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Costa Rica mantiene tradición humanitaria, trabaja por refugio de calidad

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En sintonía con su tradición en materia de solidaridad con personas quienes, obligadas, por razones de seguridad, a salir de su país de origen, procuran protección en otros lugares, Costa Rica está ahora abocada a la promoción internacional de refugio de calidad.

Durante la segunda mitad del siglo 20, particularmente en las décadas de 1970 y 1980, cuando América Latina era mayoritariamente gobernada por represoras y corruptas dictaduras militares, esta nación centroamericana se constituyó en referente democrático y lugar de refugio para perseguidos políticos llegados de países sometidos a esos regímenes

–en particular, ciudadanos de Argentina, Chile, Uruguay-.

Las razones por las cuales migrantes forzados siguen llegando a Costa Rica, se han ampliado, ahora incluyendo, además de las tradicionales causas de seguridad –o asuencia de ésta-, motivos tales como persecución por pertenecer a determinados sectores de sociedad civil, crisis económicas nacionales, devastación territorial por fenómenos naturales destructivos.

Los migrantes así obligados a serlo, no solamente no presentan ningún riesgo para la seguridad de país alguno sino que, con su trabajo, inciden constructivamente en las economía de las naciones que los reciben, aunque la tendencia oficial ahora imperante en Estados Unidos –país construido, precisamente, por inmigrantes- niegue esa realidad.

Se trata de personas expulsadas de su entorno social nacional cuya vulnerabilidad de origen se acentúa -a lo largo de las extensas y riesgosas rutas que suelen recorrer- por la acción de redes de crimen organizado transnacional que se dedican, entre otras actividades delictivas, al tráfico de seres humanos.

En tal contexto, mediante el Marco de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica (Minare), este país centroamericano aporta activamente al proceso de construcción del compromiso global que se procura aprobar, al final de este año, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el nombre de Pacto Mundial sobre Refugiados.

En la Presentación del documento que contiene el Minare, la segunda vicepresidenta costarricense, Ana Helena Chacón, escribió que “desde 1951, Costa Rica ha comprendido la dimensión humana que implica salir de un país, debido a persecuciones por razones de etnia, opinión política, por ser sobreviviente de violencia basada en género, pertenecer a un grupo social o por nuestra religión”.

“Desde entonces entendimos que ciudadanos del mundo podrían necesitar de nuestra acogida y refugio; y por ello, hemos sido baluartes en la defensa de las personas refugiadas que buscan venir a nuestro país con el propósito de rehacer sus vidas, con dignidad e integridad”, agregó, al inicio del testo de siete capítulos y dos anexos contenidos en 65 páginas.

El Minare fue elaborado “con la convicción de no dejar a nadie atrás y con la visión de que Costa Rica siga siendo ejemplo para el mundo, con una adecuada protección de las personas refugiadas y su pronta integración en nuestra sociedad”, aseguró Chacón, una ex viceministra de Seguridad y ex legisladora.

Sobre la base de una consulta nacional desarrollada el año pasado, con apoyo de Naciones Unidas, “decidimos emprender la construcción del MINARE con la total seguridad sobre la legitimidad y solidez de nuestra institucionalidad; y particularmente la  sociedad costarricense en su conjunto, para dar respuestas certeras y previsibles ante la incertidumbre con que las personas refugiadas llegan al país”, relató.

El marco “se sintetiza en acciones concretas emanadas de las discusiones y visiones de una sociedad que entiende sus logros, sus retos y que tiene mucho que aportar en la atención integral de las personas refugiadas en un contexto  urbano, en un país de renta media alta, que –pese a ello- requerirá el apoyo de la comunidad internacional para sostener lo alcanzado hasta ahora”, explicó.

“La necesidad de la cooperación para temas humanitarios sigue vigente pues se trata de una corresponsabilidad permanente”, reflexionó la vicepresidenta, quien precisó que “las personas refugiadas no vienen con las manos vacías. Traen sus talentos, experiencias, conocimientos y sus enormes deseos de tener la oportunidad para darle un nuevo aire a su proyecto de vida. Son personas deseosas y agradecidas ante las oportunidades que se les brindan”.

Chacón llamó, asimismo, a que “seamos entonces nosotros, una sociedad donde entre todas y todos podamos vivir la integración de manera que rompamos paradigmas de exclusión y triunfemos ante los tiempos aciagos que en el mundo soplan”, y puntualizó que “estamos en una coyuntura histórica, decisiva y en la que nos corresponde seguir siendo luz y certeza ante todas las dudas que tratan de imponerse”

La tarea con miras al pacto mundial comenzó el 19 de setiembre de 2016, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en su septuagésima segunda sesión ordinaria, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, documento que consiste en una serie de compromisos que apuntan a fortalecer la protección de esas poblaciones en movimiento.

El texto -que toma su nombre de la nororiental ciudad estadounidense que aloja a la sede de la organización mundial- establece, en su Anexo 1, el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF).

El CRRF, a su vez, prevé acciones puntuales que apuntan, entre otros objetivos, a consolidar medidas de recepción y admisión de solicitantes de refugio que sean rápidas y sólidamente fundamentadas, lo mismo que la cobertura de necesidades que presentan esos contingentes humanos –tales como protección y salud, entre otras-, además de acciones de apoyo institucional y comunitario a los países receptores.

La declaración también solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el italiano Filippo Grandi, que, en su informe a ser presentado este año a la Asamblea General de la organización mundial -en la septuagésima tercera sesión ordinaria-, proponga  que el pacto sea abordado durante el debate.

Para ello, se ha programado, la distribución, el mes próximo, entre los 193 países miembros de las Naciones Unidas, del primer borrador del pacto, previéndose que, en ese momento, comience el proceso de consultas formales respecto al proyectado contenido del compromiso.

Al explicar, a Informativo JBS, la base conceptual del Minare, Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación de Costa Rica, señaló que, “en ese marco de los compromisos de la cita de Nueva York, nosotros iniciamos un proceso, acá, en Costa Rica, para la creación del marco nacional de respuesta al tema de los refugiados -bueno, y también de las personas migrantes-”.

“Este proceso (…) es orientado a mirar un refugio de calidad (…) de una manera que, a la persona refugiada, también, nosotros le ofrecemos la posibilidad de integrarse al país”, agregó la jerarca del Ministerio de Gobernación, cartera en cuya órbita se ubican la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM).

La idea consiste, entre otros aspectos, en “generar condiciones para que (cada refugiado) pueda acceder a la salud, a la educación, a un techo, a tener trabajo”, por lo que se cuenta con “algunas políticas de integración que, en convenio, incluso, de empresas privadas, o con medidas que nosotros toamos, como Estado, facilitan esa inserción”, precisó la viceministra, una ex legisladora.

Al reafirmar que el enfoque específico del Minare radica en el refugio de calidad, la jerarca gubernamental indicó que, entre otros aspectos, “estamos empeñados en que los tiempos de respuesta (a las solicitudes de refugio) se reduzcan”.

Ello, en el contexto aumento considerable que presenta el número de esas solicitudes, las que, tras haberse ubicado en los alrededores del millar anual, en el período 2012-2014, se saltó a 2203 en 2015, para dispararse a 4,470 en 2016 y a 5,455 en 2017, de acuerdo con datos oficiales.

Los grupos nacionales que conforman la población solicitante de refugio también han variado, ya que de 2012 a 2014 el contingente mayor estuvo constituido por ciudadanos colombianos, seguido en general por centroamericanos –principalmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica- y cubanos, y en grado mucho menor, venezolanos.

Sin embargo, desde 2015, las proporciones se han modificado radicalmente, con marcados ascensos de centroamericanos y venezolanos y una fuerte disminución de los otros dos.

En 2012, las solicitudes colombianas de refugio se ubicaron en 495, seguidas por las de cubanos (376), centroamericanos (216), y venezolanos (14).

Para el año pasado, las cifras marcaron un cambio notorio, con las solicitudes de venezolanos ahora ubicadas en el primer lugar (2,626) y las de centroamericanos a continuación (1774), lejanamente seguidas por las de colombianos (673) y las de cubanos (164).

Al explicar las causas de las solicitudes de refugio por parte de grupos nacionales específicos, Muñoz dijo que, en el caso de Venezuela, se trata de “la situación política, pero, también, la situación económica y el problema de acceso, también, digamos, a medicinas, y todo”.

“Lo que pasa es que, para efectos del refugio, un migrante económico no se convierte, necesariamente, en una causal de refugio”, de modo que, “en el caso de los venezolanos, creo que la tasa de reconocimiento es como de un 14, un 16 por ciento (…) porque la mayoría no logran demostrar que son, digamos, o perseguidos políticos o que haya un temor fundado, como lo establecen las condiciones para ser personas refugiadas”, precisó.

“No hay un temor fundado de que su vida está en peligro, o que los iban a asesinar, o que hay un temor a que su integridad sea afectada, sino que son otro tipo de argumentos”, reafirmó la viceministra  –integrante del equipo de trabajo que, encabezado por Chacón, elaboró el Minare-.

Muñoz y Chacón han participado en foros internacionales durante los cuales han presentado el Minare, en el caso de la viceministra, en los encuentros llevados a cabo en octubre y noviembre del año pasado, respectivamente en Buenos Aires, la capital argentina, y en la noroccidental ciudad hondureña de San Pedro Sula, mientras la vicepresidenta participó en la reunión llevada a cabo el mes pasado en Ginebra.

“Ahora, frente a este tipo de argumentos, también, se está analizando si hace falta algún tipo de medida de protección complementario –que lo estamos discutiendo-, porque podría ser que sea gente que requiera algún tipo de protección aunque no la condición de refugiado”, aclaró Muñoz.

Respecto a los solicitantes centroamericanos, se trata de nacionales principalmente de El Salvador y, en menor medida, de Honduras –países que, junto con Guatemala, constituyen el Triángulo Norte de Centroamérica, considerado como una de las áreas más violentas a nivel mundial-.

“En el caso de El Salvador, por supuesto, el tema se desprende de la inseguridad, de vivir en un país con una alta prevalencia de ‘maras’ (pandillas) y de amenazas, y un Estado que no termina de poder proteger a su población”, señaló.

“Aquí,  no estamos hablando de persecución por parte del Estado sino de, más bien, incapacidad del Estado por proteger a su propia población, lo que genera una movilidad interna y, también, una movilidad hacia otros países, en busca de paz, de tranquilidad”, puntualizó.

En lo que tiene que ver con Honduras, “también hemos dado protección, en el pasado, por condición Lgbti, y por violencia de género”, agregó, en alusión a la comunidad sexualmente diversa -lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales-, sector de la población de ese país que es objeto de discriminación y actos violentos.

En el caso de Colombia, “sigue siendo el problema de la inseguridad derivada de la acción de grupos paramilitares, guerrilla”, debido a que, “paradójicamente, a pesar de que hay un proceso de paz, hay regiones (…) donde, todavía, hay mucha inseguridad, y las personas siguen saliendo hacia otros países y Costa Rica”, planteó.

La viceministra reafirmó que “las causas fundamentales por las que la gente huye, y viene aquí a pedir refugio, son económicas, políticas, sociales, por pertenencia a grupo social, por ejemplo (…) ambientalista o sindicalista, y por la violencia que se desprende de la acción de grupos delincuenciales”.

Muñoz se refirió, asimismo, al aporte de los trabajadores migrantes, incluidos los refugiados, a las economías de los países receptores.

“La mano de obra migrante -ya sea regular o irregular- (…) le aporta al PIB de los países donde llegan, y, de alguna manera, esto es parte, tanto del impacto por los migrantes como por los refugiados”, lo que se inscribe en “los aportes que las migraciones generan”, subrayó.

“Los países –como Costa Rica, de alguna manera, también- se nutren y mueven su economía a partir de la contratación y el empleo de mano de obra extranjera, que va y viene, una parte de manera regular y otra de manera irregular”, reflexionó.

Se trata de fuerza laboral “contratada por empresarios nacionales, para levantar edificios, para levantar cosechas, ahora están contratados en el servicio público, una parte importante de ellas son empleadas domésticas, otros son cuidacarros o la seguridad”, dijo, a manera de ejemplo.

En opinión de la viceministra, en materia de causas detrás de la migración forzada, “los países que son expulsores, me parece a mí que tienen el compromiso de atender sus propias contradicciones sociales, para generar más riqueza, mejor distribución, y evitar que sus poblaciones se vean obligadas a migrar”, lo que implica distribución equitativa de la riqueza.

Tras reafirmar que “las personas migrantes, a todos los países donde han llegado, de alguna manera intervienen, de manera importante, en la economía”, mediante su trabajo, Muñoz precisó que, “hoy, más que nunca, está muy claro que las migraciones no son, en sí mismas, una situación, por ejemplo, que ponga en crisis la seguridad de ningún país”.

“Nosotros acabamos de registrar más de 30 mil personas en tránsito por Costa Rica, y los actos de violencia o delincuenciales que se desprendieron de esa migración son casi nulos”, dijo en alusión a la crisis generada por la aglomeración de migrantes irregulares, principalmente cubanos, quienes vieron interrumpido su avance terrestre centroamericano, hacia Estados Unidos, cuando Nicaragua les cerró, en 2014, la frontera sur –límite de 309 kilómetros, con Costa Rica-.

“Por supuesto que el tema de la seguridad de nuestros países es un tema de primer orden, pero no está ligado, precisamente, a este tipo de movilidad”, aclaró.

“Vemos que los extranjeros que entran a delinquir -entran de mil maneras-, más bien están vinculados a la actividad criminal organizada de muy alto nivel, no entran, necesariamente, en estas oleadas”, aseguró.

“Por supuesto que vienen delincuentes, ahí”, pero “me refiero al coyote (traficante) que introduce, de manera irregular, a personas, en nuestro país”, aclaró, para subrayar que “eso es un delito”, mediante el cual “se violan nuestras leyes migratorias, y, por supuesto, nuestra soberanía, también”.

“Estamos haciendo un trabajo -que da sus resultados-, desmembrando y desarmando estas redes, o el tratante, también, que traslada, por el territorio, a ciudadanos de distintas nacionalidades, con fines de trata laboral, sexual, o de extracción de órganos”, planteó.

Muñoz señaló que, al mismo tiempo, surge el Minare, que, “como su nombre lo dice, es un marco integral de respuesta a las necesidades de las personas, en su condición de refugiadas, que están en el país”.

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