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Maduro dice que Estados Unidos libra guerra mundial imperial contra Venezuela, Pompeo llama a transición

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George Rodríguez

Caracas y Washington fueron, esta semana, los extremos del curso de colisión verbal entre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por una parte, y el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la otra.

El jueves 10, mientras en la capital de Venezuela, Maduro relataba el proceso de agresión externa contra el caribeño país sudamericano, en la capital norteamericana, el Consejo Permanente de la OEA declaraba la ilegitimidad del segundo período gubernamental consecutivo del mandatario (2019-2025), y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llamaba a los venezolanos –desde los empleados públicos hasta los militares- a iniciar un período de transición.

Habiendo dado el juramento de rigor –al que agregó una serie de componentes por los cales asumió su compromiso, incluidos Simón Bolívar, Hugo Chávez, los niños venezolanos, su propia vida-, Maduro denunció la guerra imperial de amplio alcance contra el caribeño país sudamericano.

“Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y ha pretendido convertir una toma de posición, formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica, en una guerra mundial contra nuestro país”, declaró.

En el marco de esa agresión global, los atacantes fabrican excusas para justificar el hostigamiento, una característica que los diferencia de la víctima.

“Como locos, descocados, enloquecidos, andan, los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano, inventando, haciendo, presionando, gritando”, pero “yo le digo, a nuestro pueblo, siempre: ‘allá, ellos, con su desesperación, su nerviosismo, y su locura, y acá, nosotros, con nuestro amor y con nuestra paz, con nuestra visión de futuro, con nuestro espíritu redentor, libertario, evolucionario, socialista’”, planteó.

Entre los satélites de Estados Unidos figuran la mayoría de los países del Grupo de Lima

–al que llamó “el cartel de Lima”- y la mayoría de los que integran la OEA, que han coincidido en declarar la ilegitimidad del nuevo período presidencial de Maduro, por considerar que la votación del 20 de mayo del año pasado, cuyo gane le aseguró la reelección, no fueron todo lo libres, justas, ni democráticas que debieron ser.

En el caso del Grupo de Lima, México fue el púnico de los 14 miembros que se abstuvo de suscribir, el 4 de enero, la declaración, mediante la cual los firmantes declaración que “no reconocen la legitimidad del  nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019”, debido a que la elección de mayo “carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.

El bloque regional, que toma su nombre de la capital de Perú -donde fue constituido, el 8 de agosto de 2017, con el propósito de monitorear la crisis venezolana, y ayudar a darle solución- es integrado por Argentina, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Jamaica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, es avalado por la OEA y la Unión Europea, y por la oposición venezolana.

Seis días después, simultáneamente a la juramentación de Maduro, 19 de los 33 países presentes en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, aprobaron una resolución en términos similares.

Así, en el primero de los nueve puntos resolutivos del documento, el consejo optó por “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”, y formuló “un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales”.

Además, llamó a la adopción de las medidas diplomáticas y afines necesarias que ayuden al restablecimiento de la democracia venezolana.

Al respecto acordó “urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”.

En respuesta a planteamientos como los del Grupo de Lima y la OEA, Maduró los rechazó, reivindicando la soberanía y la autodeterminación venezolanas.

“Si tenemos un problema lo tenemos que resolver los venezolanos y las venezolanas. Problemas, hay. Que levante la mano el país que no tienen problemas. Pero nosotros somos víctimas de una guerra económica”, señaló.

Pero las expresiones de Pompeo, la mañana de la juramentación, fueron marcadamente más fuertes que las expresiones contenida, respectivamente, en la Declaración de Lima y en la resolución del consejo.

“Estados Unidos condena la ilegítima usurpación del poder, hoy, por Maduro, luego de las elecciones no libres e injustas que impuso al pueblo venezolano el 20 de mayo de 2018”, dijo el funcionario, para subrayar que “Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano, y continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático estadounidense para presionar por la restauración de la democracia venezolana”.

En opinión del secretario de Estado, el contexto de ilegitimidad presidencial plantea la necesidad de que Venezuela dé inicio a un proceso de transición que conduzca a la recuperación del orden constitucional.

“Es hora de que Venezuela inicie un proceso transicional que pueda restaurar el orden constitucional y democrático mediante la realización de elecciones libres y justas que respeten la voluntad del pueblo venezolano”, aseguró.

Se trata de una tarea es colectiva, que debe involucrar a líderes como el recientemente elegido presidente de la unicameral Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó, precisó Pompeo, en declaraciones difundidas por el Departamento de Estado.

“Es hora de que los líderes venezolanos opten. Exhortamos a aquellos quienes apoyan a este régimen, desde los empleados cotidianos quienes subsisten con subsidios alimentarios hasta las fuerzas de seguridad venezolanas juramentadas para apoyar la Constitución, a dejar de facilitar la represión y la corrupción y a trabajar con la Asamblea Nacional y su líder debidamente elegido, Juan Guaidó, de acuerdo con su constitución, por el regreso pacífico a la democracia”, afirmó.

Creada constitucionalmente en 1999, en reemplazo del bicameral Congreso de la República, la Asamblea Nacional es, desde 2016, dominada por mayoría opositora

-principalmente, diputados de la Mesa de Unidad Democrática (MUD)-, lo que la convierte en el único poder del Estado que no está bajo el dominio del Poder Ejecutivo, razón por la cual es desconocida por el régimen de Maduro.

En tal contexto, un decreto presidencial dio origen, en 2017, a la Asamblea Nacional Constituyente, a la que encargó la redacción de un nuevo texto constitucional, además de que lo otorgó facultades plenipotenciarias por encima del Poder Legislativo.

“Hoy, reiteramos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder de gobierno debidamente elegido por el pueblo venezolano”, expresó Pompeo.

Más que solamente problemas como los que enfrenta cualquier país, Venezuela está, hace años, en un contexto de severa crisis socioeconómica, política, y de seguridad.

La dramática situación ha generado un incesante éxodo que, según estimaciones variadas, ha involucrado, hasta ahora, a por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, salen hacia a países principalmente sudamericanos, incluidos los limítrofes Brasil y Colombia, además de naciones más lejanas, como Ecuador y Perú.

Quienes salen así de Venezuela, señalan, como causas para tomar esa decisión, la represión del régimen contra la oposición, a lo que suman la escasez de alimentos básicos, la virtual inexistencia de otros artículos de primea necesidad, la falta de medicinas, el escaso poder adquisitivo de los salarios, todo ello con la falta de oportunidades como denominador común.

 

 

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