La ex fiscala general venezolana Luisa Ortega dijo hoy en San José, la capital de Costa Rica, que no descarta la posibilidad de que el gobierno de Venezuela contrate sicarios para asesinarla, y anunció que proyecta presentar denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) costarricense y en la Comisión Interamericana de Derechos humanos (Cidh).
Ortega informó, en conferencia de prensa en la sede de la FGR costarricense, que cuenta con abundante prueba sobre hechos de corrupción en los que se involucra a diversos funcionarios venezolanos, incluido Diosdado Cabello, influyente líder político progubernamental e integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Acompañada, en la conferencia de prensa, por el Fiscal General costarricense, Jorge Chavarría, la ex funcionaria informó que realiza visitas, a diferentes países, para compartir la prueba referida a la corrupción gubernamental que ha denunciado.
La ex funcionaria indicó que su llegada a Costa Rica se enmarca en lo que definió como la cruzada que decidió emprender, a nivel americano, a favor de la justicia y los derechos humanos en Venezuela.
Ortega aseguró que debió abandonar territorio venezolano debido a hostigamiento gubernamental, lo que incluyó amenazas en su contra, lo mismo que el retiro de la inmunidad parlamentaria que protegía a su esposo, un ex diputado.
También aseguró que no puede, por razones de seguridad personal, regresar, en lo inmediato, a Venezuela.
“Aquí, en Costa Rica, vengo, específicamente, a formular una denuncia –entre otras cosas, voy a formular una denuncia- ante la fiscalía de Costa Rica”, informó.
“Yo quisiera formularla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó, para agregar, de inmediato, que la CIDH, “ya (…) la comisión interamericana me dictó una medida de protección en Venezuela”.
“El tema es que tengo información de Venezuela”, comenzó a explicar, e indicó que las autoridades de esa caribeña nación sudamericana “insisten en la persecución en mi contra, y que pudieran contratar sicarios para acabar con mi vida, y yo temo por eso”.
“Por eso, quiero formular una denuncia aquí, en Costa Rica, y, también, a favor de los distintos fiscales y directores que se encuentran fuera de Venezuela, y cuya vida, también, corre peligro”, señaló, además.
Ortegaaseguró que “mi presencia en Costa Rica, representa una oportunidad muy importante para nuestra causa, y esto es así por la solidez de las instituciones de este país”, que es “el ícono, en derechos humanos, en América, es Costa Rica”, y señaló que, “por eso, yo estoy aquí”
“Y, cuál es nuestra causa?”, preguntó, para, a continuación responder que “nuestra causa es la democracia, la preservación de las instituciones, y la libertad”.
Al respecto, “hemos emprendido una cruzada, fundamentalmente, en el continente, porque, en Venezuela, no es posible obtener justicia, y, mucho menos, en el caso de violación a los derechos humanos, en el caso de corrupción, en los casos de drogas, en los casos de delincuencia organizada”, precisó.
En tal contexto, “considerando que estamos en Costa Rica, la cuna de los derechos humanos, y un país que se conoce, en todo el continente, por respetar los derechosa humanos, vengo aquí a señalar, a denunciar lo que está pasando en mi país”, aseguró.
“Hemos dadolos primeros pasospara poner en marcha los mecanismos de la justicia universal, como forma legítima de aplicación del derecho y del combate de la criminalidad que hoy ejerce el poder en Venezuela”, algo que “es un gran reto que tiene la comunidad internacional, para abordar este asunto -incluso, Costa Rica-, pero la inacción, el silencio, la complacencia no es una opción”.
“Por eso, estoy solicitando (que los costarricenses) nos acompañen en esta gesta humanitaria a favor de todos los venezolanos, tal como, en muchas ocasiones, nosotros lo hicimos a favor de ciudadanos de todo el mundo”, manifestó.
“Estoypidiendo que nos acompañen, que acompañen al pueblo de Venezuela, sobre todo, en el rescate de los derechos humanos, y lograr las sanciones de los responsables de lo que está ocurriendo, actualmente, en mi país”, dijo.
En opinión de Ortega, “Venezuela necesita, urgentemente, el rescate de la institucionalidad, el rescate de la Constitución, del imperio de la ley, del sometimiento de la autoridad a la voluntad ciudadana, y del respeto irrestricto de los derechos humanos”.
Se trata de “visibilizar lo que está pasando en Venezuela, y ejercer las acciones a que haya lugar para el restablecimiento de la plena vigencia, en Venezuela, de los derechos humanos, de la democracia, la libertad”, dijo.
“Y, en mi caso, estamos aportando las pruebas necesarias para el juzgamiento de los responsables de todos estos hechos”, aseguró Ortega, quien aseguró que, en materia de corrupción gubernamental posee prueba respecto a “muchos funcionarios”, incluido Cabello.
En ese sentido, reveló que “yo me reuní con unos fiscales de la fiscalía de los Estados Unidos, y estas pruebas fueron entregadas”, y que, “otras pruebas, las he dejado en Brasil”, país donde sereunió con fiscales generales sudamericanos.
Por su parte, Chavarría indicó que, en su doble calidad de fiscal general costarricense y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, “estamos recibiendo, con gran complacencia”, a Ortega, “y reprobando la violación, flagrante, a la independencia del Ministerio Público”, en Venezuela.
La asociación ha expresado,reiteradamente, apoyo a Ortega, dijo Chavarría, quien esta mañana recibió, a la ex funcionaria, en el Aeropuerto Internacional “Juan Santamaría”, en las afueras de San José, a su sorpresiva llegada a este país.
Detalles de la visita –tales duración, agenda de actividades y reuniones- no fueron proporcionados, por razones de seguridad, según indicaron, a Informativo JBS, fuentes de la FGR costarricense.
Ortega, quien fue simpatizante del coronel Hugo Chávez, fallecido presidente socialista venezolano, y, más recientemente se destacó por su oposición al gobierno del actual presidente Nicolás Maduro, fue destituida, el 5 de este mes, por la Asamblea Nacional Constituyente.
La ex fiscala, quien abandonó poco después territorio venezolano para llegar a Colombia, ha denunciado, además de corrupción a alto nivel gubernamental, masivas violaciones a los derechos humanos, incluidos actos de abuso de fuerza, por parte de efectivos de seguridad y organizaciones civiles armadas, contra manifestaciones callejeras opositoras.
