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Costa Rica: represión y detenciones arbitrarias antiopositoras deben cesar de inmediato en Nicaragua, es necesario restablecer condiciones para diálogo con mediación episcopal

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George Rodríguez

Sobre la base de su tradicional promoción y defensa de los derechos humanos, el gobierno costarricense exhortó hoy, a su contraparte nicaragüense, a cesar, de inmediato, la represión antiopositora que, con saldo superior a un centenar de víctimas fatales, convulsiona hace más de un mes a Nicaragua.

También debe cesar las| detenciones de personas participantes en manifestaciones –varias de ellas, multitudinarias- en protesta contra la administración del presidente nicaragüense,  Daniel Ortega, planteó, al participar en la 48 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la primera vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell.

“Como una nación que cree y promueve el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, instamos al Gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente toda represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, expresó Campbell.

“Urgimos nuevamente a las autoridades nicaragüenses a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a restablecer las condiciones necesarias que permitan continuar el proceso de diálogo mediado por la Conferencia Episcopal”, agregó la funcionaria, una ex parlamentaria (2006-2010, 2014-2018) por el centroizquierdista y gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).

Campbell hizo así referencia al informe preliminar, marcadamente crítico del gobierno nicaragüense, emitido, el21 de mayo, en Managua, por la misión enviada a Nicaragua, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a monitorear en el terreno, del 17 al 21 de ese mes, la situación de las garantías fundamentales en ese país.

También aludió al Diálogo Nacional que, convocado por el gobierno para buscar solución negociada a la violenta crisis política estallada el 18 de abril, es mediado y atestiguado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

El diálogo está, desde el 23 de mayo, suspendido a causa de las inflexibles posiciones respectivamente sostenidas por la oposición y el gobierno, con la primera exigiendo la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y el segundo dispuesto a permanecer en el poder.

“Costa Rica se rehúsa a guardar silencio ante la escalada de violencia en Nicaragua, y se une al rechazo de la comunidad internacional a los deplorables sucesos ocurridos en las últimas semanas”, aseguró.

“Con el pueblo nicaragüense compartimos mucho más que una vecindad geográfica”, reflexionó, en alusión al hecho de que ambos países centroamericanos comparten frontera terrestre de 309 kilómetros, además de que, unos 600 mil a un millón de ciudadanos nicaragüenses radican en Costa Rica.

“El sufrimiento de su gente es un dolor que alcanza también al pueblo de Costa Rica, porque somos pueblos hermanos, cuyos ciudadanos compartimos el sueño de vivir en sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, aseguró, a continuación.

“La construcción de la democracia es un proceso permanente y minucioso que debe ser asumido por todos los actores sociales día con día. Esa es una obligación ineludible que asumimos al firmar la Carta de la OEA y en la que los países miembros no podemos ni debemos retroceder”, advirtió.

En términos generales, Campbell subrayó que “los desafíos en derechos humanos en toda nuestra región son muchos y apremiantes. Nuestras poblaciones en situación de vulnerabilidad no pueden esperar más para que sus derechos sean respetados.

La vicepresidenta señaló que, “como Estados miembros de esta organización, asumimos un compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, con la construcción de sociedades cimentadas en la libertad, el respeto irrestricto a la ley, a los derechos humanos y las elecciones abiertas e imparciales”.

Al referirse a la presente conmemoración del 70 aniversario de la OEA, dijo que “celebramos los  pasos significativos que hemos dado en esta dirección, pero también reconocemos con gran preocupación la persistencia de importantes desafíos para la institucionalidad, la democracia, el desarrollo y los derechos humanos en todos los países de la región”.

En ese sentido, al inaugurar la reunión de dos días, el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, aseguró que la organización continental “es una fuerza moral en la lucha por la democracia”, y expresó que “la democracia es el único sistema político en el que podemos ser libres y dignos a la vez”.

“Ningún opresor nos puede garantizar libertad y dignidad” sino que, “sólo en democracia el individuo tiene, ejerce y reclama sus derechos, solo en democracia existen garantías de justicia, memoria de los errores del pasado, verdad para seguir construyendo con consciencia, y la seguridad de que aprendimos de esos errores del pasado y de que no se repetirán nunca más”, subrayó.

“Solo en democracia podemos luchar contra la impunidad desde sistemas de justicia legítimos e independientes. Desde la democracia es que tenemos derecho de luchar contra nuestros errores del presente como por ejemplo la corrupción enquistada en nuestras repúblicas, y resolver pacíficamente las tentaciones autoritarias y totalitarias”, precisó.

“Solamente desde la democracia podemos luchar contra aquellos seducidos a no perder cargos y privilegios en un continente rico en recursos. Desde la democracia podemos evitar la pobreza ética en la política que le significa la seducción de no perder privilegios”, dijo, a continuación, en el discurso en el cual no mencionó a ningún país ni a ningún gobernante en particular.

En opinión de Almagro, “la gobernabilidad debe sostenerse en la tolerancia cero contra la corrupción. La gobernabilidad debe ser el instrumento para lograr los cambios necesarios para garantizar los derechos de todos y todas. La gobernabilidad debe ser tolerancia cero a la injusticia. Debe ser nuestro mejor esfuerzo de consolidación democrática, debe ser nuestra agenda de derecho más viva y sustentable que nunca”.

El funcionario advirtió, además, que, “gobernabilidad por estabilidad de los cargos, se transforma en un peligroso sinónimo de impunidad”, y, “cuando éste se afianza, la verdadera democracia pierde su razón de ser”.

El funcionario subrayó que “debemos tener un continente definitivamente libre de dictaduras”.

En el caso de Nicaragua, la misión enviada por la CIDH elaboró quince recomendaciones, las que incluyó en el informe preliminar que dio a conocer, en conferencia de prensa en un lujoso hotel capitalino, al cierre de su labor, el 21 de mayo.

Entre los primeros puntos, aconsejó “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, además de “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.

Asimismo, “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías  de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

También, “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes”.

Igualmente, “ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas”.

Adicionalmente, “adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas”, además de “respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas”.

La misión recomendó, también, “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

En la última de las quince recomendaciones planteó, al Estado, “comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas”.

Los planteamientos de la misión fueron acogidos, ese día, por la mayoría de los participantes en el Diálogo Nacional.

Sin embargo, dos días después, la Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo suspendió las conversaciones, ante la intransigencia de los protagonistas centrales –el gobierno, representado por una delegación encabezada por Moncada, y la sociedad civil opositora, reunida en el bloque denominado Alianza Cívica por la Justicia y la

Democracia-.

Las complejas deliberaciones quedaron trabadas a causa del planteamiento gubernamental de que los “tranques” (bloqueos carreteros) opositores sean levantados a nivel nacional, y la exigencia del bloque opositor de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos.

Entretanto, los tranques y la resistencia de la oposición se mantienen, lo mismo que la represión por parte de fuerzas policiales antimotines conjuntamente con simpatizantes gubernamentales armados –a quienes la oposición identifica como principalmente integrantes del sector juvenil del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, a nivel nacional.

 

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