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Nicaragua descalifica y desautoriza a Almagro

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George Rodríguez

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, está actuando ilegítimamente y sin fundamento, al procurar que la Carta Democrática Interamericana sea aplicada a Nicaragua, denunció el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en carta dirigida, el primer día de este año, a sus colegas latinoamericanos y caribeños.

La base de le gestión de Almagro –que en Nicaragua se ha alterado el orden constitucional, y, por ende, el orden democrático- es falsa, aseguró Moncada, en el texto de 21 páginas dirigido a “l@s Cancilleres de los Gobiernos de América Latina y el Caribe”.

“Solicito amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del Secretario General (…) relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas en la Organización de los Estados Americanos”, planteó el canciller nicaragüense, un militar retirado.

Cuatro días antes, en nota dirigida el 28 de diciembre a la embajadora de Costa Rica en la OEA, Montserrat Solano –en ejercicio de la presidencia del Consejo Permanente de la organización continental-, Almagro solicitó la rápida convocatoria, al consejo, para abordar la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de ocho meses golpea a Nicaragua.

En el texto de poco más de dos páginas, el secretario general –un ex canciller uruguayo- pidió, a la embajadora –una periodista y ex defensora de los Habitantes (ombudsman)-, “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la convocatoria inmediata de una sesión del Consejo Permanente para considerar la situación en Nicaragua”, porque “se ha producido allí una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”, por lo que urge que ese organismo de la OEA evalúe la situación.

La mañana siguiente, Solano informó que había iniciado las consultas y las gestiones del caso.

El día previo a la solicitud de Almagro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, al consejo, durante la sesión especial llevada a cabo el 27 de diciembre, para analizar la dramática situación nicaragüense, un informe sobre la situación en el país centroamericano.

Se trata del documento que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”.

El informe incluye la denuncia de que, en el marco de esa dramática situación, caracterizada por la cotidiana represión policial –principalmente, efectivos antidisturbios- y parapolicial –grupos progubernamentales armaos- contra toda expresión de oposición al gobierno, se ha cometido crímenes de lesa humanidad.

El Giei y el Mecanismo especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) –los dos equipos de trabajo de la CIDH en el país- fueron expulsados, el 19 de diciembre, por la cancillería nicaragüense, medida que incluyó la suspensión de las visitas de la comisión.

En tal contexto de confrontación OEA-Nicaragua, la solicitud de nueva reunión del Consejo Permanente para abordar la situación, y el hecho de que el pedido se apoya en la Carta Interamericana, generó la reacción de la cancillería nicaragüense.

En fuertes términos, Moncada cuestionó la legitimidad de la gestión de Almagro.

El secretario general “solicitó convocar de urgencia al Consejo Permanente con el fin ilegal e ilegítimo de promover el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, bajo el argumento de que se ha producido una alteración al orden constitucional”, según el canciller.

Al hacerlo, Almagro actuó en contravención de lo que establece la carta, aseguró.

Esa decisión “es improcedente, ilegal, sin fundamento jurídico y contraviene la misma Carta Democrática Interamericana y la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, denunció.

El artículo 20 prevé que, cuando en un país miembro de la OEA ocurra una alteración del orden constitucional, y que eso dañe su orden democrático, cualquiera de los demás países, o el secretario general, puede solicitar inmediata sesión del Consejo Permanente, para evaluar la situación y determinar las medidas a aplicar.

Según sea el contexto de la crisis, el consejo cuenta con la opción de resolver que se lleve adelante las gestiones diplomáticas necesarias –incluidos los buenos oficios-, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado.

Si esas acciones resultan infructuosas, el consejo debe, de inmediato convocar a urgente sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA para que emprenda las acciones del caso.

Moncada precisó que “la Carta Democrática fue concebida como un medio para restituir los Gobiernos democráticamente elegidos y un mecanismo contra los golpes de estado y la deposición por la fuerza, de Presidentes, Jefes de Estado y Gobiernos electos democráticamente”.

Según la narrativa gubernamental –incluida en la carta a los demás cancilleres-, en abril del año pasado se registró un intento golpista, definición oficialista de la violenta crisis sociopolítica que, desde entonces, golpea a ese país centroamericano, donde las acciones policiales y parapoliciales antiopositoras que han cobrado centenares de vidas.

La OEA “tenía la obligación, según la Carta Democrática Interamericana, de apoyar el orden constitucional y democrático de Nicaragua frente a los hechos violentos que buscaban su destrucción”, pero el secretario general “optó por apoyar a las fuerzas terroristas, incentivando la ruptura del orden constitucional de Nicaragua”, con lo cual actuó “en abierta violación de la legalidad y de sus obligaciones como secretario general”, aseguró Moncada.

Al participar en la sesión del 27 de diciembre, Almagro esbozó la posibilidad de actuar en el sentido en que lo hizo un día después.

“Las acciones a futuro por las que trabajaremos están en: restablecer el diálogo nacional, iniciar los procedimientos previstos en el artículo 20 de la carta democrática interamericana (…) solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncie los crímenes cometidos incluidos en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitar al Consejo Permanente que remita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe del grupo independiente y pida una reunión para su exposición”, precisó.

También advirtió que la persistencia en la comisión de crímenes de lesa humanidad resultará en la solicitud, por parte de la OEA, de la detención y el enjuiciamiento de los autores intelectuales y materiales de esas acciones.

 

 

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