fue invadido militarmente por Estados Unidos, se convirtió en campo de lucha contra la intervención, fue gobernado durante cuatro décadas por una tan sanguinaria cuan corrupta dictadura, se convirtió en campo de la exitosa lucha guerrillera anti dictatorial, y fue agredido militarmente por un ejército mercenario financiado por Estados Unidos para quitar a un gobierno revolucionario, nuevamente convirtiéndose en campo de batalla. Todo eso, en el lapso de las casi ocho décadas comprendidas desde 1912 hasta 1990.

Apenas amanecido el siglo pasado, el país soportó dos ocupaciones militares estadounidenses (1912-1925, 1926-1933), lo que generó la lucha guerrillera que, durante la segunda invasión, y encabezada por Augusto César Sandino –el General de Hombres Libres-, al frente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, puso fin a la presencia armada foránea.

Pero, antes de retirarse la segunda vez, la autoridad militar de la ocupación constituyó, a manera de reemplazo, la Guardia Nacional y designó, como primer jefe, a Anastasio “Tacho” Somoza García –sí, un hijo de puta, pero nuestro hijo de puta-, quien se estrenó ordenando el asesinato de Sandino y la simultánea masacre de la fuerza guerrillera, dando apertura a cuatro décadas de tiranía particularmente brutal.

Ejecutado en 1956, en la ciudad de León –“el cerebro de toda la nación”-, mientras bailaba en una fiesta, por el poeta local –y héroe nacional- Rigoberto López Pérez, el primer dictador de la dinastía Somoza fue sucedido por uno de sus hijos, el general Anastasio “Tacho” Somoza Debayle, quien mantuvo y perfeccionó la bestial irracionalidad de la represión –lo mismo la masiva que la selectiva-, además de ampliar la corrupción

En tal contexto, sobrevino, en la década de 1960, la lucha armada antisomocista del guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), insurrección que derribó, en 1979, a la dictadura, dando inicio al gobierno de la Revolución Popular Sandinista.

Inevitablemente, el gobierno revolucionario tuvo la despiadada oposición de Estados Unidos –específicamente, el gobierno del mediocre actor de cine y peor –además de corrupto- presidente Ronald Reagan-.

Eso incluyó la cruel sanción mediante un criminal bloqueo económico y la brutal desestabilización armada a través del mercenario ejército irregular eufemísticamente denominado Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), bautizado por Reagan como “freedom fighters” (“combatientes por la libertad”), y popularmente conocido como “la contrarrevolución” o “la contra”, guerrilla ultraderechista financiada, en su época final, con fondos que ese gobierno estadounidense obtuvo de la venta ilegal de armas y drogas.

La guerra de la contra –lo mismo que las guerras internas de El Salvador (1980-1992) y Guatemala (1960-1996)- terminó por la vía del mecanismo negociador estructurado según el Procedimiento para establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, documento firmado en 1987, en Guatemala, por los cinco presidentes de la región en ese momento: Oscar Arias (Costa Rica), José Azcona (Honduras), Marco Vinicio Cerezo (Guatemala), José Napoleón Duarte (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua).

Arias y Ortega son los únicos repitentes del quinteto. Arias, con dos períodos presidenciales (1986-1990, 2006-2010), y Ortega –todavía en el poder-, acumulando cinco mandatos gubernamentales –uno como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985) y cuatro presidenciales (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022)-.

Cerezo es, desde 2017, secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), uno de los mecanismos regionales –junto con el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia- creados en el marco de los acuerdos de paz de 1989.

Azcona y Duarte –posiblemente los dos más obedientes a Estados Unidos- fallecieron, respectivamente en 2005 y 1990.

En el caso de Nicaragua, el proceso de paz culminó, luego de intensas y complejas negociaciones entre el gobierno sandinista y el directorio de la contra, en la desmovilización del ejército mercenario además de la marcada reducción del Ejército de Nicaragua –el nuevo nombre del Ejército Popular Sandinista (EPS)-.

Pero la desmovilización se materializó en 1990, luego de la derrota electoral –la primera- del FSLN y su candidato presidencial –y entonces presidente-, Daniel Ortega, frente a una coalición de 14 partidos con fuerte apoyo estadounidense, determinando la constitución de alianzas multipartidistas como la única manera en que ha sido posible derrotar, en comicios, al frente.

De modo que, después de décadas de conflictos armados, sobrevino la paz, y, luego de tres derrotas electorales consecutivas (1990, 1996, 2001), el FSLN, con Ortega siempre como su candidato presidencial, volvió a ser, en 2007, partido gobernante –y sigue siéndolo, ininterrumpidamente, desde entonces-.

A diferencia del período revolucionario, de profunda polarización ideológica, la nueva era gubernamental sandinista comenzó a desarrollarse con dos antiguos  irreconciliables rivales ahora convertidos en aliados: las cúpulas católica y empresarial, respectivamente representadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Pero, sin perjuicio de la armonía imperante entre ex enemigos ahora avenidos, las tensiones políticas no fueron exactamente inevitables, y, avanzado el actual período, los cuestionamientos populares al gobierno de Ortega no solamente surgieron sino que mantuvieron una tendencia a multiplicarse y fortalecerse.

Las quejas se constituyeron en variados señalamientos a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo –actual vicepresidenta-, por el ejercicio absoluto del poder mediante el control de la institucionalidad del Estado, por haber ilegalmente logrado reformar la Constitución para garantizarse la reelección presidencial por tiempo indefinido, por ejercer corruptamente el poder, por implementar programas sociales que sectores de oposición señalan como meramente asistencialistas en uno de los países más pobres de América.

La crítica situación del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), atribuida por esos sectores a la denunciada corrupción gubernamental imperante y al fin de la abundante asistencia económica de Venezuela –menguada desde que ese país sudamericano entró en la aguda crisis política y socioeconómica que lo golpea-, se constituyó en el detonante de la acumulación de cuestionamientos populares y en el catalizador de la violencia que hace casi dos meses convulsiona a Nicaragua.

Lo que está ocurriendo marca un punto de inflexión en la política nicaragüense: el Frente y Daniel, cuya popularidad desde 1979 estaba más allá de cualquier duda, han sufrido la pérdida –si bien no total, considerablemente parcial- de dos históricos bastiones de Poder Popular: la calle y el estudiantado universitario –y por extensión, de un amplio sector de la población, que incluye a militantes sandinistas quienes sostienen que son, precisamente, eso –sandinistas-, pero no frentistas ni danielistas.

La repentina realidad, desde el 18 de abril de este año –cuando comenzaron las incesantes manifestaciones antigubernamentales y la sistemática represión-, es incuestionablemente una: ese día, Nicaragua cambió.

Está registrándose una nueva revolución, la que si bien incluye novedosos componentes ajenos a la primera –las redes sociales como arma principal, el estudiantado universitario como vanguardia-, al mismo tiempo genera un fuerte flashback a los meses previos al triunfo de 1979.

Nombres de combativos lugares insurreccionados hace décadas contra el régimen somocista vuelven a sonar en el nuevamente desobediente entorno político de Nicaragua, que, repentinamente, el 18 de abril dejó de ser uno de los países más seguros y estables del siglo 21 en el contexto de la violenta realidad de Centroamérica, en particular la de su Triángulo Norte como zona rehén del crimen organizado y de la corrupción civil/militar -que ya no parece tan impune como históricamente lo ha sido-.

La ciudad de Masaya, con sus barrios Monimbó y Niquinohomo –el segundo, lugar de nacimiento de Sandino-, uno de los focos de resistencia popular antisomocista, vuelve a ser campo de combate, como también vienen siéndolo diversos sectores de la cercana Managua, a los que se suman ciudades como Chinandega, Juigalpa, Matagalpa, entre otras.

El decreto presidencial que intentó, el 16 de abril, reformar inconsultamente el sistema de pensiones del INSS –aumentando a cinco por ciento el aporte de los trabajadores y a 13 el de los empleadores, y descontando, a los pensionados, cinco por ciento para ayudar a financiar el sector de asistencia médica-, fue el detonante de las protestas que, estalladas el 18 de abril, vienen manteniéndose en intensidad y participación crecientes y son sistemáticamente reprimidas.

La respuesta del gobierno fue el uso de la policía antimotines –a la que se sumaron grupos de simpatizantes gubernamentales armados que la oposición llama “turbas” e identifica como, principalmente, militantes de la Juventud Sandinista-.

Pero, en lugar de disuadirlas, la represión estimuló y multiplicó las marchas callejeras, inicialmente de estudiantes y algunos jubilados, en apoyo a la exigencia de que Ortega echase atrás el decreto.

Transcurridos cuatro días de manifestaciones y represión, el presidente anunció, el 22 de abril, la revocación del conflictivo decreto. Pero la medida fue tardía, y sólo elevó el nivel de exigencia y masificó la participación en la protesta: desde entonces, se trata de la renuncia de Ortega y Murillo.

El crescendo de la acción policial y de la participación general de la gente –ya no solamente de los estudiantes- en la protesta ahora reflejada en masivas manifestaciones con participación de decenas de miles de personas, llevó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a aceptar la medicación en el Diálogo Nacional que, para buscar la paz, el gobierno decidió convocar.

Antes del inicio de las conversaciones, los obispos aclararon que estaban dispuestos a mediar, sí, pero no por años, y que, si en un mes, no veían señales serias de voluntad La Comisión de Mediación y Testigo del diálogo, integrada por cinco de los 10 obispos de la CEN –incluido su presidente, el cardenal Leopoldo Brenes-, instaló el 16 de Mayo, las conversaciones, acto en el que Ortega y Murillo estuvieron presentes y durante el cual fueron fuertemente cuestionados por la representación de la sociedad civil opositora –la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.

Cinco días después, la misión enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear, en el terreno, el estado de las garantías fundamentales en el marco de la violenta crisis política nicaragüense, dio a conocer, en matutina conferencia de prensa en un lujoso hotel en Managua, la capital nicaragüense, al cierre de su labor, su informe preliminar.

El documento, caracterizado por fuertes críticas al gobierno, incluyó quince “recomendaciones iniciales” al Estado nicaragüense, las que, por voto mayoritario, algunas horas después, el diálogo acogió por mayoría de sus participantes.

El grupo de trabajo de la CIDH, que laboró del 17 al 21 de mayo en Managua y otros lugares, recomendó, entre los primeros puntos, “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, además de “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.

Asimismo, “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías  de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

También, “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes”.

Igualmente, “ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas”.

Adicionalmente, “adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”, además de “respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas”.

La misión recomendó, también, “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

En la última de las quince recomendaciones planteó, al Estado, “comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas”.

El 21 de mayo, por la tarde, y luego de que integrantes de la comisión de la CIDH presenciaron una parte de las deliberaciones desarrolladas ese día, antes de que abandonasen Managua, la mediación en el diálogo presentó una moción de aceptación del informe que, centrada en el punto 15, fue aprobada por la por mayoría de los participantes.

“El Diálogo Nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, y solicita que, de acuerdo a la recomendación número 15, el gobierno de la República se comprometa a establecer, en la Mesa del Diálogo Nacional, mecanismos de seguimiento, junto a la CIDH, para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma, y programar, junto a la CIDH, un calendario concreto de nuevas visitas, de tal manera que se forme una Comisión de Seguimiento, nacida del diálogo”, plantearon los obispos.

Pero el 23 de mayo, durante la cuarta jornada de las conversaciones –la tercera sesión de trabajo, después de la inaugural- marcó un alto, en un ambiente crispado por la persistente confrontación entre oposición –Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- y gobierno –incluidos dirigentes gremiales oficialistas-.

El punto que trabó las deliberaciones estuvo en las hasta ahora irreconciliables posiciones clave: el planteamiento de la delegación del gobierno de que los “tranques” (bloqueos carreteros) opositores sean levantados, y la exigencia del bloque opositor de que Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, renuncien a sus cargos.

Pero, 48 horas después, la inflexibilidad de esas posiciones determinó que los mediadores suspendiesen el diálogo, exactamente a una semana después de haberlo instalado.

“No obstante sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impase”, ya que “hemos constatado efectivamente que hay una identidad común que nos une a todos, como la búsqueda de la paz y del amor a Nicaragua”, agregaron.

Además, indicaron que, “cuando hayan logrado este consenso, les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación. “Nos sentimos urgidos de recordarles que de esta decisión y de la posibilidad de continuar este diálogo, depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos Nicaragüenses”, advirtieron puntualmente, en el texto leído por Álvarez.

La comisión se reunió el 28 de mayo, encuentro durante el cual se acordó retornar el diálogo, en fecha a determinar por la mediación, pero dos días después, la manifestación pacífica y multitudinaria por el Día de la Madre –que en Nicaragua se conmemora el 30 de mayo-, fue atacada.

Llevada a cabo en apoyo a las mujeres quienes han perdido hijos en el marco de la violencia, civiles armados atacaron el sector inicial de la marcha, matando a por lo menos quince personas, ante lo cual la CEN anunció la suspensión del Diálogo Nacional hasta que termine la violencia.

“No se puede reanudar la mesa del Diálogo Nacional mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”, indicaron los obispos, en un enérgico comunicado de cuatro puntos.

“Los Obispos (…) hemos vivido con profundo dolor los acontecimientos perpetrados la noche de ayer por grupos afines al gobierno contra la población civil”, agregaron.

“Condenamos enérgicamente todos estos hechos violentos en contra del ejercicio de la libre manifestación pacífica y rechazamos absolutamente esta agresión organizada y sistemática en contra del pueblo”, indicaron los obispos, en cuya opinión, “no podemos seguir permitiendo esta violencia inhumana”.

De inmediato, el gobierno planteó, en un comunicado de 11 puntos, que “el único Camino a la Paz es el Diálogo, el establecimiento de la Verdad, y la búsqueda de las soluciones que nuestro Pueblo demanda”.

“Con todo respeto pedimos a las Autoridades que coordinan el Esfuerzo del Diálogo Nacional, llamar a la Calma y al cese de toda violencia, a fin de continuar trabajando por la Seguridad, la Justicia y la Paz”, agregó, a continuación.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, condena enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de Abril en Nicaragua y más recientemente los acaecidos ayer, cuando las Familias nicaragüenses honraban a las Madres en estos días de dolor”, aseguró.

“Alimentábamos nuestro Corazón de Fe y Esperanza, para alentarnos a seguir trabajando con Firmeza, por la Reconciliación, el Diálogo y la Paz”, indicó el gobierno.

Y denunció que “esta situación de violencia delincuencial que han generado grupos políticos de Oposición con Agendas Políticas Específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las Familias, constituye una conspiración que viola la Constitución de la República y pretende seguir destruyendo la Seguridad y la Vida de las Familias nicaragüenses”.

También expresó que “ratifica a nuestro Pueblo y a la Comunidad Internacional, que repudia y lucha junto a las Familias, para enfrentar con la Razón y las Leyes, esta ola criminal y delictiva que azota a Nicaragua”.

Además, negó responsabilidad en los incidentes, al señalar que “rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro País, se confabulan para denunciar ‘ataques’ inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público”.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, rechaza y condena todas las campañas difamatorias, todas las calumnias, y denuncia esta conspiración delincuencial que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror, ha pretendido entregar el País a la delincuencia y al crimen organizado, para presionar a los distintos Sectores de acuerdo a su propia Agenda”, según el comunicado.

Ello, “destruyendo la Imagen de Nicaragua en el Mundo, como ha pretendido destruir la Vida y la Capacidad de Convivencia y de Amor Cristiano entre las Familias de nuestra Nicaragua”, agregó el gobierno.

También advirtió que “denuncia enfáticamente todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de Abril, rechaza cualquier responsabilidad en esa violencia, y afirma categóricamente que cumpliremos nuestro Deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida, más montajes calumniosos, demostrando cada día de dónde proviene esta acción que busca entronizar el caos, acusándonos”.

“En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos, y que a partir de acusaciones infundadas, se pretenda restringir la aplicación del Deber Constitucional de las Fuerzas del Orden Público de contribuir a asegurar a las Familias”, señaló, además.

La administración de Ortega aseguró, asimismo, que “mantendrá la denuncia permanente de esta abyecta criminalidad, y vuelve a rechazar categóricamente cualquier señalamiento acusatorio sin fundamento, ni sustento”.

Mientras esto ocurría en Managua, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Nicaragua acordaban, el 30 de mayo, en la sede de la organización, en Washington, la creación de un grupo de trabajo que, integrado por expertos independientes, entre otros cometidos, apoye la investigación de los hechos de violencia.

Se trata del Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que será integrado por cuatro personas a ser designadas por el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a partir de propuestas formuladas por la CIDH, según el texto de cuatro páginas firmado por Moncada, Almagro, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.

Ello, “de conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición de la Organización de los Estados Americanos de brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua”, según se indicó en el acuerdo.

El GIEI fue creado “con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para investigar los hechos de violencia, y entre sus atribuciones, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.

También “estará facultado para proponer a las autoridades nicaragüenses la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, de conformidad con la normativa nicaragüense vigente”.

El acuerdo establece, asimismo, que el mandato del GIEI “será de seis meses, y podrá extenderse por acuerdo de las Partes, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”.

También en el marco de la OEA, si bien no era parte de la agenda, la crisis nicaragüense fue abordada durante la 48 Sesión Ordinaria de la organización continental, realizada el 4 y el 5 de junio en la sede de la entidad.

La reunión fue espacio tanto para críticas contra el gobierno de Ortega como para su defensa.

Entre las voces críticas, y sobre la base de su tradicional promoción y defensa de los derechos humanos, el gobierno de Costa Rica llamó, a su contraparte de Nicaragua, a cesar, de inmediato, lo mismo la represión antiopositora que las detenciones de personas participantes en manifestaciones en protesta contra la administración de Ortega.

“Como una nación que cree y promueve el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, instamos al Gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente toda represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, expresó la primera vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, al participar en la primera jornada de la asamblea.

“Urgimos nuevamente a las autoridades nicaragüenses a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a restablecer las condiciones necesarias que permitan continuar el proceso de diálogo mediado por la Conferencia Episcopal”, agregó la funcionaria, una ex parlamentaria (2006-2010, 2014-2018) por el centroizquierdista y gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Costa Rica se rehúsa a guardar silencio ante la escalada de violencia en Nicaragua, y se une al rechazo de la comunidad internacional a los deplorables sucesos ocurridos en las últimas semanas”, aseguró.

Durante la segunda jornada, como era previsible, Estados Unidos se sumó al coro de señalamientos antiorteguistas, mediante las intervenciones, respectivamente, del secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, y el vicepresidente, Mike Pence, quienes responsabilizaron, directamente, al gobierno de Ortega, por la violencia.

Pompeo exhortó al presidente a cumplir “las demandas de los nicaragüenses que piden una reforma democrática e imputar a los responsables de la violencia”, y se hizo eco de lo denunciado por sectores de oposición, al plantear que “la Policía y grupos armados progobierno” están matando a decenas de personas “simplemente por protestar pacíficamente”.

Y Pence amplió esos conceptos, diciendo que, “en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, como todos sabemos, está cometiendo y justificando una terrible violencia en contra de su gente en los últimos días, incluyendo ataques a una protesta pacífica durante la celebración del Día de las Madres, en ese país, que dejó cientos de heridos y asesinados a casi una docena de personas inocentes”.

“Estados Unidos y nuestros aliados deben hablar al unísono y decirle al gobierno de Ortega: ‘la violencia debe terminar, y la violencia debe terminar ahora’. Estados Unidos apela al gobierno de Ortega para que detenga estos ataques a protestantes pacíficos y defienda los derechos básicos de sus ciudadanos, y que Nicaragua regrese hacia una democracia”, agregó el segundo al mando en la administración del presidente y magnate estadounidense, Donald Trump.

Como también era previsible, Nicaragua, en la intervención de su delegado alterno en la OEA, Luis Ezequiel Alvarado, refutó las acusaciones de que es blanco la administración de Ortega, reproduciendo casi textualmente varios conceptos que el presidente ha manejado.

“En Nicaragua no existen fuerzas de choque, ni grupos paramilitares afines al gobierno, como se pretende hacer creer a la opinión pública internacional como parte de la campaña de la desinformación en contra del Gobierno”, aseguró Alvarado, en una declaración leída, y subrayó que “los opositores buscan culpar a las instituciones del orden público”.

“El gobierno rechaza, categóricamente, todas las acusaciones y campañas difamatorias de estos grupos delincuenciales y de los conspiradores que los dirigen y financian, quienes se confabulan para presionar, a los distintos sectores, de acuerdo con su agenda”, indicó, asimismo.

“Estos señores de la violencia, denuncian ataques inexistentes, luego producen las víctimas y se nos pretende acusar de ataques dolorosos y trágicos que no hemos provocado”, denunció.

Alvarado indicó que “Nicaragua acude a esta magna asamblea para expresar su firme compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad de la nación nicaragüense, sumida bajo el ataque de violencia delincuencial que han generado ciertos grupos políticos de la oposición que conspiran desde la oscuridad, con agendas políticas específicas”.

Se trata de agendas “similares a las utilizadas en otros países de la región con la finalidad de activar formatos delictivos para aterrorizar a las familias, en franca violación de la constitución y las leyes de la República al continuar destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses”, enfatizó.

En ese sentido, garantizó que “condenamos enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril hasta la fecha en Nicaragua, son días de dolor que han enlutado a las familias nicaragüenses”, dijo el representante nica.

Pero, después de las manifestaciones condenatorias estadounidenses y la defensa nicaragüense, la segunda jornada de la Asamblea General fue espacio para una sorpresa: Estados Unidos y Nicaragua presentaron, juntos, el texto de la esperada declaración sobre la violenta crisis política.

Pasado el efecto del primer impacto, surgió la pregunta obvia y generalizada: qué acordaron, secretamente, ambos gobiernos?

La respuesta aún se desconoce.

También surgieron las críticas de activistas de derechos humanos, quienes señalaron el contenido del texto como un planteamiento débil ante la magnitud de la violencia antiopositora.

Aprobado por aclamación, en la jornada de cierre de la reunión, el “Proyecto de Declaración de apoyo al Pueblo de Nicaragua” –luego convertido en Declaración- indicó, inmediatamente debajo del título: “(Presentado por Estados Unidos y Nicaragua)”.

Al inicio del texto, la asamblea de la organización continental se autodescribió “preocupada por los informes en curso de disturbios sociales y violencia en las últimas semanas en Nicaragua”, para, luego, declarar “su condena y exige el cese de inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el pueblo en general”.

También formuló “su llamada a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad”, y manifestó “su preocupación al desglose (sic) en el reciente proceso de diálogo”.

Y además, “su llamamiento al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia”.

Igualmente, afirmó, “de conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición de la Organización de los Estados Americanos de brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua”.

Asimismo, invitó, a la CIDH, a “que informe al Consejo Permanente tan pronto como sea posible sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, y su intención de que el Consejo Permanente siga ocupándose de la evolución de la situación”.

Las reacciones de organizaciones de derechos humanos, lo mismo de Nicaragua que internacionales, a la declaración de la OEA, fueron inmediatas –y severamente críticas-.

“Este acuerdo secreto de Nicaragua y Estados Unidos” presenta, a Ortega, en el contexto de la situación, la posibilidad de ganar tiempo, debido a que “la declaración está hecha a la medida de Daniel Ortega, porque todo el tiempo se ha deslindado al no aceptar su responsabilidad” de “que es su gobierno el causante de todas las muertes en Nicaragua”, aseguró la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

En el primer punto, el documento “condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general”, aunque sin mencionar al gobierno de Ortega y Murillo, precisó, al señalar a ambos como los responsables directos de la represión.

Además, “equiparan la violencia del gobierno con la resistencia cívica”, lo que “es inaceptable. Tampoco mencionan por ninguna parte la justicia”, dijo la histórica activista de derechos humanos, quien participó en la asamblea en calidad de integrantes de la sociedad civil nicaragüense.

En opinión de la directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, la declaración “es una mala lectura del contexto nica (nicaragüense), y también es parte de la estrategia de Ortega para aplacar la denuncia. Es inteligente al plantear una declaración antes de que le impongan una resolución”.

“Desde esa lógica no reconoce las violaciones a derechos humanos y que la responsabilidad recaiga en el Estado”, agregó.

Por su parte, en un comunicado emitido en la capital de México, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, señaló que “las valientes personas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua necesitan mucho más que tímidas condolencias y generalizaciones; necesitan un compromiso firme para garantizar que las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos no se repitan y queden impunes”.

“El verdadero apoyo al pueblo nicaragüense significaría hacer que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, agregó.

“Si los países de la región ignoran la responsabilidad del gobierno por estas atrocidades, serán cómplices de la matanza continua de manifestantes y civiles”, advirtió Guevara.

Pero, en lo inmediato, la declaración de la OEA no pareció incidir para frenar la violencia que golpea a Nicaragua.

De acuerdo con versiones periodísticas y testimonios personales originados en ese país, los incidentes violentos siguen registrándose en diversas ciudades y tramos carreteros a nivel nacional, particularmente en ciudades tales como Managua –la capital-, Masaya, Granada, Jinotepe, y zonas cercanas.

La cifra de víctimas fatales era, según la CIDH, al 4 de junio, de 127, y aumentaba, mientras que los heridos, los detenidos y los desaparecidos sumaban miles.

Tampoco pareció incidir en la posición gubernamental, ya que la reunión desarrollada el 7 de junio, durante aproximadamente tres horas, entre los 10 integrantes de la CEN y Ortega, terminó en una solicitud presidencial de “un par de días” para reflexionar.

El resultado de esa reflexión será determinante para que los obispos decidan si convocan a la continuación del diálogo.

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