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Expertos independientes en derecho señalan lo que oficialmente no se dice: directivos y empleados de DESA participaron en la planificación de asesinato de Berta Cáceres

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Luego de analizar solamente una parte de la información en poder del Ministerio Público (MP) de Honduras, respecto al asesinato de la líder indígena y activista de derechos humanos Berta Cáceres, un grupo internacional de expertos independientes en derecho, logró lo que oficialmente se ha eludido: determinar la autoría intelectual del asesinato de la líder indígena y activista de derechos humanos Berta Cáceres.

En alianza con diversos agentes estatales, autoridades y subordinados de la empresa encargada de la construcción de un proyecto hidroeléctrico –al cual se opuso la comunidad indígena, encabezada por la dirigente- participaron en la planificación, la ejecución, el posterior encubrimiento del crimen cometido en Marzo del año pasado.

En una de las conclusiones clave –la novena de doce- de su informe “Represa de la Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres”, fechado este mes,  el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe), determinó que “la prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”.

“Sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”, de acuerdo con lo establecido por el Gaipe.

Asimismo, “la prueba sobre la participación de diversas personas no imputadas hasta la fecha, la tienen los agentes a cargo de la investigación, al menos, desde el 2 de mayo de 2016”, pero “no se conocen diligencias para ampliar las imputaciones”, agregaron los autores del documento.

“Esto, sumado a la negativa del Ministerio Público de brindar información a las víctimas ha permitido que personas que tomaron parte en la decisión, planificaron, inducción y contribución en el asesinato (…) no estén ni siquiera siendo requeridas judicialmente”, precisaron, además.

El grupo de trabajo aseguró, en otra de sus demoledoras conclusiones, que “la prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales, e inclusive ampliar las acusaciones respecto a actuales imputados”.

“Algunos de estas conductas delictivas previstas en la legislación hondureña son: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad”, precisó.

El Gaipe, que, mediante su informe reveló, con base cimentada en trabajo técnico, lo que familiares de Cáceres y sectores de base hondureños venían señalando en el contexto de impunidad que caracteriza a esta nación centroamericana, fue creado, precisamente, para desarrollar el trabajo que cumplió.

En el comunicado que emitió el 8 de noviembre del año pasado en Tegucigalpa, la capital nacional, el grupo entró en escena.

El Gaipe informó, entonces, que su creación fue fruto del reclamo de diversos sectores respecto a contrarrestar la histórica impunidad que cubre a crímenes políticos -y otros actos de corrupción- cometidos en el país, y a sus perpetradores.

El equipo profesional aludió así a planteamientos formulados, desde el año pasado, por familiares de la líder así como del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras (Copinh) –cofundado, en 1993, por Cáceres-, lo mismo que por diversas organizaciones hondureñas e internacionales, y por el ambientalista mexicano Gustavo Castro.

El ambientalista, quien visitaba Honduras estaba hospedado en la casa de la dirigente, resultó herido de bala durante la comisión del asesinato.

El Gaipe se constituyó como “un equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado,” de acuerdo con lo que se indicó en el comunicado.

“El objetivo central del GAIPE es realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos”, y el grupo, además, “establecerá los patrones y el modus operandi que dieron lugar a este asesinato y que afectaron a otros integrantes del COPINH”, según el grupo.

El equipo de expertos indicó, asimismo, que “dará seguimiento a las diligencias de investigación adoptadas por el Estado de Honduras, con un enfoque multicultural y de género”.

Días antes del crimen, Cáceres encabezó una de las numerosas manifestaciones pacíficas contra la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el occidental departamento hondureño de Santa Bárbara.

El gobierno del entonces presidente (2010-2014) de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo, autorizó, en 2010, el proyecto, programado para construirse en un sector del río Gualcarque –un cuerpo de agua sagrado para el pueblo indígena Lenca, al que Cáceres pertenecía-.

Residentes del área buscaron, de inmediato, el apoyo del Copinh, explicando que, de materializarse la construcción, la estructura de grandes proporciones causaría un considerable daño ambiental, además de que perjudicaría a comunidades indígenas y campesinas establecidas en la zona.

Los pobladores locales plantearon, al Copinh, la necesidad de detener el trabajo de construcción, labor que había comenzado.

El consejo, con el liderazgo de Cáceres, lanzó la pacífica y persistente oposición a Aguas Zarcas, esfuerzo –exitoso no obstante la represión de que fue objeto- obligó a la empresa estatal china Sinohydro –la mayor constructora de represas a nivel mundial- y a la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) –la entidad inversionista- a retirarse de la iniciativa.

Sin embargo, la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (Desa) impulsó, nuevamente, el proyecto, lo que reactivó la movilización opositora local, siempre con el liderazgo de Cáceres.

La decisión del Gobierno de Lobo fue tomada sin previa consulta a las comunidades involucradas, lo que violó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), norma de 44 artículos, vigente desde 1989, que Honduras ratificó hasta 1995.

El sexto artículo del instrumento internacional –más conocido como Convenio 169 de la OIT- establece que “al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán (…) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Igualmente, “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.

Asimismo, “establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”.

El convenio advierte, en el mismo artículo, que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

En cuanto al asesinato de la líder lenca, el Gaipe indicó, en su informe, que, “con la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público al menos desde el 2 de mayo de 2016, ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores inició en el mes de noviembre de 2015, lo que coincide con movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca”.

“Durante los meses de enero y febrero 2016, algunos de los imputados y personas no identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza”, agregó, en alusión lugar de residencia de Cáceres y donde se ubica la sede central del Copinh, en el occidental departamento de Intibucá y a unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.

La mención de imputados aludió ocho personas –empleados subalternos de Desa y militares de rango bajo o medio- sometidas a proceso judicial.

“El 5 y 6 de febrero de 2016, se desplegó un operativo para cometer el crimen en el que participaron, según la información analizada, varios de los imputados. Por razones de logística el operativo fue (temporalmente) ‘abortado’ ”, reveló.

No obstante, y “según la información analizada por el GAIPE, al menos cuatro de los presuntos autores materiales del asesinato se agruparon el 2 de marzo de 2016 en la Ceiba, para desplazarse a la ciudad de La Esperanza, del Departamento de Intibucá, en horas de la mañana. A la llegada a dicha ciudad, realizaron labores de reconocimiento antes de perpetrar el asesinato”, horas después, indicó.

Además, “pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato”, señaló, para agregar que “esos hechos aún permanecen impunes”.

Por otra parte, respecto a Cáceres, la empresa “desarrolló (…) un sistema de vigilancia y seguimiento sustentado, fundamentalmente, en informantes, a quienes proveía recursos logísticos y pagaba para que les proveyera de información sobre las actividades personales y públicas de esa lideresa y personas integrantes de COPINH”, según la misma fuente.

“Ese sistema le permitió a DESA contar con información oportuna para desplegar acciones de control, neutralización y ataque” lo mismo contra la dirigente que contra integrantes del Copinh, actividades que “fueron articuladas con agentes del Estado, y, han continuado luego del asesinato”, denunció, a continuación.

Ello incluyó una “estrategia de desprestigio” de esos objetivos, para lo cual “DESA conformó y financió un equipo de expertos y asesores, incluido el pago a periodistas para difundir la desinformación y ocultar los procedimientos arbitrarios” contra la activista y contra el consejo.

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