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Nicaragüenses en Costa Rica: “hay que restablecer el Estado de Derecho en Nicaragua”

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George Rodriguez

El restablecimiento del Estado de Derecho, en Nicaragua, es uno de los objetivos centrales de la multisectorial Unión Nacional de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica (UNE-CR), fundada hoy en San José, la capital costarricense.

Sin filiación partidista, la UNE-CR plantea la lucha cívica con el propósito de construir una nueva nación, sobre la base de la unión de los sectores comprometidos con Nicaragua, indicaron los firmantes de la Proclama constitutiva de la nueva organización.

Restablecida la democracia, los refugiados a causa de la violenta crisis sociopolítica que afecta a ese país centroamericano podrán regresar a su país de origen, aseguraron, en el texto de casi cuatro páginas que contienen lo acordado como base para el esfuerzo anunciado.

“La diáspora nicaragüense en Costa Rica” es “una de las más importantes y debido a nuestra condición de exiliados deseamos ser parte fundamental de esta diáspora como actores decisivos y participativos den la construcción de la nueva Nicaragua”, indicaron.

Se trata, de ese modo, de dar cabida a las demandas populares de democracia y justicia, plantearon en el texto que firmaron durante una conferencia de prensa en la que anunciaron la creación de la UNE-CR, además de que el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva –refugiado en Costa Rica-, uno de los firmantes, confirmó los datos más recientes de la represión antiopositora que tiene lugar en ese país.

La UNE-CR procura “canalizar las demandas de los miles de nicaragüenses que claman justicia y democracia, con el objetivo de establecer un verdadero estado de derecho en nuestro país, y poder retornar a nuestra patria lo más pronto posible”, explicaron.

El esfuerzo requiere la unidad de los diferentes sectores, advirtieron, asimismo.

En el contexto dramático que marca al país, “nace esta agrupación cívica como una respuesta natural a la crisis actual pero con una visión clara que la unión en la diversidad de actores comprometidos con Nicaragua son necesarios para el nuevo país que queremos construir”, aseguraron, además de que describieron la presente situación nacional como “la mayor crisis política y social en tiempos de paz de la historia de Nicaragua”.

El primero de los seis acuerdos sobre los cuales se apoya la nueva agrupación establece, precisamente, el de “conformar la agrupación cívica” como entidad democrática, pluralista, apartidaría, representativa de los diferentes sectores de la sociedad civil, gremios, movimientos sociales y políticos que han salido al exilio y de los ciudadanos de la diáspora nicaragüense ya radicados en CR”.

Sin filiación política, la UNE-CR surge como espacio de lucha cívica contra el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La nueva organización “es democrática, pluralista, apartidaría, representativa de los diferentes sectores de la sociedad civil, gremios, movimientos sociales y políticos que han salido al exilio y de los ciudadanos de la diáspora nicaragüense ya radicados en CR”, según lo planteado en la Proclama.

La UNE-CR surge como “una plataforma de lucha en pro de la defensa de los derechos humanos, el restablecimiento de la democracia, la justicia, la libertad y el estado de derecho en Nicaragua”, explicaron los firmantes, en el documento.

Al respecto, durante la conferencia de prensa, el médico Ricardo Pineda –uno de los más de veinte mil nicaragüenses llegados a Costa Rica en procura de refugio-, planteó la necesidad de unión para lograr los objetivos de la UNE-CR.

“Aquí, el único mensaje es: unidad”, planteó Pineda, quien advirtió que, “el que no está por la unidad, está por Ortega”, a quien acusó de tratar de dividir a la comunidad nicaragüense opositora radicada en Costa Rica.

Por su parte, Leiva informó que, a causa de la crisis, aproximadamente 23 mil nicaragüenses han salido de su país de origen, la abrumadora mayoría rumbo a territorio costarricense.

En opinión de Leiva, esa población migrante padece “uno de los flagelos más tristes que puede azotar a una sociedad, como es el exilio”.

El presidente de la ANPDH también confirmó los datos que esa organización dio a conocer el 20 de octubre, en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

La crisis que ha persistido durante algo más de seis meses, enmarcada por la represión policial y parapolicial antiopositora, ha cobrado 528 vidas, y causado heridas a 4,102 –de las cuales, 105 sufrieron lesiones permanentes-, mientras 1,609 fueron secuestradas y desaparecidas -de las cuales, 123 fueron ubicadas por gestión de la ANPDH y de la Iglesia católica, mientras se desconoce el paradero de las otras 1,486-, informó.

La conferencia de prensa se llevó a cabo mientras en Nicaragua persiste la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Tras el retiro del decreto, días después, la masiva y creciente protesta popular se enfocase en exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos.

La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en ignorar la exigencia de dimisión e intensificar, al mismo tiempo, la represión antiopositora.

La crisis también ha afectado negativamente a la economía nacional, lo que, de acuerdo con diferentes planteamientos, ha incluido el cierre de numerosas empresas medianas y pequeñas empresas, a su vez resultante en la pérdida de cientos de miles de empleos.

Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, mayoritariamente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio.

 

 

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