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“Nadie es ilegal”

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George Rodriguez

Ninguna persona, precisamente por su condición de tal, es “ilegal”. Esto es así, en la vida real.

Sin embargo, en el mundo paralelo del racismo, la xenofobia, la exclusión social

-habitado por seres como Donald Trump y Jair Bolsonaro-, las personas, según sea su condición socioeconómica o su nacionalidad o su etnicidad –o una combinación de factores-, son pasibles de ser catalogadas –y, por lo tanto, discriminadas- como ilegales.

La etiqueta es cotidianamente aplicada a los miles de migrantes indocumentados quienes logran cruzar –o fracasan en el intento- la frontera terrestre de 3,155 kilómetros entre México y Estados Unidos, con la esperanza de lograr, en el supuestamente mágico territorio estadounidense, el improbable “sueño americano” –que cubre aspiraciones desde salvar sus vidas hasta obtener empleo-.

Este es el caso específico actual de los miles de centroamericanos –hondureños, en abrumadora mayoría- participantes en la Caminata del Migrante, la marcha que, en su desesperado/indetenible desplazamiento sur-norte –desde San Pedro Sula, en Honduras, hasta algún lugar en Estados Unidos-, refleja la despiadada realidad social y de seguridad

–o ausencia de ésta- imperante en el Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras-, una de las regiones más violentas a nivel mundial.

El triángulo es, además de altamente violento, masivamente corrupto y profundamente desigual.

Algunos ejemplos.

En materia de violencia, en 2017, según el cálculo internacional de homicidios por cada 100 mil habitantes, El Salvador ocupó el deshonroso primer lugar del triángulo –del que bajó a Honduras-, con 60, seguido por Honduras, apenas por debajo de 43, y Guatemala, con poco más de 26.

Un punto clave en este cálculo –llevado a cabo anualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que abordan el tema como un problema no de seguridad sino de salud pública- es que cualquier cifra por encima de 10, equivale a fallecimientos por una epidemia.

En el caso del Triángulo Norte, el vector de la epidemia se denomina “maras”, y se originó en Estados Unidos, a causa de las guerras internas que durante años golpearon a Centroamérica.

La década de 1980 fue el período durante el cual tuvieron particular intensidad los conflictos armados dentro de varios países centroamericanos, enmarcados en la Guerra Fría (1947-1991) que Estados Unidos y la Unión Soviética libraron a nivel mundial.

La violencia de las confrontaciones ejércitos-guerrillas en el Triángulo Norte -Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1982)- y sus efectos en Honduras –aunque no fue teatro de guerra-, obligó a la emigración masiva de ciudadanos de esos países, personas mayoritariamente de escasos recursos e indocumentadas –incluidos mujeres, niños y adolescentes-, hacia Estados Unidos.

Esos contingentes se asentaron principalmente en ciudades de la costa oeste -en particular, el área de Los Angeles-.

El hecho de que esas zonas urbanas eran territorios que estaban divididos por pandillas callejeras estructuradas según nacionalidades de otros grupos de inmigrantes, condujo a los centroamericanos recién llegados a organizarse, como estrategia de sobrevivencia y de identidad grupal, en similares colectivos que denominaron “maras”.

Los “mareros” originales fueron adolescentes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, quienes se constituyeron en dos agrupaciones -Mara 18 (M18) y Mara Salvatrucha (MS)-, las que adquirieron notoriedad por su extrema violencia.

Los operativos de “la migra” estadounidense contra inmigrantes indocumentados, determinaron la captura de cientos de ciudadanos de los tres países, incluidos mareros quienes, a su regreso, establecieron allí esas dos estructuras delictivas, las que rápidamente se multiplicaron en otras, y sus decenas de miles de integrantes son ahora, sumadas a redes de crimen organizado –incluidas narcoestructuras-, un problema social y de seguridad fuera de control.

Las políticas de represión -militar y policial- aplicadas por los respectivos gobiernos han agudizado el fenómeno, lo que mantiene en jaque a la población.

En cuanto a corrupción, el triángulo también se destaca –como en el caso de las maras- por todas las razones equivocadas.

En 2016, el entonces presidente de Guatemala, el genocida y corrupto general retirado Otto Pérez, y su vicepresidenta, la no menos corrupta Roxana Baldetti, presionados por la masiva indignación popular –y por el eficaz trabajo conjunto de la Comisión Internacional contra la corrupción en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP)-, tuvieron que renunciar, fueron detenidos, y pasaron a la justicia penal.

Eran los capos máximos de una red de corrupción fiscal aduanera denominada “La Línea”.

Por otra parte, los tres presidentes que, desde 1999 hasta 2014, tuvo El Salvador –dos de ellos derechistas, el otro, supuestamente izquierdista- fueron acusados penalmente por corruptos –altamente corruptos-, pero sólo uno de ellos –Antonio “Tony” Saca (2004-2009), de la ultraderechista y escuadronara Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue condenado y cumple sentencia.

Su correligionario y antecesor inmediato, Francisco Flores (1999-2004), murió durante el proceso judicial, y su sucesor inmediato, Mauricio Funes (2009-2014), ante los primeros indicios de acción judicial en su contra, se autoexilió en Nicaragua, alegando persecución política, y aplicando el popular refrán centroamericano de acuerdo con el cual “no es lo mismo verla venir, que bailar con ella” – cuya versión menos elegante, pero más precisa asegura que “no es lo mismo verla venir, que tenerla metida adentro”- .

Los tres, malversaron fondos y se enriquecieron ilícitamente.

En Honduras -cuyos niveles de corrupción son tan fenomenales cuanto masivos-, el actual presidente, Juan Orlando Hernández –apodado, por periodistas locales, como “Juan Robando” Hernández-, logró -mediante manipulación judicial y parlamentaria, y gracias a un escandaloso fraude denunciado en los comicios de noviembre de 2017- la reelección, aunque esa figura estaba específica e inapelablemente prohibida por disposición constitucional.

El de JOH –como popularmente se conoce al gobernante, en este caso, por sus iniciales- no es el único incidente de manipulación –obviamente inconstitucional- del Poder Judicial de un país centroamericano.

En el tema de seguridad –o ausencia de ésta, para la base ciudadana- un factor clave está constituido por el fenómeno de las maras.

La crisis se evidencia en familias amenazadas, adolescentes y jóvenes reclutados para delinquir, personas asesinadas –algunas como bajas colaterales- en el marco de guerras territoriales y ajustes de cuentas o en enfrentamientos entre mareros y fuerzas de seguridad, cobro de “peaje” –o “impuesto de guerra”- para el paso de vehículos por diversos sectores urbanos, mujeres violadas.

En síntesis: las maras reinan.

A todo eso, se suma el hecho de que, los críticos indicadores socioeconómicos del triángulo revelan niveles de pobreza de aproximadamente 60 por ciento, para una población conjunta de casi 31 millones de personas.

La combinación de esos destructivos factores ha generado la perfecta tormenta socioeconómica y política que está arrasando con las muy escasas oportunidades de progreso con las cuales contaba la mayoritaria base de la población.

Por lo tanto, la gente huye.

Así, el éxodo desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos, cruzando México, es permanente –y presenta momentos de particular magnitud-.

Uno de esos momentos ocurrió en abril y mayo de este año, cuando aproximadamente mil doscientas personas emprendieron el Viacrucis Migrante 2018, cubriendo, durante algo más de dos semanas, la habitualmente peligrosa ruta, en territorio mexicano, desde la frontera sur –con Guatemala-, hasta la frontera norte –con Estados Unidos-.

Se trata de una actividad anual que se lleva a cabo, desde 2010, en el marco de la Semana Santa, para hacer conocer la realidad de la que huyen con la ilusión de cumplir su “sueño americano”.

Y ahora, está en dificultoso avance la Caminata del Migrante.

Iniciada el 13 de octubre en la noroccidental ciudad de San Pedro Sula –el centro industrial de maquila textil de Honduras-, por poco más de un centenar de hondureños, la marcha contaba, dos semanas después y ya en territorio mexicano, con aproximadamente 7200 caminantes –incluidos contingentes minoritarios de guatemaltecos y salvadoreños, y algunos nicaragüenses-.

La inseguridad y la falta de oportunidades son las razones clave que obligaron también a estas personas –incluidos niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas- a tomar la drástica decisión de emprender la caminata.

Saben que de México a Estados Unidos, será, en el mejor de los casos, extremadamente difícil: Trump decidió militarizar el lado estadounidense de la frontera entre ambos países.

Según explicó en numerosos mensajes que ha emitido, vía la red social Twitter, desde que se enteró del avance de la caminata, la decisión obedece a impedir el ingreso de criminales, a territorio estadounidense.

Además, y en una obvia movida electorera ante la inminencia de los comicios legislativos y municipales del 6 de noviembre, culpó al opositor y ex gobernante Partido Demócrata por el hecho de que el país esté enfrentado a esa situación.

“Estoy observando el asalto encabezado por el Partido Demócrata –porque ellos quieren Fronteras Abiertas y débiles leyes existentes-, a nuestro país, por Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyo gobernantes están haciendo poco para impedir que este gran flujo de gente, INCLUIDOS MUCHOS CRIMINALES, entre a México hacia E.U…..”, escribió en el primero de una serie de tres tuits que lanzó el 18 de octubre.

Lo que Trump considera como una actitud imperdonablemente omisa por parte de esos tres gobiernos, amerita una drástica sanción: no más ayuda al Triángulo Norte.

Y, si México tampoco hace nada por detener la caminata, los militares estadounidenses se encargarán de ello.

“….Además de suspender todos los pagos a esos países, que parecen casi no tener control sobre su población, debo, en los términos más fuertes, solicitar a México que detenga este asalto –y si no puede hacerlo, llamaré a los Militares de E.U. y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!..”, advirtió.

Según Trump, nada es más importante que detener esa marcha, lo que incluye el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) –United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)- que, anunciado al inicio de octubre, reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -North America Free Trade Agreement (NAFTA)-, que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1994 hasta el 1 de octubre de 2018.

“….El asalto a nuestro país en nuestra Frontera Sur, incluidos los elementos Criminales y DROGAS que están entrando, es mucho más importante para mí, como Presidente, que el Comercio o el T-MEC. Ojalá México detenga este asalto en su Frontera Norte. Culpa completa de los Demócratas, por leyes débiles!”, planteó.

Las afirmaciones reflejan la visión xenofóbica que el mandatario tiene de quienes deciden emigrar en procura de salvar sus vidas y buscar las opciones que en su país no encuentran.

Es la visión de la “cero tolerancia” migratoria, que incluye no solamente la masiva detención de familias indocumentadas sino la separación de niños y padres, para

–literalmente- enjaularlos en centros de detención –por lo general espacios en instalaciones militares-, a miles de kilómetros de distancia unos de otros.

Uno de numerosos casos fue el de una niña quien fue separada de sus padres, en Texas –en la frontera sur-, y apareció en un centro de detención en Nueva York –en el noreste-.

Pero, según la cruel y xenofóbica jerga burocrática y de algunos medios de comunicación, no hay problema, porque se trata de “niños inmigrantes ilegales”, y “familias inmigrantes ilegales”, quienes son, por odiosa generalización, “inmigrantes ilegales”.

En ese sentido, un video difundido en redes sociales por el derechista Fondo Legislativo para el Liderazgo (Congressional Leadership Fund, CLF) –un Comité de Acción Política (Political Action Committee, PAC)-, estigmatiza, valiéndose de ese concepto, a los participantes en la caminata.

El locutor del video advierte, específicamente, que “una caravana de inmigrantes ilegales marcha hacia Estados Unidos”, y describe, a los caminantes, pandilleros y criminales.

Sin embargo, tres palabras pintadas sobre una pared en San José, la capital de Costa Rica, corrigen y ponen en su lugar, irrefutablemente, a los promotores de la xenofobia: “nadie es ilegal”.

 

 

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